El análisis del ICAL revela que la serie de medidas que están tomando impactará el consumo de los hogares y la inversión privada.
A través de una minuta, el economista Fernando Carmona, director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) alertó que el conjunto de normativas impulsadas por José Kast configuran un escenario «potencialmente contractivo» para el país. En el documento sostienen que, al combinar un alza en el precio de los combustibles con recortes en el gasto público y rebajas tributarias a grandes empresas, se debilita simultáneamente el consumo, la inversión y la acción del Estado.
El informe detalla que el ajuste en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) provocará un traspaso rápido de las alzas internacionales a los consumidores locales. Esto se traduciría en aumentos como los $370 por litro en la gasolina y $580 en el diésel, lo que «reduce el ingreso disponible real de los hogares» al encarecer directamente el transporte y la logística de los productos básicos.
Respecto a la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, el estudio de ICAL estima una pérdida de recaudación fiscal cercana a los 2.800 millones de dólares anuales. De este modo, la medida beneficia principalmente a los segmentos de mayores ingresos, produciendo una «transferencia directa desde el Estado hacia el excedente empresarial», lo que no garantiza una mayor expansión de la economía.
La minuta cuestiona la premisa del Gobierno de que menores impuestos generarán automáticamente más inversión, señalando que esta depende de las expectativas de ventas. El economista Carmona advierte que en un contexto de caída del salario real y política fiscal restrictiva, las empresas enfrentan un mercado interno débil, por lo que el aumento de utilidades podría terminar en una «acumulación financiera, reparto de dividendos o salida de capitales», sostiene.
Este escenario, que califican como «el peor de los mundos» macroeconómicos, proyecta una trayectoria de crecimiento por debajo de lo esperado para los próximos tres años. Mientras los organismos internacionales sitúan la expansión de Chile en un 2,5%, esta serie de medidas podría empujar al Producto Interno Bruto (PIB) a una zona cercana al 1,7% anual entre 2026 y 2028.
El análisis también advierte que el modelo económico propuesto se vuelve peligrosamente dependiente del sector externo, aunque no entregue garantías de generar una expansión. Al ser Chile un importador de energía, el alza de los combustibles encarece directamente los insumos y el transporte, lo que golpea la competitividad de las propias empresas exportadoras. Por lo tanto, este aumento de costos dificultará que las ventas al extranjero logren compensar la debilidad de la demanda interna.
Finalmente, el estudio subraya que el recorte del gasto ministerial le quitará dinamismo a la actividad económica justo cuando el país enfrenta un fuerte shock de costos. El resultado, según concluye el informe de ICAL, no será necesariamente una recesión abierta, sino una fase prolongada de bajo crecimiento con una menor creación de empleo y una mayor vulnerabilidad ante las crisis internacionales.
