Absalón Wegner y Rigoberto Achú: Las dos víctimas del ex coronel Sergio Jara, capturado en Argentina

Tras la detención en Argentina del ex coronel de Ejército, Sergio Francisco Jara Arancibia, se hace necesario recordar por qué este ex militar, que se encontraba prófugo de la justicia, fue condenado a 10 años y un día de presidio.

La sentencia contra Sergio Jara fue confirmada en julio de 2017 por la Corte Suprema, que lo condenó, junto a otros cuatro ex integrantes del Ejército, como responsables de los homicidios de Rigoberto Achú Liendo, dirigente regional del PS (a la derecha de la foto de portada), y Absalón Wegner Millar, dirigente del gremio de la salud y militante del PC (a la izquierda de la foto), ambos de 31 años de edad. El crimen ocurrió el 13 de diciembre de 1973 en la ciudad de San Felipe.

Junto a Jara, fueron condenados a 10 años y un día el ex general Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda, y el ex oficial Pedro Luis Lovera Betancourt. Mientras, el ex oficial Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y el ex suboficial Milton René Nuñez Hidaldgo, fueron sentenciados a 5 años y un día de presidio, como cómplices de los hechos.

Sobre el caso, la investigación del ministro en visita Jaime Arancibia Pinto estableció con claridad los detalles del cobarde asesinato: “El día 13 de diciembre de 1973, las víctimas de este proceso, Rigoberto del Carmen Achú Liendo y Absalón del Carmen Wegner Millar, quienes habían sido detenidos en los meses de septiembre y noviembre de ese año, respectivamente, por personal del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, por tratarse de dirigentes de los Partidos Socialista y Comunista y además tener a su cargo servicios públicos relevantes en esa ciudad, y ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de San Felipe, acusados de mantener armas escondidas y dentro del marco de supuestos ilícitos en contra de la Ley de Seguridad Interior del Estado y próximos a ser llevados a un Consejo de Guerra dispuesto para esos efectos, son sacados desde el lugar de su reclusión -Cárcel Pública de Felipe- entre las 22:00 a 23:00 horas de las noche”.

Desde allí, añade la investigación judicial, “fueron llevados a la Fiscalía Militar de esa ciudad, que funcionaba en el Regimiento ya mencionado, ubicado más o menos a tres cuadras del recinto carcelario y en los momentos en que, después de un período de tiempo indeterminado, cuando eran devueltos a su lugar de reclusión, son acribillados por la patrulla que los transportaba, en un lugar cercano a la intersección de calles 5 de Abril con calle Molina de la ciudad de San Felipe, muriendo ambas víctimas en el acto”.

En su momento, el crimen fue justificado por las autoridades militares con un discurso recurrente para la época: “Según la versión oficial entregada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería Nº3 Yungay, cuando los detenidos eran trasladados de regreso a la Cárcel, desde la Fiscalía Militar, el vehículo en que viajaban quedó en panne a sólo 60 metros del establecimiento penal, debiendo continuarse el recorrido a pie. En ese momento, uno de los prisioneros habría aprovechado la situación para violentar el arma de servicio de un conscripto, y el otro, para darse a la fuga”.

Esta versión “oficial” fue considerada falsa desde el primer momento. Tal como se apunta en el informe de la Comisión Rettig, “es inverosímil que dar muerte a los afectados haya sido la única forma de evitar su presunta huida, puesto que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia de los efectivos del Regimiento (…) También se ha podido acreditar que los prisioneros habían sido llevados encadenados a la Fiscalía Militar, como mayor medida de seguridad, y no se ve motivo para suponer que no fueran devueltos al penal en la misma forma, a menos que quisiera prefigurarse de algún modo su supuesta huida”.

El informe añade, además, que “Rigoberto Achú se encontraba en muy mal estado de salud, producto de las torturas sistemáticas que se le aplicaron en el Cuartel de Investigaciones desde el mismo día 12 de septiembre en que fue detenido, y a consecuencia de ellas, no podía vestirse, comer ni moverse coordinadamente. El mismo día de su ejecución, se lo vio muy deteriorado físicamente, con muy bajo peso y con notoria pérdida de su cabello. Su condición hacía inverosímil que tratara de huir”.

Asimismo, “no resultó verosímil la versión de que el doctor Wegner hubiese intentado huir, ya que por antecedentes y testimonios reunidos por esta Comisión, resulta demostrado que se trataba de una persona que no intentó nunca eludir a las autoridades militares. Después de los hechos del 11 de septiembre, permaneció detenido por un día en la Cárcel de San Felipe, y una vez que fue dejado en libertad, continuó viviendo en la zona, llevando una vida pública, y trabajando en el mismo servicio, a pesar de haber contado con los medios para huir de la zona sin que nadie se lo impidiese, por no existir cargos en su contra, los cuales no fueron conocidos ni siquiera después de su segunda detención”, concluye el Informe Rettig.

Leer más:

https://www.elciudadano.cl/justicia/capturan-en-argentina-a-excoronel-chileno-condenado-por-asesinatos-durante-la-dictadura-de-pinochet/07/16/