Trump declara la guerra a la justicia global: EEUU sanciona a jueces de la CPI por caso de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Israel
El Gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, impuso sanciones a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) —procedentes de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda— tras las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. La CPI calificó las sanciones como un «ataque a la independencia judicial».
ONU advierte el colapso del estado de derecho
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tachó las sanciones de «profundamente corrosivas» y exigió su retiro inmediato: «Van contra valores que EE.UU. históricamente defendió», declaró.
La Asamblea de Estados Partes de la CPI respaldó este viernes a los jueces, señalando que las medidas «socavan la rendición de cuentas por crímenes graves».
CPI bajo fuego por investigar a potencias
La Corte enfrenta presiones sin precedentes por casos como el de Afganistán (2020), donde investigó a fuerzas estadounidenses, y ahora por Palestina.
Türk subrayó que sancionar a jueces por ejercer su labor «destruye el orden internacional basado en normas». Rubio, en cambio, justificó las sanciones como «protección a aliados clave».
Mientras la CPI avanza contra Israel, la Oficina de la ONU en Palestina denunció el asesinato de al menos 227 periodistas en Gaza desde octubre de 2023, incluidos 18 solo en mayo de 2025. El ataque al Hospital Al Ahli (5 de junio) mató a cuatro comunicadores, sumándose a un patrón de ataques «selectivos» para silenciar la cobertura.
Israel bloquea información y continuos ataques a infraestructura civil
La ONU acusó a Israel de impedir el acceso de periodistas extranjeros a Gaza —salvo visitas militarizadas— y de destruir sistemáticamente hospitales. El sistema sanitario gazatí está al borde del colapso: tres hospitales clave en el norte fueron destruidos, y el Nasr, el mayor del sur, podría cerrar por el avance militar israelí.
Los ataques a instalaciones médicas, protegidas por el derecho internacional, revelan «indiferencia hacia la vida civil», según la ONU. Ejemplos como el bombardeo al Hospital Europeo y al Al Amal —donde pacientes no logran recibir tratamiento— apuntan a una estrategia coordinada. La CPI ya incluye estos hechos en su expediente contra Netanyahu.
La crisis enfrenta a EE.UU. e Israel contra mecanismos multilaterales. Mientras la CPI insiste en que «no cederá a la intimidación», Türk alertó que las sanciones «debilitan la lucha contra la impunidad». Con Gaza como epicentro de atrocidades documentadas, la pregunta es si el sistema global tolerará la erosión de sus propias instituciones.