Los conflictos que hunden a la Fiscalía de La Araucanía
La Fiscalía Regional de La Araucanía atraviesa una de sus peores crisis de credibilidad, marcada por la acumulación de escándalos que vinculan a sus principales persecutores con la Operación Huracán, el mayor montaje antimapuche documentado en la historia del país, el Caso Hermosilla y el llamado Caso Convenios.
La región, donde el Ministerio Público debería garantizar imparcialidad y transparencia, enfrenta un cúmulo de señalamientos contra fiscales que, hasta ahora, no han sido formal ni debidamente investigados.
El fiscal Garrido y el conflicto con la Universidad Autónoma
En abril de este 2026, el gobernador René Saffirio ofició al fiscal nacional Ángel Valencia para remover de la investigación contra la Universidad Autónoma al fiscal regional Roberto Garrido, aludiendo a un «potencial conflicto de interés», consigna Radio Biobío.
Según la publicación, Garrido y su cónyuge, la magistrada Tania Zurita, ejercen como docentes de esa casa de estudios, y la universidad recibió $21.800 millones del GORE La Araucanía entre 2021 y 2023, periodo del GORE Luciano Rivas (Chile Vamos), como parte de una trama de transferencias millonarias en que dos convenios fueron aprobados en apenas seis horas de tramitación, según un preinforme de Contraloría de 69 páginas al que accedió el medio radial.
El oficio de Saffirio al fiscal nacional, al que accedió también Araucanía Diario, señala que Garrido se encuentra afecto a la causal de inhabilidad del artículo 55 N°15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por «mantener una relación laboral con un interviniente».
No obstante, el 27 de junio de 2026, Valencia designó a Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío, en reemplazo de Marcela Cartagena. Garrido, quien asumirá el 3 de agosto, declaró a El Mostrador que el cargo es un «desafío muy interesante desde el punto de vista profesional y personal, porque soy originario de la Región del Biobío» .
La Operación Huracán y la impunidad de los fiscales
El fiscal Luis Arroyo, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de Temuco, fue investigado por su rol en la Operación Huracán, donde se fabricaron pruebas para inculpar a siete comuneros mapuche y un periodista. Según la declaración del excapitán de Carabineros Leonardo Osses a CIPER Chile, Arroyo habría conocido un borrador del Informe N°130 dos semanas antes de su entrega oficial y «sacó a blancos» para ajustar la investigación.
El fiscal Arroyo, de acuerdo a la publicación, desmintió los dichos y presentó una querella por falsificación de instrumento público y denuncia calumniosa.
En un nuevo giro, el excarabinero Marcos Sanhueza declaró ante el tribunal que el fiscal Carlos Cornejo fue el «autor intelectual» del preinforme que contenía pruebas falsas, según publicó Araucanía Diario.
Sanhueza relató que Cornejo supervisó personalmente la inclusión de mensajes falsos y exigió capturas de pantalla para hacerlos creíbles. Dijo además que «el fiscal Carlos Cornejo debería estar aquí sentado conmigo como imputado«. Pese a ello, Cornejo continúa en la Fiscalía Regional, incluso a cargo del caso Fundaciones.
La Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió no reabrir la investigación contra Arroyo, según informó El Diario de la Araucanía, dejando las acusaciones sin sanción legal. La fiscalía comunicó su decisión de «no perseverar en el procedimiento, atendido a que no se han reunido antecedentes suficientes para poder ni siquiera formalizar».
El fiscal Carlos Palma, a cargo de la indagatoria inicial del caso «Operación Huracán», nada encontró, y posteriormente la investigación derivó a la fiscalía regional del Maule, que tampoco avanzó. Palma, cabe recordar, enfrenta una investigación por el caso «Audios – Hermosilla» y también, por un presunto soborno del senador Miguel Ángel Calisto, destaca El Divisadero.
La red de fiscales cuestionados
El fiscal Enrique Vásquez, quien dirigió el primer juicio contra el lonko Guillermo Ñirripil, entre otras causas similares, aparece mencionado en el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Operación Huracán del 2018, donde se consigna que «los fiscales Vásquez y Cornejo dirigían lo que iba en el preinforme que causó las detenciones».
Por otro lado, el 7 de noviembre de 2024, Radio Biobío publicó que Juan Pablo Hermosilla reveló una lista de fiscales contactados vía WhatsApp por su hermano Luis, donde figura Vásquez. Pese a ello, en enero de 2026, Vásquez asumió como fiscal en la Fiscalía Supraterritorial de Crimen Organizado sin que el Ministerio Público se haya pronunciado.
El fiscal Miguel Ángel Velásquez, quien reemplazó a Vásquez en el segundo juicio contra el lonko Ñirripil, arrastra asimismo un extenso historial, según publicación de El Itihue: fue detenido en 2016 por agredir a un menor de 13 años, debió devolver el Bono Covid en 2021 por no cumplir requisitos y fue denunciado por negligencia en el caso Erica Hagan , donde la Corte Suprema condenó al fisco a indemnizar a un imputado que fue absuelto de toda responsabilidad, con 200 millones de pesos, por falta de servicio en la investigación, destaca el Poder Judicial. Además, la Corte de Apelaciones de Temuco lo excluyó de un juicio en 2011 por actuar de manera «tendenciosa» en una causa contra comuneros mapuche. A pesar de ello, el mismo fiscal siguió llevando causas contra personas mapuche y comunicadores, como fue el caso de Cristián Levinao y fotógrafo Felipe Durán, quienes estuvieron un año en prisión preventiva y finalmente fueron absueltos en octubre del 2016.
La acumulación de escándalos evidencia que, en La Araucanía, los principios de objetividad, imparcialidad y probidad que rigen a los fiscales han sido sistemáticamente vulnerados, incluyendo una activa criminalización contra personas mapuche, muchas veces instalando estereotipos, fomentando el racismo y el odio en la Araucanía, utilizando recursos fiscales para tales fines.
Mientras los fiscales involucrados continúan en sus cargos, la confianza en el Ministerio Público en La Araucanía continúa desmoronándose.
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