La iniciativa quedó estancada en el Senado tras la negativa de la derecha, justo en medio de críticas por la posible privatización.
La tramitación del proyecto de ley Sala Cuna para Chile sufrió una paralización en el Congreso Nacional, luego de que el oficialismo acusara a sectores de la oposición de articular maniobras políticas para impedir su votación antes del cambio de mando. Aunque la Comisión de Trabajo ya había aprobado la propuesta, el debate se frenó en la Comisión de Educación, presidida por el senador Gustavo Sanhueza (UDI), rompiendo el acuerdo que se venía armando desde finales del año pasado.
El corazón de esta reforma busca terminar con una discriminación histórica contenida en el Código del Trabajo, la cual obliga a las empresas a pagar sala cuna solo si tienen contratadas a 20 o más mujeres. El proyecto propone que este derecho sea universal y se financie a través de un Fondo Mixto, compuesto por aportes del Estado y de los empleadores, permitiendo que tanto padres como madres puedan acceder al beneficio sin importar el tamaño de la empresa donde trabajen.
Al respecto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, calificó el estancamiento como una decisión grave que priva a miles de personas de su autonomía económica. Afirmó que “no aprovechar esta ventana de oportunidad, después de meses de trabajo y diálogo responsable, es una señal irresponsable de cara a las familias que esperan una respuesta”, subrayando que la falta de esta ley impide la creación de más de 145.000 puestos de trabajo para mujeres.
Desde el Ministerio de la Mujer, Antonia Orellana explicó que el sistema actual castiga la contratación femenina y que el nuevo diseño apunta a una «sala cuna compartida y justa». Según la secretaria de Estado, el proyecto permitiría que las trabajadoras dejen de elegir entre su carrera profesional y la crianza, estableciendo la corresponsabilidad como un eje central para que el cuidado de los hijos no recaiga exclusivamente en las madres.
Sin embargo, el proyecto no solo enfrenta resistencia en la derecha, sino también reparos desde los gremios de la educación inicial: JUNJI, Integra y VTF. Ivonne Rosas Jofré, presidenta del Sindicato Nacional N°1 de Trabajadores de Fundación Integra, advirtió que la iniciativa abre la puerta a la privatización. «Nosotros vemos con peligro que intervienen en la educación inicial, empiezan por salas cuna”, sostuvo, añadiendo que “para nosotros eso es terrible porque vamos por la defensa de lo público».
Rosas cuestionó que el Estado no invierta estos recursos en mejorar la infraestructura pública ya existente, denunciando que solo en Integra existen más de 200 jardines sin reconocimiento oficial por sus malas condiciones. “¿Por qué no ponen el dinero ahí para que puedan efectivamente esos jardines tener una oferta mejor a la comunidad?”, se cuestiona la presidenta sindical.
La disputa política del proyecto escaló tras las críticas de la vocera Camila Vallejo, quien apuntó directamente a la UDI y a las «señales confusas» del presidente electo José Kast por el bloqueo en el Senado. Vallejo señaló que «es una irresponsabilidad tremenda que no es un fracaso para el Gobierno, es un fracaso para el país», al truncarse un beneficio esperado por la ciudadanía, mientras la oposición argumenta que las propuestas del Ejecutivo llegaron de forma tardía.
En medio de esta transición de mando, el proyecto queda en la incertidumbre, manteniendo vigente la normativa que limita el derecho a sala cuna. Mientras el Gobierno presiona por la aprobación de este Fondo Mixto, los trabajadores de Integra y Junji exigen que el debate gire hacia el fortalecimiento de los jardines públicos para evitar que el beneficio se convierta en una nueva modalidad de transferencia de fondos hacia el sector privado.
