Semana abismal en la Casa Blanca: Equipo Trump junta cuatro fracasos judiciales en pocas horas

09 DE JUNIO DE 2025. La semana pasada, el equipo legal de la presidencia de EE.UU. vivió una racha abismal: En un lapso de pocas horas, durante los primeros días de junio, Donald Trump probó el polvo de cuatro derrotas judiciales en cuatro asuntos distintos. Estos descalabros legales, emanados de diversas cortes federales, no solo representan un golpe significativo para sus intereses y legado, sino que también ofrecen un respiro y potenciales beneficios para varios grupos demográficos y actores políticos clave en la sociedad estadounidense.

STRIKE 1: JUEZ DAVID TATEL IMPIDE EL DESMANTELAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FEDERAL

Una de las decisiones más relevantes provino del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, donde el Juez David S. Tatel falló en contra de la administración Trump respecto a un decreto que buscaba desmantelar el Departamento de Educación federal y transferir sus funciones a los estados.

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El decreto, que argumentaba una excesiva burocratización y una injerencia indebida del gobierno central en la educación, fue bloqueado por el Juez Tatel, quien citó la falta de autoridad legal para desmantelar una agencia federal de esa envergadura sin la aprobación del Congreso, además de señalar el posible perjuicio para los programas educativos nacionales y la inequidad que podría generar entre estados con diferentes capacidades presupuestarias. Esta resolución beneficia directamente a las personas que dependen del sistema de educación pública, garantizando la continuidad de programas federales de asistencia, así como a los estados que dependen de la existencia de un departamento federal de educación que absorba funciones y brinde financiamiento.

STRIKE DOS: JUEZ AMIT P. MEHTA CONGELA DESMANTELAMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL

Casi simultáneamente, el Juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de Columbia emitió un fallo adverso a Trump en relación con un decreto que buscaba limitar drásticamente el acceso a fondos federales para programas de capacitación laboral, argumentando un supuesto derroche y una mala administración.

El decreto proponía una reestructuración que favorecería la inversión privada. El Juez Mehta determinó que el decreto carecía de la base legal necesaria para restringir de manera tan severa el acceso a estos recursos, y argumentó que tal medida iría en detrimento de la equidad y la oportunidad para la juventud de bajos recursos que desea capacitarse para el empleo. La sentencia refuerza la idea de que la capacitación laboral es un bien público que requiere apoyo sostenido.

STRIKE 3: JUEZ JED RADKOFF EMBISTE DECRETO QUE PRETENDÍA TRASLADAR A DETENIDOS A CÁRCELES DE ALTA SEGURIDAD SIN EL DEBIDO PROCESO

En un tercer caso, el Juez Jed S. Rakoff del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York dictaminó en contra de un decreto que había permitido la detención indefinida y el traslado a cárceles de alta seguridad de un centenar de individuos, principalmente inmigrantes, sin el debido proceso legal. El decreto se justificaba bajo el pretexto de seguridad nacional y la necesidad de agilizar los procesos de deportación. El Juez Rakoff fue enfático al señalar la violación flagrante de los derechos constitucionales al debido proceso y al habeas corpus, destacando que ni siquiera en tiempos de crisis se pueden suspender garantías fundamentales. Este fallo es una victoria crucial para las cien personas remitidas a cárceles de alta seguridad sin el debido proceso, abriendo la puerta a una revisión de sus casos y a su liberación o a un proceso justo.

STRIKE 4: JUEZA TANYA S. CHUTKAN BLOQUEA DECRETO QUE IMPEDÍA LIBERAR A PRISIONERO, HUÉSPED DE AÑOS EN GUANTÁNAMO, SIN CARGOS FORMALES

Finalmente, en un asunto de gran sensibilidad humanitaria, la Jueza Tanya S. Chutkan del Tribunal de Distrito de Columbia emitió una orden en contra de un decreto que había bloqueado la liberación de Mohamed Sabry Soliman, un ciudadano egipcio detenido en la base de Guantánamo durante años sin cargos formales. El decreto argumentaba razones de seguridad nacional y la peligrosidad inherente de Soliman. La Jueza Chutkan, tras revisar la evidencia, concluyó que no había pruebas suficientes para justificar su detención continuada y que se habían violado sus derechos humanos básicos. Este veredicto representa un triunfo moral y legal para la familia del egipcio Mohamed Sabry Soliman, abriendo la posibilidad de su retorno a casa.

Estos cuatro bloqueos judiciales subrayan la importancia del sistema de pesos y contrapesos en la democracia estadounidense y la independencia del poder judicial frente al ejecutivo. Lo que sigue para cada uno de estos decretos bloqueados es un proceso legal de apelaciones. Es altamente probable que el equipo legal de Donald Trump, o el Departamento de Justicia en caso de que las decisiones hubieran sido contra la administración en funciones, presente recursos de apelación ante los tribunales superiores, lo que prolongará la batalla legal. Sin embargo, estas victorias iniciales establecen precedentes importantes y envían un mensaje claro sobre los límites del poder presidencial y la primacía del estado de derecho.

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