Publicado en Humanities & Social Sciences Communications de la revista Nature Portfolio, una de las más destacadas de la disciplina de las humanidades, el artículo «Towards Multidimensional Justice for Sex Workers: Redistribution, Recognition, and Participation», escrito por el profesor Pablo Aguayo-Westwood, de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, propone evaluar la regulación del trabajo sexual, pero a partir de un marco normativo de justicia social.
«Mi interés más que defender una posición de manera dogmática, es mostrar que hay diferentes posiciones sobre esta materia, por ello en un primer artículo que escribimos con María José Calderón titulado ‘¿Qué hay de malo en la prostitución?’, lo que hicimos fue mostrar que hay un panorama de al menos 4 posiciones sobre esta materia y que lo central es identificar las virtudes y los defectos de cada una», sostuvo el investigador.
El académico de la U. de Chile detalla que fue «poco a poco transitando en mi propia posición sobre la materia. Cambia más o menos fuerte cuando ya empiezo a tener contacto directo con las organizaciones de las trabajadoras sexuales, con los sindicatos o con los materiales que recopilan el trabajo realizado por otras investigadoras con los sindicatos».
En ese sentido, Pablo Aguayo-Westwood considera que un marco de análisis adecuado para esta materia es la teoría de la justicia de la filósofa estadounidense Nancy Fraser, que propone un modelo tridimensional de redistribución económica, reconocimiento social y participación política, ofreciendo una aproximación multidimensional a una de las cuestiones más controvertidas de la discusión jurídica y política contemporánea: el trabajo sexual.
«No es que uno promueva el trabajo sexual, que es la crítica habitual. No creo que alguien quiera promoverlo. Lo que uno busca, a largo plazo, es que deje de existir. Sin embargo, en lo inmediato, la mejor respuesta no es prohibirlo ni castigarlo, porque eso termina generando una doble victimización de la trabajadora sexual, que ya es víctima de condiciones iniciales de desigualdad material y económica», alerta el académico.
«Yo no tengo una respuesta», añade. «El artículo no ofrece una respuesta única, sino que manifiesta las dificultades de cada una de las posiciones y trata de mostrar que una de estas posiciones, en lo inmediato, parece ser mejor que las restantes», sentencia.
Sobre la posición en Chile, detalla que su discusión está estancada en el Parlamento desde hace más de 11 años, aunque apunta más hacia la sanción de este trabajo.
«Existe una extraña confluencia en una opinión que comparte tanto el feminismo progresista como las posiciones más de ultraderecha conservadora. Esto se dio también en la discusión sobre la gestación por subrogación, que está apoyada desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano», indicó el profesor de la U. de Chile.
Desigualdad social
Hay quienes señalan que el trabajo sexual no existiría si quienes lo ejercen tuvieran estabilidad económica.
Sin embargo, Aguayo-Westwood asegura que «el contraargumento a esto, que es superinteresante y que aparece en el libro ‘Prostitución / trabajo sexual’ de Diana Maffía, señala que las trabajadoras sexuales dicen que es verdad que las condiciones sociales materiales hacen difíciles estas decisiones, pero esto le ocurre a toda la clase obrera, no solamente a las trabajadoras sexuales, sino que a la mujer que tiene que limpiar los pañales de los abuelitos, ella tampoco decide, la mujer que tiene que dedicarse al servicio doméstico, tampoco lo decide».
«No es un argumento en contra del trabajo sexual, es un argumento en contra de que se ejerza cualquier trabajo en el cual la mujer particularmente no lo decida. Y el ejemplo máximo de esto, que lo pongo en clases, son las trabajadoras del aseo puertas adentro, las trabajadoras del hogar puertas adentro, que constituye una especie de esclavitud del siglo 21», enfatizó.
«Nadie podría sostener seriamente que una mujer decide libremente dedicar su vida a trabajar para otra familia de lunes a sábado, durante toda la jornada. Si bien es cierto que las condiciones materiales dificultan considerar estas decisiones como plenamente libres, ese argumento no se limita al trabajo sexual. También podría aplicarse a muchas otras ocupaciones desempeñadas por personas de la clase trabajadora, como quienes recogen la basura o cuidan a personas mayores», argumentó el profesor.
En base a lo anterior, el experto comenta que «las propias trabajadoras sexuales se preguntan por qué existe un interés tan particular en retratarlas a ellas como si no eligieran, mientras ese mismo cuestionamiento no se extiende a otros trabajos realizados bajo condiciones similares».
«Cuando está prohibido el trabajo sexual, las condiciones de precariedad del ejercicio son peores que cuando está permitido. Cuando está prohibido, las trabajadoras, por ejemplo, no pueden tener una cuenta corriente, no pueden tener acceso al mercado, no pueden demostrar que tienen recursos para arrendar un departamento para ejercer su trabajo», enumera el investigador.
«Entonces, en general, cuando está prohibido, las mafias, los proxenetas actúan de una manera mucho más fuerte que cuando está permitido y cuando está legalizado. Cuando está legalizado, entonces esas trabajadoras, por ejemplo, pueden sindicalizarse, tienen acceso a la seguridad social en los países desarrollados, acceso a la salud, acceso al crédito», remarcó Aguayo-Westwood.
Las miradas del feminismo
Sobre la mirada del feminismo en la materia, el académico del Departamento de Ciencias del Derecho revela que «mi interés también ha sido mostrar que dentro del feminismo hay diferentes posiciones».
«No hay un feminismo, hay varios feminismos, y en esta variedad también hay diferentes posiciones sobre el debate. Las más clásicas son las posiciones abolicionistas y, en el otro extremo, las posiciones que defienden la autonomía de las trabajadoras sexuales y la posibilidad de organizarse entre ellas para defender sus propios derechos y que no otras hablen por ellas», planteó.
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