80 organizaciones territoriales y socioambientales demandan a parlamentarios una Ley de Riego para el campo, no para el mercado

El pasado 10 de novirembre, las Comisiones del Senado de Agricultura, Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, aprobaron por 8 votos a favor y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que modifica y prorroga la Ley de Riego 18.450 para extender su vigencia por una duración de 12 años.

Ahora se inicia un plazo de indicaciones que permitirían su despacho a ambas Cámaras del Congreso, el cual se extenderá hasta el medio día del lunes 22 de noviembre, y las comisiones temáticas unidas volverán a sesionar el miércoles 24 a las 12:30.

Este cuestionado instrumento legal, que cuenta con diversas observaciones y reparos desde organizaciones comunitarias y campesinas, contribuye a seguir perpetuando un modelo de desarrollo agrícola que tiene sus orígenes en la exportación de agua a través de frutas y otros productos, y que compromete la seguridad alimentaria del país.

Esta normativa fue promulgada el 22 de octubre de 1985 en plena dictadura cívico-militar, y nació para aprobar las normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, y por medio de ella el Estado entrega recursos a las sociedades agrícolas o particulares para implementar tecnificación del riego o financiar construcciones de embalses que reservan agua.

La ley de Riego ha sido prorrogada dos veces en democracia, durante el 2004, en el gobierno de Eduardo Frei, mientras que la segunda extensión se dio en el 2009, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

La última prórroga culmina en diciembre de este año, por lo que el Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto para extenderla por 12 años más, el cual actualmente está siendo discutido en el Senado.

Una de las principales críticas a la Ley de Riego es que en en más de 35 años de vigencia ha beneficiado a grandes agricultores más fácilmente que a los pequeños. También se ha alertado que la bonificación por el riego tecnificado ocurre en predios donde se ha talado el bosque nativo a través de planes de manejo ilegales, lo que favorece el avance de la desertificación en una situación que amplifica los actuales efectos del cambio climático.

Además, la prórroga de esta ley también afecta a los humedales a través del drenaje de sus aguas, lo que alteraría un ecosistema que es clave para mitigar el impacto del calentamiento global y proteger los ciclos hidrológicos.Asimismo, su extensión por 12 años contribuiría a afianzar un modelo de desarrollo agrícola que sólo beneficiaría a los grandes empresarios de monocultivos para exportación al extranjero.

Por tal motivo, 80 organizaciones territoriales y socioambientales, demandan al Senado indicaciones que aseguren fondos para recuperar las cuencas y la agricultura familiar campesina, estableciendo que no se puede prorrogar una ley de riego perpetuando los vicios que tiene la actual, que ha contribuido a estrujar y contaminar los campos con una agricultura industrial insostenible.

A través de una declaración pública condenan que en medio de una brutal escasez hídrica, en el parlamento se desarrollaba una silenciosa tramitación de la Ley que distribuye millonarios fondos para obras de riego y drenaje.

Las organizaciones territoriales lograron conocer el proyecto del Ejecutivo, estudiarlo, concurrir a la Cámara de Diputadas y Dputados y del Senado, y evidenciar que los verdaderos destinatarios de los dineros públicos serán siendo fundamentalmente los grandes grupos económicos a menos que se introduzcan modificaciones significativas en el Senado.

De este modo, plantean que la necesidad de modificar el objetivo de la ley, y señalan que «no se puede seguir pensando en expandir la superficie de riego cuando las cuencas se están muriendo y los campesinos con ellas. La prioridad hoy es recuperar la salud de las cuencas».

Señalan que el instrumento legal debe incorporar como nunca ha hecho a las y los campesinos, «sin concurso, por el solo mérito de la necesidad, de manera de frenar la migración climática y posibilitar obras de pequeña escala que fijen el agua a las cuencas».

Asimismo, debe incorporar la promoción de la agricultura familiar campesina en coherencia con los ODS
suscritos por Chile.

A juicio de las organizaciones, la Ley debe garantizar la producción de alimentos sanos para el consumo local, y plantean que se deben eliminar fórmulas perversas como el riego ponderado y el multi rut, «que permiten que
personajes como Prohens, Sutil o empresas como Concha y Toro, resulten a ojos del Estado como pequeños agricultores que deben ser ayudados.»

En la declaración denuncian que los más de 35 años de subvención a la agroindustria, ha traído sendos dividendos para un grupo reducido de empresarios, pero a costa de sequía, desertificación, aumento desmedido de enfermedades
ligadas a agrotóxicos, dependencia alimentaria y vulnerabilidad país ante escenarios de crisis, como la pandemia., y en consecuencia indican que la nueva ley de riego debe hacerse cargo de estos impactos y que » no hay futuro para el
campo chileno con 12 años más de ley 18450 en los términos planteados por el gobierno de Piñera».

Para las 80 organizaciones territoriales y socioambientales, la prórroga no debe exceder a los tres años, «considerando el proceso constituyente en curso, las condiciones sociosanitarias y el estado de colapso en el que nos encontramos».

«Hay que hacer las cosas de otro modo, necesitamos institucionalidades dinámicas, e ir generando todos los ajustes y
modificaciones mediante una escucha activa de las territorialidades», plantean.

A continuación el texto íntegro la declaración circulada este lunes 15 de noviembre: