Manga ancha con los ricos e implacable con los pobres: El prontuario del exfiscal Manuel Guerra, contratado como «defensor de la gente» por la municipalidad de La Florida

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fichó recientemente al exjefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, para desempeñarse como «defensor de la gente», un cargo creado por la municipalidad que busca replicar la Defensoría de las Víctimas que propone el actual borrador de texto constitucional.

El nuevo órgano municipal buscará brindar asesoría legal a los vecinos de la comuna en casos de delitos graves, como homicidios, femicidios, robos con violencia, secuestros y extorsiones y delitos sexuales. Para tal labor, la institución contará con un equipo de abogados, otro de asistencia psicológica y un tercero de ayuda técnica, el cual permitirá, por ejemplo, reparar chapas dañadas durante robos.

«La idea es tener un sistema integral de acompañamiento de las víctimas, de manera de por fin equilibrar la cancha no como hasta hace algunos días, donde las víctimas estaban abandonadas», anunció en alcalde Rodolfo Carter tras la creación del órgano.

El titular de la Defensoría de la Gente será nada menos que el ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien ha sido cuestionado en el pasado por el rol que jugó durante el caso Penta, cuando concretó un acuerdo para otorgar una salida alternativa y sobreseer al senador Iván Moreira (UDI).

Guerra, quien tomó las riendas del caso durante su etapa final, también aceptó un juicio abreviado contra Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños de la empresa Penta, a quienes se les modificó el delito de soborno y cohecho por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito.

Cabe destacar que, dos años antes, Manuel Guerra había declarado que la ciudadanía no entendería salidas alternativas para casos de corrupción: «Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en el que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho», declaró en ese entonces.

El exfiscal Carlos Gajardo fue uno de los más críticos con la gestión de Guerra durante los casos de platas políticas: «Yo no puedo entender cómo el fiscal que hace dos años decía que esto era intransable, que hace un año acusa, hoy tenga una opinión en 180 grados distinta», señaló.

Implacable durante el estallido social

El liviano actuar de Manuel Guerra contra los imputados del caso Penta contrata con la mano dura que mostró con los detenidos en causas del estallido social: en junio de 2020, el entonces fiscal lideró la acusación contra Daniel Morales y su sobrino Benjamín Salazar (en ese entonces de 15 años), imputados de la quema de la estación Pedrero del Metro de Santiago. La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para uno y diez años de internación en el Sename para otro.

Luego de que Morales y Salazar fueran absueltos en primera instancia debido a las inconsistencias detectadas en las pruebas entregadas por la fiscalía -entre las cuales se contaban errores en los horarios de los videos de seguridad de la estación- Guerra lideró la apelación y estuvo presente en las audiencias finales para supervisar personalmente el actuar de uno de sus fiscales, esto pese a que desacostumbraba a asistir a los juicios de sus investigaciones.

Además, Guerra permitió que durante los juicios se utilizaran como evidencia testimonios entregados por los intramarchas, funcionarios de Carabineros que se infiltraron e incluso incitaron actos delictuales durante el estallido social. Esto se realizó pese a que no existió la orden judicial emitida por un juez de garantía que se requería en estos casos.

La puerta giratoria

La última polémica en torno a Manuel Guerra ocurrió en 2021: un día después de abandonar el Ministerio Público, fue fichado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), organización integrada por los municipios de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. ¿El problema? Estas tres comunas entraban dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Oriente e incluso se encontraban siendo investigadas por presuntos delitos económicos durante el tiempo que Guerra se desempeñaba como fiscal.

Según reveló una investigación de Ciper, diez días antes de que Manuel Guerra renunciara a la Fiscalía, ésta abrió una investigación que implicaba al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Al exedil se le apuntó como el responsable de las irregularidades en las subvenciones entregadas por la municipalidad a programas y entidades comunales que no se encontraban bajo el escrutinio de la Contraloría.

La AMSZO es, precisamente, una organización de este tipo: según datos de la fundación América Transparente, desde la creación del organismo en 2016, Vitacura le ha inyectado $1.300 millones, mientras que Lo Barnechea le entregó $24.900 millones y Las Condes, $2.800 millones.

Actualmente, Manuel Guerra forma parte del staff de académicos de la Universidad San Sebastián, casa de estudios estrechamente vinculada al piñerismo.