Corte ordena a Gendarmería proteger a oficial que fue «amedrentado» por denunciar a colega ante la fiscalía

La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Gendarmería tomar las medidas para proteger a uno de sus oficiales que ha sido “amedrentado” tras denunciar a uno de sus colegas ante la fiscalía.

En septiembre pasado, Carlos Figueroa Zepeda, teniente coronel y alcaide (s) del CP Bío Bío, presenció cuando Selin Nur Carrasco, suboficial de la institución verde boldo, propinaba una golpiza a un reo que estaba rompiendo parte de un acrílico del centro penitenciario.

Debido a la golpiza que derivó en que el interno fuera trasladado al Hospital Regional de Concepción, Figueroa decidió denunciar a su colega al Ministerio Público.

Ante esta denuncia el fiscal dispuso la detención del acusado y ordenó el procedimiento de rigor al OS9 de Carabineros.

Encerrona contra oficial de Gendarmería

Al día siguiente de estos hechos, Figueroa comenzó a recibir hostigamientos por parte de la ANFUP y la AGETPRO- asociaciones gremiales que reúnen a servidores de la institución-, reseña el recurso de protección interpuesto por el abogado Alberto Precht.

“Mi representado fue increpado a viva voz y cuestionado por haber realizado el procedimiento (…) manifiestan a viva voz y ante todo el personal subalterno, solicitando estos individuos su salida de la unidad penal, por haber denunciado a uno de sus miembros”, reza el recurso.

El jurista planteó que Figueroa fue víctima de una “encerrona” que fue “acordada de manera conjunta por las citadas asociaciones de funcionarios”- de las cuales una de ellas tuvo como dirigente a Selin Nur- , con la finalidad de insultarlo y denostarlo sólo “por el ejercicio de un deber ajustado completamente a derecho”.

Cabe destacar que ante estos hechos, la Gendarmería debió reconocer que hubo un “ambiente laboral de tirantez”.

No obstante, según se plante a en la acción judicial, la situación siguió escalando y Carlos Figueroa acusó que fue notificado por sus superiores de manera verbal su prohibición de ingreso a su lugar de trabajo.

Por esta razón, primero debió cumplir labores en otras dependencias, específicamente en la Dirección Regional de Gendarmería y posteriormente, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario, que funciona dentro del CP Bío Bío, pero que es un espacio distinto al recinto donde el funcionario prestaba servicios de manera regular.

Al ser cuestionada por sus acciones, la institución respondió al tribunal de alzada penquista que éstas se limitaron sólo al “pleno ejercicio de sus potestades”, por lo que no podían vislumbrar cómo habían transgredido garantía constitucional alguna.

Incluso, expusieron que se trató de “medidas de buen servicio”, considerando los cambios internos que por ese entonces mantenía el recinto penitenciario., que apenas llevaban tres semanas desde su apertura bajo la modalidad de unidad penal concesionada.

“Aún se estaban realizando ajustes en términos de la optimización del recurso humano”, afirmaron desde el Gendarmería.

Según consignó Biobio Chile, los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción no quedaron conformes con las explicaciones ofrecidas por la institución, por lo que aseguraron que este se trataba de un caso que se escapaba a una situación normal.

“Salta desde luego a la vista que la superioridad -llámese director regional o llámese alcaide del establecimiento- se vio compelida a actuar de una determinada manera de frente a las presiones que se ejercieron por compañeros de trabajo del suboficial penalmente denunciado”, plantearon.

«En el caso en comento se hacía necesaria la exposición de fundamentos claros y específicos por parte de la superioridad del actor. De aceptarse el actuar de la recurrida, el recurrente (o cualquier otro funcionario en su posición) queda desprovisto de herramientas para refutarlos y así, eventualmente, impugnar la o las determinaciones que se adopte», agregaron,

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