Organización indígena exhorta al Banco Mundial a que la respuesta ante Covid-19 los incluya

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) solicitó al Banco Mundial exigir a los Estados prestatarios que sus respuestas ante el COVID-19 prioricen la atención de sus pueblos, informó la entidad en un comunicado.

El coordinador de Relaciones Internacionales de la Coica, Adolfo Chávez, solicitó ante el Banco Mundial «adoptar una política de presupuesto directo para el proceso de vacunación de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, la adquisición y distribución de pruebas de detección de COVID-19 y que se exija a los Estados prestatarios del Banco Mundial sus proyectos de respuesta rápida de COVID-19, en el cual se priorice a los pueblos indígenas», dice el texto.

Asimismo, Elcio Manchineri, coordinador de Territorios y Recursos Naturales de la Coica, pidió implementar y considerar protocolos de consulta previa para la evaluación y aprobación de los préstamos que otorga el banco a los Estados con el objetivo de lograr que más instituciones financieras internacionales implementen estas salvaguardas como una buena práctica en el respeto de los derechos indígenas.Estas solicitudes se hicieron durante el evento «Mejoras para la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales de las Instituciones Financieras Internacionales desde la propuesta indígena», que se realizó el martes en el marco del espacio de sociedad civil, las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Al 15 de marzo, se han registrado 2.292.648 casos confirmados de contagio en la Amazonía y un total de 57.498 muertes por la enfermedad respiratoria, según el comunicado.

El texto añade que la defensa de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la actividad extractiva y de infraestructura en sus territorios «se ha visto más vulnerada a raíz de la pandemia».

Ataques

Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) se registraron 604 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos durante el año pasado, cifra mayor a la registrada en el 2019.

«De los ataques en el último año, al menos un tercio se derivaron de la falta de participación y acceso a la información. Además, un quinto de ellos fue en contra de las mujeres. Muchos líderes han sido asesinados durante el periodo de cuarentena del COVID-19 y, ante ese riesgo de hostigamiento y de contagio, hemos venido desarrollando mecanismos para la atención de los hermanos indígenas», explicó la dirigenta y coordinadora de Educación de la Coica, Tabea Cacique.

Destacó además el Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones para que los estados parte puedan mejorar la protección hacia los defensores de derechos humanos, y que entrará en vigor el 22 de abril.

En ese sentido también se hizo un llamado al Banco Mundial para que pueda recomendar e instar a los Estados a ratificar el Acuerdo.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, el cual establece estándares regionales para los derechos de acceso en asuntos ambientales, además de promover la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional en la materia.

Cortesía de TeleSUR

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