Criminalizar la pobreza: Desalojo en Lo Barnechea agudiza crisis de vivienda

La Municipalidad de Lo Barnechea concretó demolición en Quebrada Las Zorras, lo que generó resistencia entre los pobladores y malestar en la ciudadanía.

El operativo de desalojo inició durante la madrugada de este martes 2 de diciembre, en el campamento ubicado en la Quebrada Las Zorras, del sector Cerro 18 en Lo Barnechea. Efectivos de Carabineros, con apoyo de carros lanzaaguas y Control de Orden Público (COP), se desplegaron para cumplir la ordenanza municipal y desocupar la zona, catalogada como de alto riesgo natural.

La acción habría sido resistida por un grupo de entre 25 y 30 residentes, según el coronel Jaime Parraguez, los cuales instalaron barricadas en la subida principal del cerro, arrojando objetos al personal policial y obstaculizando la vía pública. Los enfrentamientos resultaron en al menos tres personas detenidas y obligaron a la policía a utilizar gases lacrimógenos para liberar el acceso a la quebrada.

El desalojo afecta a 30 familias, unas 82 personas en total, que se encontraban viviendo en edificaciones levantadas sin permiso en terrenos municipales, pero que no contaban con otras opciones habitacionales. La orden supuestamente se sustenta en informes técnicos y un dictamen de Bomberos que advierten peligro latente de aluviones, incendios y deslizamientos de tierra debido a la pendiente excesiva del terreno y el material ligero de las viviendas, aunque lo cierto es que las familias llevan varios años viviendo en esas condiciones y nunca se ha registrado un accidente.

Ante la situación, el alcalde Felipe Alessandri defendió la medida, indicando que las construcciones significan un peligro latente para los vecinos de su comuna, y que cuando: “Está en juego la vida de un vecino, el municipio tiene que actuar con decisión”, sentenció. Agregó que es por esto que: “Dispusimos de un subsidio municipal de arriendo por hasta 24 meses, que no existe en ninguna otra comuna de Chile”.

La municipalidad aseguró implementar un plan de relocalización que ofrece un subsidio de arriendo de $340 mil mensuales por hasta 24 meses, además de traslado gratuito de enseres y bodegaje, el fin sería aminorar el impacto del desalojo. Pese a esto, organizaciones sociales como Techo-Chile, que apoyaron el operativo, alertaron que el monto del subsidio no siempre alcanza para arrendar en la comuna, lo que es lamentable porque: “Implica desarraigo, pérdida de oportunidades y profundiza la segregación”, aseguró la directora social del organismo, Isidora García.

El desalojo y la demolición de estas viviendas reabren la discusión sobre la garantía efectiva del derecho a la vivienda en Chile, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Aunque la acción municipal se ampara en la ley y la protección del riesgo vital, las organizaciones sociales advierten que, sin una solución habitacional definitiva y permanente, estas medidas solo terminan por empujar a las familias a nuevas situaciones de precariedad o a otros campamentos, perpetuando la crisis territorial.