Persecución sindical: Funcionarios de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP son investigados por apoyar a colega destituida

La jefatura inició procesos disciplinarios contra trabajadores que expresaron solidaridad con una funcionaria destituida.

Un grupo de trabajadores de la Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF) del Ministerio de Obras Públicas decidió respaldar formalmente a una compañera de la Región de Los Lagos, quien fue sancionada con la destitución del servicio. Lejos de ser recibido como un gesto de fraternidad, el respaldo fue interpretado como una falta administrativa, desencadenando una ofensiva disciplinaria directa contra quienes estamparon su firma en la carta.

Carlos Soto, dirigente sindical de funcionarios, calificó el actuar de la Dirección Nacional como una «práctica antisindical» que busca amedrentarlos. Según él, la resolución administrativa 1108 abre un proceso investigativo para determinar si los firmantes «conocieron oficialmente el sistema en detalle» respecto al sumario previo de la trabajadora destituida, bajo la premisa de una supuesta filtración de información sensible. “No hay vulneración porque fue posterior a la sanción”, asegura Soto, añadiendo que la carta viene de “una preocupación humana” por la compañera.

La respuesta de la jefatura fue citar a los funcionarios a interrogatorios para indagar cómo se redactó la misiva, quiénes la promovieron y qué información manejaban sobre el proceso anterior. Para el sindicato, esta investigación en sí misma constituye un mecanismo de presión, ya que con la carta no pretendían hacer un juicio «que un servicio público esté persiguiendo un acto solidario, a nosotros nos molesta», enfatizó el dirigente.

El caso de la funcionaria sancionada, quien viajó fuera del país por razones de fuerza mayor vinculadas a la salud de un familiar, expuso una política rígida. De acuerdo con el gremio, el servicio no está considerando atenuantes ni situaciones de emergencia personal, aplicando destituciones automáticas para cualquier infracción, sin evaluar el contexto ni los años de servicio del personal cuestionado.

Este escenario generó una creciente tensión en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, donde los funcionarios advierten que la apertura de nuevos sumarios por ejercer la libertad de expresión y la solidaridad básica está fracturando la convivencia laboral. Los trabajadores ya preparan una denuncia formal ante instancias superiores, argumentando que el uso de la atribución disciplinaria para castigar opiniones o apoyos gremiales vulnera derechos fundamentales y estándares básicos de probidad pública.

La dirección nacional, por su parte, mantiene la instrucción de profundizar las indagatorias para esclarecer el origen y manejo de la información en el interior de las oficinas. Mientras tanto, el grupo de trabajadores afectados permanece a la espera de la resolución de estos procesos, bajo un ambiente de constante vigilancia que los puso en alerta ante lo que consideran un uso abusivo del poder administrativo para reducir el apoyo entre colegas.