Abogada denuncia interceptaciones telefónicas ilegales de Carabineros

Manuela Royo reveló que su privacidad fue vulnerada en el marco de investigaciones judiciales en el Wallmapu.

A través de sus redes sociales y en conversación con El Ciudadano, la abogada Manuela Royo denunció que su teléfono personal fue intervenido ilegalmente por Carabineros de Chile durante 2017, sin saber exáctamente hasta cuándo. Esta vulneración ocurrió mientras ejercía su labor como defensora de comuneros mapuche y se encontraba en pleno proceso de embarazo.

Royo explicó que este espionaje se gestó bajo el amparo de la Ley de Inteligencia y en el contexto del Caso Huracán, causa que desnudó la creación de pruebas falsas por parte de la policía uniformada. Según detalla la profesional, la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó estas interceptaciones tras solicitudes específicas de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, afectando también a sus colegas Karina Riquelme y Nelson Miranda.

La abogada recordó que estas prácticas de vigilancia no terminaban en el teléfono, ya que durante el juicio Luchsinger Mackay detectó la presencia de policías vigilando su domicilio particular. Para Royo, estas situaciones son parte de una persecución habitual contra quienes asumen la defensa de causas indígenas en la Araucanía: “Lamentablemente se vive para quienes somos defensoras y defensores de derechos humanos aquí en el sur de Chile”, afirmó.

Respecto a las acciones legales, confirmó que existe una querella presentada sobre estos hechos, pero aseguró que hasta la fecha no existe un avance real en la investigación. Según su punto de vista, esta parálisis judicial dejaría en evidencia la profunda falta de protocolos estatales para proteger a los abogados que trabajan en zonas de conflicto y alta exposición mediática.

Finalmente, la defensora enfatizó que esta intervención de la privacidad de forma ilegal por parte del Estado representa una carga desmedida para quienes defienden los derechos humanos. Pese a conocer los riesgos de su labor, Royo subrayó que no se debe normalizar el espionaje ni el hostigamiento hacia los profesionales que velan por el debido proceso en causas criminalizadas.