La activista Alicia Lira acusó a sectores cómplices de la dictadura de frenar las investigaciones sobre detenidos desaparecidos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la firma del ministro Fernando Rabat, notificó este martes 31 de marzo el término anticipado de las funciones de Paulina Zamorano, Magdalena Garcés y Tamara Lagos, líderes operativas del Plan Nacional de Búsqueda. La medida se ejecutó mediante el argumento de la necesidad de «nuevos lineamientos» y una relación de «exclusiva confianza» con la administración de José Kast, dejando al organismo sin los profesionales con más experiencia a solo semanas de que se conocieran antecedentes sobre la posible inhumación de 30 personas en Macul.
Durante un tenso punto de prensa realizado esta tarde del mismo día del anuncio, y frente a las dependencias del Ministerio de Justicia, familiares y agrupaciones de derechos humanos denunciaron que esta reestructuración busca desarmar la política pública más relevante de las últimas décadas en materia de verdad. Las funcionarias salientes fueron impedidas de ingresar al edificio de calle Agustinas, mientras el subsecretario Pablo Mira ratificaba que los cambios responden a una mejora en la gestión de recursos públicos.
En conversación con El Ciudadano, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, calificó la acción del Ejecutivo como un acto de deshumanización. Para la dirigenta, las decisiones de José Kast en sus primeros días de gobierno demuestran una actitud que va más allá de lo político, señalando que «es como una venganza y odio hacia los familiares que han luchado por décadas en la verdad y la justicia», enfatizando que la salida de las jefaturas rompe el trabajo de búsqueda que le daba continuidad al vínculo con las familias de las víctimas.
La representante de la AFEP sostuvo que este desmantelamiento administrativo es una señal política de represalia que trasciende a las agrupaciones. «Aquí lo que se ve es una pasada de cuenta de los integrantes que fueron parte y cómplices de la dictadura por 17 años, hablando de la UDI específicamente y sectores republicanos que representa Kast», asegurando que el mandatario está aplicando una lógica de castigo contra los familiares de las víctimas, a quienes históricamente se ha intentado estigmatizar bajo la idea de búsqueda de venganza, cuando hoy sería el propio Estado quien la ejerce.
Lira también hizo un llamado a la sociedad chilena a entender que este golpe a las unidades de búsqueda no afecta solo a los familiares, sino que atenta contra la memoria de un país que sufrió el terrorismo de Estado por casi dos décadas.
La situación del Plan Nacional de Búsqueda queda ahora en una incertidumbre técnica, justo cuando un informe del mismo organismo sugería iniciar excavaciones en la zona de Departamental con Macul, identificando puntos donde camiones militares habrían arrojado cuerpos entre 1973 y 1974. Las agrupaciones de derechos humanos advierten que, al remover a las jefaturas que sistematizaron estos datos, los hallazgos corren el riesgo de quedar en el olvido, razón por la que la presidenta de AFEP sentenció que «el trabajo de la búsqueda en los sitios de interés va mucho más allá de las agrupaciones”.
Finalmente, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que los nuevos nombres para ocupar las jefaturas se darán a conocer durante el mes de abril, insistiendo en que la política de búsqueda mantendrá su continuidad operativa bajo un nuevo liderazgo. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, la remoción de las abogadas y sociólogas que lideraban cientos de causas judiciales activas representa un quiebre irreparable en la confianza institucional.
Artículos Relacionados
La verdad avanza: Cámara aprueba institucionalizar el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos
Hace 4 semanas
