Próximo Delegado Presidencial en la Araucanía promueve el diálogo político entre el Estado y el Pueblo Mapuche

En el marco de la designación de los delegados presidenciales regionales y provinciales, el presidente electo, Gabriel Boric, instó a todos los delegados a convocar «a todas las fuerzas sociales políticas que componen el gabinete y el equipo de gobierno a cooperar en beneficio de la región y de sus habitantes».

Entre los delegados nominados por Boric, está Raúl Allard Soto, Abogado, Master y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con destacada trayectoria como académico en distintas universidades y como asesor jurídico en instituciones públicas como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el ISP y el Sename. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público de la Universidad de la Frontera. Es independiente.

Justamente, en esa casa de estudios, compartió el doctor en derecho una opinión sobre la oportunidad histórica de una nueva Constitución en Chile y los desafíos en materia de diálogos y resolución de conflictos entre Estado y Pueblo mapuche.

#Opinión – Académico Raúl Allard: Hacia un diálogo político entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche

Como nunca antes, existe la oportunidad histórica de tener una nueva Constitución formulada democráticamente en Chile, a través de una Convención Constitucional paritaria que incluye escaños reservados del pueblo mapuche. La nueva Constitución puede abarcar disposiciones constitucionales transitorias que faciliten y ofrezcan un marco a la acción de los poderes constituidos para desarrollar y llevar a cabo el tan esperado y necesario diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

El 27 de julio último, los rectores y autoridades regionales de siete planteles universitarios de la Región de La Araucanía, más el obispo de Temuco, emitieron la propuesta “Araucanía: Urgencia de diálogo como política de Estado”, llamando “a un proceso de diálogo que permita reparar y reconstruir las relaciones entre el pueblo mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones”.

En ella se hace un llamado a las distintas autoridades del Estado de Chile y del pueblo mapuche, así como a la sociedad chilena en su conjunto, a sumarse en forma activa en la búsqueda de transformaciones pacíficas para superar los problemas que afectan a estos territorios, sugiriendo que el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, “convoque, en forma independiente y neutral, a los distintos actores de la zona para la construcción de una hoja de ruta que pueda contener todos los temas que sean determinados de acuerdo al desarrollo gradual del proceso”.

Este conflicto de naturaleza política entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche se arrastra ya por casi 150 años afectando especialmente los territorios de la Región de La Araucanía y de la provincia de Arauco de la Región del Bío-Bío. Mientras más se retarda la actuación política del Estado de Chile más se radicalizan las posiciones en los territorios afectados. ¿Cómo debe abordar este conflicto el Estado de Chile? Atendida su naturaleza política y el carácter multidimensional de sus efectos –seguridad, tierras, depredación del medio ambiente y desarrollo sostenible, justicia, discriminación y pobreza– es necesario incorporar en nuestra Constitución Política aquellas condiciones legislativas básicas que habiliten el desarrollo de las conversaciones entre el gobierno de Chile y el pueblo mapuche orientadas a alcanzar un acuerdo estable y duradero.

En Colombia un conflicto de características diferentes y de gran complejidad con la guerrilla colombiana FARC fue abordado a través de una reforma constitucional –Acto Legislativo N°1/2012, más conocido como el “Marco Jurídico para la Paz” (MJP)– que introdujo los artículos transitorios 66 y 67 de la Constitución Política de Colombia fijando unas condiciones legislativas básicas para el inicio y desarrollo de las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. En este proceso, junto a la condición de países garantes de Noruega y Cuba, Chile y Venezuela asumieron la calidad de países acompañantes con el cometido de facilitar acciones de mediación y diálogo.

Como nunca antes, existe la oportunidad histórica de tener una nueva Constitución formulada democráticamente en Chile, a través de una Convención Constitucional paritaria que incluye escaños reservados del pueblo mapuche. La nueva Constitución puede abarcar disposiciones constitucionales transitorias que faciliten y ofrezcan un marco a la acción de los poderes constituidos para desarrollar y llevar a cabo el tan esperado y necesario diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Raúl Allard Soto
Doctor en Derecho
Académico de la Universidad de La Frontera