Ofensiva de la UDI se mantiene en contra del ministro Grau por la estabilidad laboral en el sector público

La bancada advierte con una Acusación Constitucional si no se elimina los artículos que regulan las desvinculaciones de funcionarios.

Durante el pasado 25 de diciembre, diputados de la UDI anunciaron que impulsarán un libelo acusatorio contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el Ejecutivo insiste en las disposiciones que regulan la permanencia de empleados a contrata. Todo surge tras la confirmación de que el Gobierno mantendrá el apartado dentro del proyecto de reajuste del sector público, esto a solo meses del traspaso de mando a José Kast. Hasta la fecha de esta publicación no han manifestado una voluntad de desistimiento de la acción.

Desde la bancada, los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez calificaron la iniciativa como una «ley inmoral» que busca dejar con empleos vitalicios a partidarios del Presidente Boric: «Si el ministro Grau no retira esta ley para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado», advirtieron a través de un comunicado conjunto.

La controversia se centra en el punto 14 del protocolo de acuerdo con los trabajadores sobre desvinculaciones, y el punto 15, que busca fijar reglas para la contratación de asesores de gabinete. Aunque existe el consenso de la necesidad de modernizar estas áreas, sectores de la oposición cuestionan que se intente legislar sobre estas condiciones administrativas justo antes de que el republicano asuma la presidencia.

En esa línea, el director de El Ciudadano, Javier Pineda, explicó que no se trata de una “ley de amarre”, sino de una exigencia básica para evitar despidos arbitrarios de trabajadores con años de servicio. La norma buscaría que los jefes de servicio deban justificar administrativamente las desvinculaciones, permitiendo que la Contraloría revise estos actos para evitar que se despida a funcionarios calificados solo para instalar a operadores políticos y sin derecho a indemnización, a lo que aseguró que “es muy canallesco que simplemente llegue final de año y le digan a un trabajador ‘usted no sigue’ sin explicar por qué”.

Esta nueva ofensiva parlamentaria se suma a una larga lista de intentos, ya que durante el mandato de Gabriel Boric la oposición ha presentado nueve acusaciones constitucionales, todas fallidas. Al respecto, el diputado Diego Ibáñez (FA) criticó la estrategia señalando que «proponer una acusación por presentar un proyecto de ley es una utilización no democrática del instrumento», recordando que el sector fracasó sistemáticamente en estas acciones.

Pese al anuncio de la UDI, el hecho generó divisiones inmediatas en el bloque de derecha, donde algunos sectores consideran la medida como inoportuna. Por ejemplo, la diputada Ximena Ossandón (RN) señaló a La Tercera que el libelo «no es necesario dado que los votos no deberían estar en la sala para aprobar algo que a todas luces es un abuso», apostando a que la ley sea rechazada por la vía legislativa ordinaria.

Finalmente, desde el PDG también descartaron sumarse a la iniciativa de manera anticipada, calificando el uso recurrente de estas herramientas como un daño a la institucionalidad.

Por ahora se espera el próximo 5 de enero, cuando se realizará el ingreso formal del proyecto.