¿Cuántos parlamentarios han celebrado contratos con el Estado? El oficio de Manouchehri y Cicardini a la Contraloría

Oficio de los diputados Manouchehri y Cicardini a Contraloría que apunta a contratos irregulares de parlamentarios con el Estado

En el marco de una decidida ofensiva por la probidad pública, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron un oficio a la Contraloría General de la República. La solicitud exige que se informe si existen contratos celebrados entre parlamentarios en ejercicio y el Estado, lo que podría derivar en la pérdida de sus cargos, de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución. Así lo reportó The Times Chile.

«Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en receso de ella, de su Presidente (…) Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades (…) La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte«, señala el mencionado artículo.

El oficio detalla una solicitud exhaustiva: identificación de parlamentarios involucrados, fecha y naturaleza de los contratos, entidades estatales correspondientes y prestaciones económicas asociadas. La consulta no solo busca transparencia, sino establecer las bases para una eventual acción ante el Tribunal Constitucional, en caso de confirmarse infracciones. “Es causal de cese del cargo”, subrayaron Manouchehri y Cicardini.

Este paso se suma a una agenda que ambos parlamentarios han impulsado desde 2024, con iniciativas como la ley “Fundaciones Transparentes” y el proyecto “Fin al secreto bancario del poder”, todos respaldados por la Bancada PS. “No puede haber doble estándar en la política. Las autoridades deben ser ejemplo de ética pública”, declaró Manouchehri en referencia a este nuevo oficio, según The Times Chile.

En paralelo, el PS ha manifestado que evalúa acudir al Tribunal Constitucional si la Contraloría detecta irregularidades. Según Manouchehri, “la ciudadanía exige claridad y sanciones efectivas”, y si los antecedentes lo permiten, se reunirán las diez firmas necesarias para iniciar formalmente un requerimiento. La estrategia busca diferenciar al PS como abanderado de la transparencia.

Desde octubre de 2024, Manouchehri y Cicardini también han liderado acciones como una querella por el Caso Hermosilla, el cual evidenció redes de corrupción y tráfico de influencias. Este nuevo oficio se inscribe en esa misma línea.

Analistas advierten que el efecto político dependerá de la respuesta de la Contraloría. En un ambiente legislativo polarizado, cualquier hallazgo podría provocar una ola de destituciones o un cierre de filas en defensa de los involucrados.

“La solicitud de Manouchehri y Cicardini a la Contraloría marca un hito en la lucha por la probidad en el Congreso chileno. Con un enfoque claro en la transparencia y respaldados por una robusta agenda legislativa, los diputados socialistas no solo buscan esclarecer posibles irregularidades, sino sentar un precedente para que todos los parlamentarios actúen bajo estricta sujeción a la Constitución. No obstante, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del PS para navegar las tensiones políticas y mantener el foco en la ética pública. En un país donde la corrupción sigue siendo un tema de gran relevancia, esta acción podría redefinir las reglas del juego en el Parlamento chileno”, resalta The Times Chile.