7 diputados en la mira judicial mientras proyecto busca cortarles la dieta al ser desaforados
La Cámara de Diputados enfrenta una crisis sin precedentes: siete de sus miembros están siendo investigados por delitos que van desde fraudes al Fisco hasta abusos sexuales. Entre ellos destacan Joaquín Lavín Jr. (exUDI), formalizado por fraude y tráfico de influencias vinculado a su esposa Cathy Barriga, y Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas), querellado por el Consejo de Defensa del Estado por desviar fondos públicos. La lista la completan Catalina Pérez (exFA), Mauricio Ojeda (exRepublicano), Francisco Pulgar (IND), Jorge Durán (RN) y Marcela Riquelme (exFA)., destaca una publicación de CNN Chile.
El caso más reciente es el de Calisto, acusado de desviar dineros de asignaciones parlamentarias en una trama que involucra a tres colaboradores. Mientras, Lavín Jr. enfrenta una solicitud de desafuero por fraude al Fisco y facturas falsas, sumándose a una arista paralela que investiga irregularidades en Maipú durante la gestión de Barriga. Estos escándalos elevan a siete los diputados activos bajo investigación, según confirmó CNN Chile.
Previamente, figura el caso de Catalina Pérez (exFA), desaforada en abril de 2025 y formalizada por fraude al Fisco en el Caso Convenios, tras gestionar transferencias irregulares a una fundación ligada a su expareja. Similar es la situación de Mauricio Ojeda (Independiente bancada republicanos), imputado por lavado de activos y cohecho en la Arista Manicure, donde se desviaron $730 millones de fondos públicos en La Araucanía, resalta CNN Chile.
Los delitos sexuales también marcan la lista: Francisco Pulgar (IND) tiene su desafuero confirmado por la Corte Suprema por violación y abuso sexual de una menor de 13 años, mientras Jorge Durán (RN) y Marcela Riquelme (exFA) enfrentan denuncias por violencia sexual, aunque este último caso no habría sido judicializado.
Suspender dieta a desaforados
En paralelo, la senadora Fabiola Campillai (Independiente) reactivó en febrero de 2025 su proyecto de reforma constitucional —presentado en 2024— para suspender la dieta parlamentaria a legisladores desaforados. La iniciativa busca corregir lo que califica como una «desigualdad ante la ley», ya que actualmente los parlamentarios procesados siguen percibiendo su remuneración pese a no ejercer. Campillai citó el caso de la diputada María Luisa Cordero (RN), quien mantuvo su dieta tras ser desaforada en 2023 por injurias contra la propia senadora.
La propuesta de Campillai ha ganado traction tras los recientes escándalos. «No puede haber privilegios para quienes están impedidos de cumplir sus funciones por procesos penales graves», declaró la senadora, enfatizando que la medida apunta a «dignificar el Congreso». El proyecto requiere un quórum alto (2/3 del Senado), pero la presión pública podría acelerar su discusión, especialmente tras los casos de Lavín Jr. y Calisto.