Mediante un comunicado público, diversas organizaciones de funcionarios del Poder Judicial advierten que el proyecto de ley que busca modificar el sistema de nombramientos y el Gobierno Judicial tiene graves falencias.
La preocupación se ha intensificado entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes debaten sobre la reforma constitucional que modifica el Gobierno Judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales.
Es por esto que este martes 17 de junio, diversas asociaciones han manifestado su profunda preocupación por el rumbo que está tomando este proyecto de ley, advirtiendo que, lejos de solucionar los problemas, podría agravarlos y profundizar el tráfico de influencias.
El proyecto propone cambiar cómo se nombran los jueces, pretendiendo hacerlo de forma más transparente y meritocrática a través de un nuevo Consejo, y separar las funciones administrativas de las judiciales, para que la Corte Suprema se dedique a dictar sentencias.
La Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial (ANCOT), de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ) y la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) denuncian que, a pesar de la necesidad de un cambio estructural en el sistema de nombramientos, el proyecto presentado por el Gobierno y las indicaciones en la Cámara de Diputados cometen serios errores.
Pese a que la reforma busca una justicia más independiente y eficiente, las asociaciones judiciales argumentan que la propuesta actual no incluye la participación de todos los rangos de funcionarios, reemplazándolos con figuras políticas, lo que iría en contra de los principios de transparencia y probidad.
Uno de los puntos más críticos señalados por las asociaciones es la falta de invitación a participar en el diseño del proyecto de ley y en el debate parlamentario siendo “considerados simplemente como meros espectadores o personas externas a nuestra propia institución”, señalaron en un comunicado. Asimismo, comentaron que se está desaprovechando la valiosa experiencia de años de administración del servicio judicial, ignorando a quienes fueron los primeros en demandar mayor probidad y transparencia en la
institución.
Además, las organizaciones señalan que muchas de las propuestas carecen de precisión técnica y previsión normativa, lo que podría comprometer su eficacia y viabilidad porque “en los hechos no se ve plasmado en la propuesta presentada”, aseguran. Advierten que la reforma debe garantizar coherencia normativa, operatividad práctica y alineación con los principios de independencia, transparencia y eficiencia.
Ante este panorama, las Asociaciones del Poder Judicial se han declarado en alerta y han hecho un llamado urgente al Congreso Nacional para que se les incluya en la discusión y así construir un sistema de nombramientos y gobierno judicial que realmente beneficie al país.
Los funcionarios se encuentran “preparados en dar cuenta, de cara a la ciudadanía, de todos los efectos nocivos que puede generar la actual propuesta legislativa”, enfatizan en el comunicado.
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