Elección judicial, primer balance

Por primera vez en la historia de México, el 1 de junio se llevó a cabo la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados. Una fecha que, más allá de posturas triunfalistas o derrotistas, debe ser valorada con la serenidad y la crítica que amerita un ejercicio inédito. La realidad, como suele ocurrir en los procesos fundacionales, es mucho más rica y compleja de lo que permiten ver las narrativas oficiales o las voces más radicales de la oposición. Estamos ante un parteaguas institucional que exige cautela, reflexión y sobre todo un análisis equilibrado que no confunda la novedad con la solución de los problemas de fondo.

En primer lugar, hay que reconocer el esfuerzo ciudadano que se vivió en las urnas. Las y los funcionarios de casilla —ciudadanos y vecinos que muchos conocíamos— ofrecieron una garantía de confianza a quienes acudimos a emitir nuestro voto. No es poca cosa en un país en donde la desconfianza hacia las autoridades electorales suele ser la norma. Además, se logró instalar el 99% de las casillas y, salvo contadas excepciones reportadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la jornada  transcurrió en un clima de paz y orden. Estos hechos son, sin duda, un punto luminoso en el balance.

La libre expresión de la inconformidad también merece ser destacada. La oposición, que desde el inicio cuestionó la pertinencia y legalidad de la elección judicial, pudo manifestarse pacíficamente sin cortapisas. Que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tantas veces criticada por su capacidad de desestabilización, haya optado por mantenerse al margen de este proceso, debe considerarse un hecho positivo  para la madurez democrática del país.

Sin embargo, no todo es positivo. Sería un error caer en la tentación de pensar que esta primera elección judicial fue un éxito rotundo que cierra la discusión sobre la forma de seleccionar a los jueces y ministros en México. La falta de conocimiento de los perfiles y trayectorias de los candidatos fue evidente. A pesar de los esfuerzos de algunos medios de comunicación y de la propia autoridad electoral, la ciudadanía tuvo que enfrentar boletas complejas y extensas, en las que se elegían hasta seis cargos distintos. Esto, más que facilitar la participación, la entorpeció y generó dudas sobre la validez y claridad del voto.

El reparto de “acordeones” con los nombres de los candidatos, pese a la prohibición expresa del INE, es un punto particularmente preocupante. No sólo constituye una falta electoral, sino que revive viejas prácticas de manipulación y clientelismo que creíamos superadas. La autoridad electoral tiene la obligación de investigar y sancionar estos hechos, si no quiere que la credibilidad del proceso quede en entredicho.

Otro flanco débil fue la ausencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Durante años, el PREP ha sido una herramienta fundamental para disipar la incertidumbre inmediata de las jornadas electorales. Su falta en este proceso, junto con el hecho de que el cómputo de las casillas se realice en los consejos distritales y no en las urnas, ha dejado espacio para la especulación y la sospecha. La transparencia, que en un proceso tan novedoso debía ser absoluta, se ha visto mermada por esta decisión.

El dato más inquietante de esta elección judicial, sin embargo, es la participación ciudadana. El INE calcula una participación del 13%, lo que significa que apenas 13 de cada 100 ciudadanos con derecho a voto acudieron a las urnas. En términos absolutos, los ministros, jueces y magistrados electos son totalmente legales, pero la legitimidad de su mandato queda vulnerable. Porque la legitimidad no sólo se construye con la legalidad de los procedimientos, sino con el respaldo popular efectivo que da fuerza y estabilidad a las instituciones.

Comparado con consultas populares, como la de 2021 para enjuiciar a expresidentes (con apenas 7% de participación) o la de 2022 para la revocación de mandato (17%), la elección del 1 de junio se ubica en un punto intermedio. Pero si la comparamos con las elecciones presidenciales (donde la participación ronda el 60%) o con las legislativas, queda claro que la ciudadanía aún no siente esta elección como un proceso suyo, cercano y relevante.

Aquí surge una reflexión inevitable: ¿es razonable esperar un alto nivel de participación en un proceso tan complejo y con tan poca tradición democrática? Probablemente no. Esta fue la primera vez que se eligieron por voto popular cargos judiciales y, como toda experiencia fundacional, estuvo marcada por la falta de información, la novedad y cierta confusión. Pero este dato no debe minimizarse. La baja participación es, sin duda, una llamada de atención. Obliga a las instituciones y a los partidos políticos —así como a la propia sociedad— a revisar los mecanismos de comunicación, educación cívica y formación democrática.

Ahora bien, la especulación de que gobernadores, presidentes municipales o partidos políticos operaron para movilizar el voto y, sin embargo, no lograron niveles de participación similares a otras elecciones, abre una hipótesis interesante. Si la baja participación se dio en un contexto de libertad real, sin presiones ni clientelismo, podríamos estar ante un ejemplo de ciudadanía crítica que no se dejó arrastrar por la novedad. Pero si, como algunos temen, hubo intentos de coacción que fracasaron, eso revela la desconexión entre las élites políticas y la sociedad en un proceso que no les resultaba significativo.

Como ciudadano, puedo decir que nadie me llamó, nadie me ofreció un “acordeón” y nadie cuestionó mi voto. Este testimonio personal es reflejo, quizás, de una jornada electoral que en lo esencial fue pacífica y respetuosa de las libertades individuales. Pero no debe confundirse con un cheque en blanco a las instituciones.

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La elección del 1 de junio no resuelve el problema estructural de la justicia en México. No garantiza la independencia judicial, no combate la corrupción que carcome a muchos tribunales, ni asegura un acceso real a la justicia para los más pobres. Es, simplemente, un nuevo método de selección, que se estrena con todas sus luces y sombras. Su legitimidad, en el fondo, dependerá de la actuación de los jueces, magistrados y ministros electos. Serán ellos quienes, con su probidad, su conocimiento y su independencia, podrán darle sentido a un proceso que, por ahora, sólo ha abierto la puerta a una transformación que aún no sabemos si será positiva o un espejismo más en nuestra atribulada vida democrática.

En este sentido, corresponde a la sociedad civil, a los colegios de abogados, a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos que creemos en la justicia como pilar del Estado de Derecho, vigilar y exigir resultados. La elección judicial del 1 de junio es apenas el primer paso de un camino que será largo y sinuoso. Lo verdaderamente importante comienza ahora: la construcción de un Poder Judicial independiente, profesional y al servicio de la justicia. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz

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