Ministerio Público decidió no perseverar en causa donde se acusó un millonario ocultamiento de bienes durante cierre de Universidad del Pacífico

El Ministerio Público (MP) decidió cerrar la causa donde se acusó un ocultamiento millonarios de bienes durante el cierre de la Universidad del Pacífico, hecho registrado en 2018.

La casa de estudios, manejada por la familia Ortúzar Muñoz, comenzó su cierre luego que se destapara la crisis financiera y se acusara de fraude a los controladores.

Durante las investigaciones, que todavía no terminan, salieron a la luz los vínculos de la universidad con sociedades de los mismos propietarios, cuyos miembros familiares figuraban en puestos directivos de la casa de estudios con sueldos millonarios, refiere un reportaje de El Desconcierto.

Tras el cierre de la universidad, muchos estudiantes no pudieron continuar con sus estudios. Es más, muchos de ellos continúan pagando los créditos que se solicitaron para poder costear la matrícula de la casa de estudios.

Además del cierre, a fines de abril pasado, uno de los acreedores de la universidad, “Inversiones y Asesorías Lucerna SpA”, ingresó una querella y acusó una serie de operaciones para ocultar $4.550.457.338 del patrimonio de la casa de estudios.

En la querella, los acreedores señalan que «la operación consistió en un ocultamiento de bienes que importó la planificación, concertación y ejecución de una compleja secuencia de actos jurídicos consistentes en simulaciones de actos y contratos, alteraciones de precios, estipulaciones de cláusulas falsas, generaciones y sucesivas extinciones de un crédito inexistente o previamente extinguido para permitir el traspaso del inmueble ubicado en Avenida Las Condes número 11.121 de la Comuna de Las Condes que constituía el principal activo de la Universidad del Pacífico, conjuntamente con el cobro y la distracción del patrimonio de la Universidad del Pacífico de un botín superior a $4.550.457.338″, cita El Desconcierto.

Pese a esto, en agosto pasado, el MP cerró la investigación y tomó la decisión de no perseverar en la causa, ya que consideró que no habían antecedentes suficientes para sustentar una acusación.

Para los querellantes, el cierre fue sorpresivo y dejó una serie de diligencias sin realizar.

Secreto bancario de la cuentas de la Universidad del Pacífico

Los querellantes solicitaron al MP una serie de diligencias para que se incluyan en la investigación y así apoyar su tesis sobre el ocultamiento, no obstante; fueron rechazadas.

Entre las diligencias solicitadas se encontraba levantar el secreto bancario de las distintas cuentas que mantuvo la Universidad del Pacífico en al menos seis bancos distintos y oficiar a instituciones como la Comisión Nacional de Acreditación y la Subsecretaría de Educación Superior.

La fiscal a cargo de la causa, América Vergara resolvió que “todas las diligencias solicitadas son rechazadas”. “Se solicitará copia de investigación anterior que versa sobre los mismos hechos y que se encuentra con investigación completamente acabada a fin de realizar revisión”, argumentó.

Para el MP, la investigaciones realizadas en un caso previo son suficientes para el curso de la causa.

La causa a la que se refiere la fiscal, es la denuncia presentada por el exsíndico Carlos Parada, realizada en su momento por el ahora fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda.

Parada figura también como imputado del delito de proporción de ventajas indebidas, querellado por Alfonso Boñar y Juan Olcay, representados por el mismo Samuel Donoso; además de ser querellado por el Consejo de Defensa del Estado.

Pese a esto, los querellantes aseguran que los «hechos son diferentes» y quedarían varias investigaciones por fuera, si solo se toma de referencia esa causa.

«A pesar de haber existido otras investigaciones previas por delitos concursales en contra de similares imputados, especialmente aquellas a cargo del Fiscal Felipe Sepúlveda Araya y por el fiscal Rodrigo Mena Vogel, los hechos expuestos en la querella deducida (…) se basan en hechos y antecedentes nuevos que nunca fueron investigados por el Ministerio Público”, puntualizan.

Entre las investigaciones que no se han realizado, se encuentran una cartola bancaria de la casa de estudio, correspondiente al año 2017.

En los movimientos de ese año, realizados en el Banco Internacional, se evidencia un abono de 2.7000 millones de pesos. Este depósito se llevó a cabo el 11 de julio; no obstante, dos días después, se transfirieron 2.300 millones de pesos a otra cuenta de ese mismo banco.

Investigación “paupérrima”

La abogada querellante, Daniela Awad, dijo sentirse sorprendida por el cierre de la causa, debido a que la investigación realizada por la fiscal Vegara fue «paupérrima.

«Fue paupérrima, porque el fiscal Sepúlveda efectuó pocas diligencias y, evidenciando su sesgo y visión de túnel, se limitó a confirmar su propia teoría del caso sin investigar nunca de forma objetiva todas las aristas que daban cuenta del ocultamiento de bienes o haberes por más de $4 mil millones de la Corporación Universidad del Pacifico”, refiere la letrada y representante más de 400 alumnos y varios profesores de la universidad.

“Resulta escandaloso que nunca haya reconstruido la historia de las operaciones bancarias oficiando a los bancos en que mantuvo cuentas la Corporación Universidad el Pacífico, ni haya investigado los millonarios traspasos de fondos hacia familiares y empresas relacionadas con la familia Ortúzar, ni tampoco haya requerido respecto del liquidador concursal y de sus contadores, así como tampoco de la Subsecretaría de Educación Superior, los antecedentes contables, financieros y tributarios que hubiesen permitido establecer fehacientemente la trazabilidad de todos los fondos, los que una vez depositados eran transferidos rápidamente a otras cuentas relacionas y/o desconocidas”, explica, citada por El Desconcierto.

Awad insiste en que la evidencia que acompañaron se trataba de “nuevos antecedentes documentales que ameritaban una investigación seria, objetiva y completa por parte del Ministerio Público; sin embargo, ellos nunca fueron investigados”.

De igual forma, se refirió al fiscal Sepúlveda, quien fue el que decidió aprobar el no preseverar en la causa, porque ya se había iniciado un proceso cuando él estaba a cargo.

Es “una verdadera burla a las familias de mis acreedores representados”, los que incluyen a sociedad Lucerna y a cientos de alumnos y decenas de profesores.

En la última audiencia de la causa, en agosto pasado, el abogado Wortsman solicitó la reapertura de la investigación para que se realicen 10 diligencias. “Existen nuevos antecedentes que no se tuvieron a la vista antes del cierre”, argumentó.

Javier Iñiguez, quien fue vocero de los estudiantes de la Universidad del Pacífico cuando se destapó la crisis y la universidad comenzó su cierre.

Iñiguez no pudo reubicarse en otra universidad y nunca obtuvo su título, pero todavía paga el Crédito con Aval del Estado (CAE) que tuvo que pedir para entrar a estudiar. Su caso, cuenta, se repite con varios exestudiantes.

“Hoy día tengo la deuda, tengo el tiempo perdido, no tengo el título y ninguna posibilidad de sacarlo. Sigue siendo desgastante cuando llaman del banco para cobrar”, dice.