Seguridad interior y crimen organizado: el debate rumbo a la propuesta de nueva Constitución

Alihuen Antileo, candidato a Consejero Constitucional por Pueblos Indígenas, Circunscripción Nacional, señala: “No hay que tratar de mezclar la legítima protesta social, impulsada por trabajadores, pobladores, estudiantes y pueblos indígenas con acciones delictuales”, responsabilizando a sectores conservadores de ello.

La seguridad ha sido parte de los temas principales de la agenda pública en estos últimos tiempos. Las bandas criminales internacionales que han ingresado en los últimos años, el narcotráfico, la delincuencia y la muerte de los carabineros Alex Salazar en Concepción y Rita Olivares en Quilpué, son parte de un ambiente mediático que ha generado diversas aristas y reacciones.

Desde un amplio paquete de medidas administrativas y legislativas promovidas desde el ejecutivo, hasta un cuestionado proyecto de ley denominado “Naín Retamal” que pone en vitrina a Chile por los retrocesos que podrían generarse en materia de impunidad y derechos humanos, son parte de iniciativas que se buscan imponer para hacer frente a la agenda de seguridad.

Seguridad y desigualdad social

La postdoctora en neurociencia, Soledad Miranda, puso recientemente un tema en el tapete público con respecto a la delincuencia en una publicación, señalando:  “Es simple. La delincuencia es el reflejo de la desigualdad social. De la desesperanza. ¿Si no aprueban una Constitución social, impuestos más justos, educación de calidad para todos, ni siquiera el presupuesto de seguridad…que esperan?

«Las desventajas sociales y económicas están estrechamente relacionadas con la delincuencia, sobre todo con los delitos más graves, como agresiones, robos y homicidios. Los delincuentes  tienden a estar desempleados o empleados en trabajos poco calificados y mal pagados».

Ante el cuestionamiento sobre el rol de estado, Miranda respondió: “El Estado genera riqueza al invertir en investigación y no olvidar que cuando las empresas fallan el estado las tiene que salvar”, recomendando leer a la economista Mariana Mazzucato.

Seguridad, desigualdad social y propuestas hacia una nueva Constitución

El Candidato a Consejero Constitucional por Pueblos Indígenas, Circunscripción Nacional, Alihuen Antileo Navarrete, sobre seguridad, señala: “La inseguridad que estamos viviendo en las ciudades y el campo ha escalado a niveles sin precedentes. Narcotráfico, portonazos, sicariato, homicidios, femicidios, bandas delictuales, criminales extranjeros, extorsiones, corrupción, trata de blancas, etc, conforman el círculo de la violencia que afecta de manera transversal a toda la ciudadanía. Encontrar soluciones concretas a esta urgencia es también una tarea donde todos los sectores de la sociedad debemos involucrarnos activamente. Sin embargo, no hay que tratar de mezclar la legítima protesta social, impulsada por trabajadores, pobladores, estudiantes y pueblos indígenas con acciones delictuales. Así lo pretenden hacer los sectores conservadores mediante la criminalización de la legítima protesta de los movimientos sociales”.

Antileo agrega: “Para ello, la nueva constitución es una pieza clave para superar las actuales falencias y avanzar hacia un estado de mayor seguridad social. El perfeccionamiento y la creación de atribuciones claras y eficaces para las instituciones relacionadas directamente con la seguridad: policías, fiscalía, poder judicial y gendarmería, sistema carcelario, así como un cuerpo legal efectivo son factores protagónicos en esta ecuación; siendo fundamental entender también, que el combate integral de la pobreza y las grandes brechas sociales en educación, salud, fomento de la cultura, espacios deportivos y artísticos, pensiones, trabajo, viviendas, participación social ciudadana, son muy importantes para romper el círculo de violencia cotidiana y silenciosa que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo”.

El candidato de pueblos originarios, también señala: “La cuota y responsabilidad indígena en el enfrentamiento de esta crisis de seguridad, pasa por romper el cerco de exclusión que han impuesto los sectores conservadores de la política chilena en este segundo proceso constitucional, donde nos obligan a los pueblos indígenas a tener 190.000 votos para un escaño. Lo que nos lleva tener que crear alianzas necesarias dentro del futuro Consejo Constitucional para así consagrar un mínimo de derechos que nos permitan avanzar en la invisibilización vivida durante 220 años desde que se formó la República de Chile. Realidad que nos sitúa en los peores índices de pobreza extrema; además de tener los más bajos indicadores en materia de educación, vivienda, acceso al agua potable, nutrición y motalidad infantil y esperanza de vida. Dicho esto, es muy importante preguntarse ¿Qué pasaría si no logramos romper con el cerco de exclusión y el nuevo consejo constitucional se escribe sin indígenas? ¿Esto aportaría o afectaría a la resolución de un conflicto histórico con los pueblos indígenas? Por ello la solución a la inseguridad y la violencia es una tarea de todas y todos”.

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