Indígenas sufren violencia por parte de grupos armados al sureste de México

La incontenible violencia de bandas armadas que aterrorizan a las comunidades indígenas de la zona montañosa de Los Altos del estado de Chiapas, en el sureste de México, ha dejado al menos 26 muertos y decenas de heridos en los últimos meses, explican reconocidos activistas entrevistados.

«Desde este año decidimos dejar el trabajo social en comunidades y dedicarnos atender a miles de desplazados por las mismas acciones que causaron la masacre Acteal en la Navidad de 1997, la violencia de grupos que antes se llamaban paramilitares, pero que ahora no sabemos cómo definirlos», dijo la actriz, guionista y activista social Ofelia Medina.

Los municipios Chenalhó, Aldama y Chlachihuitán, donde residen unos 60.000 habitantes de comunidades indígenas, vuelven a vivir el terror al estilo de las bandas paramilitares que hace 23 años terminó en esa masacre de 45 indígenas tzotziles, en una ermita de la comunidad cristiana de «Las Abejas», la mayoría niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas.

«Ahora ataca un grupo desmadrado, formado por nietos de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, que en vez de haber ido a la escuela a tener educación, en vez de haber gozado del cumplimiento de sus derechos, ocurrió al revés: fueron cooptados por caciques locales», explica Medina.

Después de aquella tragedia, la actriz fundó el Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, la asociación civil Fisanim, que trabaja desde 1990 en diversas áreas por los derechos de grupos étnicos marginados de distintas etnias de esa zona.

Pero en 1994 estalló la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dirigido por el encapuchado Subcomandante Marcos.

«En vez de un lápiz les dieron rifles y juegos de vídeos violentos, drogados, idiotizados, ahora se convirtieron en milicias que acosan a las comunidades para despojarlas de su territorio, en complicidad con autoridades locales», explica la actriz de 70 años y una carrera actoral desde 1968.

Medina hace el paralelo con la violencia de hace más de dos décadas en esa zona remota.

«Son grupos de corte paramilitar que atacan a indígenas en sus campos de labor, es una violencia con balaceras cotidianas que sigue ocurriendo después de meses de denuncia ciudadana, por una complicidad del Gobierno de Chiapas», que encabeza el gobernador Rutilo Cruz Escandón, correligionario del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denuncia Medina.

Letra muerta

La semana pasada se firmó un nuevo acuerdo comunitario «definitivo», supervisado por el subsecretario federal de Derechos Humanos.

«Los acuerdos no se cumplen, porque no están basados en la realidad, están fundados en la corrupción de repartirse dinero entre un municipio y otro», lamenta la promotora cultural, que llegó a la zona invitada por el entonces obispo de Chiapas, Samuel Ruiz (1924-2011), bautizado por los indígenas «Tatik», El Caminante.

«A las tres horas de firmado empezaron de nuevo las agresiones y no han parado; ahora es peor por la bestialidad, tenemos reportes de balazos a diario, a nosotros nos atacaron, una caravana humanitaria de nuestra organización fue agredida junto con la misión de Caritas hace una semana», relata Medina.

A raíz de ese ataque, cientos de organizaciones, líderes católicos y comunitarios denunciaron que «no puede haber un proceso de pacificación verdadero cuando se vive en medio de balazos»

En un comunicado protestaron porque en la zona «no se cuenta con un sistema de justicia eficaz y confiable; cuando quienes tienen el deber de resolver el conflicto (Fiscalía y Gobierno de Chiapas) actúan como parte del problema».

Causas históricas e incompetencia

El conflicto ha pasado de generación en generación por «la incompetencia de sucesivos gobiernos» explica Pablo Romo, experimentado defensor de derechos humanos que vivió los años violentos de la masacre de Acteal.

Ahora, como directivo de Serapaz, organismo civil de servicio a la paz y la transformación de conflictos sociales, Romo cuestiona la interpretación de las autoridades.

El Gobierno federal y de Chiapas actuales consideran que el conflicto tiene sus orígenes en la problemática agraria por 60 hectáreas, y se limita a acciones de salud, alimentación, y destrucción de trincheras cavadas en ese espacio.

«Mi interpretación es que es insuficiente, porque se trata de una situación histórica, son los hijos de paramilitares, armados, enfrentados y pelados, que nunca transitaron adecuadamente hacia un proceso de paz», explica Romo.

Por lo tanto, enfatiza, «hay un rencor histórico acumulado por la incapacidad del Gobierno, que solo invierte en pequeños fondos y reparte despensas para apaciguar la situación, en lugar de generar un auténtico proceso de paz, de verdad, justicia y reparación, como lo indica la justicia transicional» para superar conflictos armados.

La violencia está focalizada en alrededor de 5.000 desplazados forzados internos, asolados por bandas criminales que extorsionan en formas de delincuencia organizada.

El larvado conflicto ha dejado seis homicidios y 13 personas heridas del municipio Aldama, y 20 asesinatos y 11 heridos de Chenalhó, a solo 30 kilómetros de la ciudad colonial San Cristóbal de las Casas, en la región indígena que se insurreccionó hace 26 años.

Cortesía de Víctor Flores García Sputnik

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