Capítulo 5 – El recluta
En enero de 2015, poco después de cumplir trece años y de trasladarse a la casa de su vecina, el estilo de vida de Emerson Zamorano cambió radicalmente. Seguía siendo un niño, pero ya no deambulaba entre los pasillos de un mall. Ahora cumplía un rol dentro de una banda de narcotraficantes en la población La Pincoya, liderada por dos hermanas: Johanna Morgado y Vanessa Díaz.
Carola Ortiz, su madre, presenció esa transformación. En las mañanas, cuando salía de su casa, solía encontrarse con su hijo parado en uno de los accesos del pasaje El Olivillo. “Se amanecía en la calle, siempre con la misión de vender la merca de ellas”. Allí, de punto fijo en una esquina, Emerson comercializaba la droga. En un banano, que colgaba cruzado en su pecho, guardaba papelillos con pequeñas cantidades para transacciones rápidas. Una tarea que cumplía por $ 10.000 diarios. El consumo de marihuana y pasta base, junto con los regalos, como zapatillas y ropa, eran un beneficio aparte.
—Al Emerson le gustaba la vida de traficante, se juntaba con otros cabros a fumar. Tenía todo en bandeja, le regalaban las cosas —dice su madre.
En el mundo del narcotráfico los soldados son el rango más bajo dentro de la estructura jerárquica. Sus funciones son simples: defender el territorio de ataques de otras bandas, alertar sobre la presencia de carabineros en el sector, portar y vender drogas en pequeñas cantidades. Labores mínimas, pero con un alto riesgo para su integridad personal o de ser detenidos por la policía.
En Latinoamérica, suelen ser captados por grupos criminales desde los trece años. Las bandas les ofrecen un espacio de socialización, una identidad y un sentido de pertenencia que suelen estar ausentes en su entorno. También buscan la protección que los traficantes les brindan frente a la violencia y presiones que sufren, muchas veces en sus propias familias. Uno de los factores más determinantes de la atracción de las pandillas a ojos de los menores de edad son los sentimientos de exclusión y frustración.
En El Olivillo, las hermanas Johanna Morgado y Vanessa Díaz supieron identificar esos vacíos. De su parte el interés primordial para reclutar menores de edad como soldados era que estaban exentos de responsabilidad penal.
En Chile, los jóvenes mayores de catorce y menores de dieciocho años que cometen delitos son procesados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), por la que no reciben penas privativas de libertad. Dependiendo del delito o falta, se les aplican sanciones como asistir a programas de intervención y reinserción social. En los casos más graves son internados provisoriamente en un centro de menores. Y solo en 2023 se modificó la ley para incluir una agravante por utilizar a niños, niñas o adolescentes en la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas.
Sin embargo, según expertos, esas sanciones no son suficientes para separar a los menores de las bandas, ya que aun estando en un programa de protección del Estado siguen insertos en los barrios dominados por las drogas y la delincuencia, y suelen escaparse de los centros de internación para regresar con los grupos de traficantes.
Al momento de ser reclutado por su vecina Emerson cumplía con todos los requisitos para ser un soldado: llevaba dos años sin acudir al colegio, vivía en un ambiente rodeado de tráfico y en su familia existía todo tipo de carencias. En la banda había una oportunidad de surgir y de tener un círculo que lo apoyara.
Jason recuerda cómo su hermano se transformó en un soldado.
—Se convirtió en otro Emerson, uno distinto. Siempre estaba parado en la esquina, vendiendo. Lo veía mal, drogado, a veces tirado en la calle y sin zapatillas. Consumía mucha pasta base. Me daba lástima verlo, pero aprendí de eso. Me di cuenta de que nunca tenía que meterme en cosas así.
—¿Conversabas con él?
—No, ya no le gustaba hablar conmigo. Ni se me acercaba, se alejó.
—¿De ti?
—Se alejó de todos.
Carola intentó convencer a su hijo de que volviera a vivir con ella. Pero las drogas y los regalos lo tenían cautivado.
—Después de que se fue, el Emerson se sentía con más autoridad. Me trataba mal, me decía “cállate, vieja loca” o me gritaba otras cosas. Con mi familia hicimos todo lo posible para sacarlo de ahí, pero no pudimos. Ella hacía escándalos, nos amenazaba. Teníamos las medias peleas, saltaba altiro a atacarnos. Como eran narcos, venían en patota a amenazarnos.
—¿Qué tipo de cosas intentó para que regresara su hijo?
—Le hablaba al Emerson, conversaba con él. Le decía que escuchara al Señor.
—¿Y con su vecina?
—También conversé con ella, y en buenos términos. Le dije: “Vanessa, sabes qué, mira, te quiero pedir un favor. Saca a mi hijo de ahí, que no vaya más a tu casa”. Ella me respondió: “No, si el Emerson está bien conmigo”. Le regalaba zapatillas, ropa, hasta una moto le dio. Ella compró a mi hijo y él también le daba el favor. Si no lo hacía, le pegaban o le quitaban la droga.
Carola denunció a su vecina con los profesionales del PEC Recoleta, donde todos sus hijos seguían inscritos por orden del tribunal de familia, tras ser denunciada por vulneración de derechos. En abril de 2015, cuando Emerson llevaba cuatro meses viviendo con Vanessa, el PEC Recoleta emitió un informe sobre la situación de la madre y sus hijos. Explica que realizaron diversas actividades para fortalecer los vínculos con Emerson y sus hermanos. Los invitaron a talleres de fútbol, salidas a parques, piscinas y visitas al Zoológico. Toda la documentación fue enviada, una vez más, al Centro de Medidas Cautelares.
“Emerson, durante enero y febrero, no asiste a ninguna de las actividades a las que ha sido invitado. En el contexto de visita domiciliaria, tampoco ha sido posible tomar contacto con él. Esto se debe a que el joven se encontraría viviendo con una vecina, la cual se dedica al tráfico de drogas. Al intentar tomar contacto con él, en dicho espacio, el joven huye de los profesionales. La madre cuenta que ha intentado ir a buscar al joven, sin mayores resultados”.
Entre sus conclusiones, el PEC Recoleta recomendó mantener a Carola y sus hijos en el programa. También, “con carácter de urgencia, la evaluación para desintoxicación de Emerson en el Hospital de Niños Roberto del Río”. En respuesta a la denuncia contra Vanessa, el tribunal de familia solicitó una orden de búsqueda a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la Policía de Investigaciones. El ingreso de Emerson al hospital nunca se concretó.
A comienzos de junio el PEC Recoleta envió un nuevo informe a la magistrada Jessica Arenas. Se volvió a mencionar que Emerson se encontraba en la casa de su vecina y que ya no asistía a clases, porque “optó por la inscripción en modalidad de exámenes libres”. También se reiteró la denuncia contra Vanessa Díaz. “Se gestiona con Carabineros comunitarios para lograr sacar al joven del domicilio de la vecina e indagar en su nivel de consumo y/o las actividades [en] que puede ser utilizado Emerson”.
El martes 16 de junio, dos semanas después del último informe, Vanessa y Emerson acudieron voluntariamente al edificio de los tribunales de familia en Santiago. A las 14:10, en la Sala 3 del Centro de Medidas Cautelares, la magistrada Paulina Roncagliolo realizó una audiencia no programada en la que Vanessa, de veintisiete años, solicitó el cuidado provisorio de Emerson, de trece.
Según el registro de la audiencia, “el adolescente llegó el 24 de diciembre de 2014 al domicilio de la vecina, con hambre y descalzo, proporcionándole ella un hogar, no pudiendo mandarlo al colegio en el que estaba, Centro Educacional Huechuraba, porque la madre no le entrega los documentos. También agrega que la requerida, cada vez que ve a su hijo, le grita que lo quiere internado. La compareciente quiere que se le otorgue el cuidado provisorio del menor de edad y el adolescente está de acuerdo con esto, señalando que está bien con su vecina”. Al preguntarles por el consumo y venta de drogas, ambos lo negaron.
Después de escucharlos, la jueza y una consejera técnica revisaron el historial del niño. En el sistema, Emerson registraba decenas de audiencias por vulneración de derechos y evaluaciones de los programas de intervención a los que nunca asistió y donde no cumplió con los objetivos. En su carpeta judicial también se encontraban los últimos informes del PEC Recoleta, enviados al mismo tribunal de familia, que incluían las denuncias contra Vanessa.
Frente a todos estos antecedentes, Paulina Roncagliolo le concedió los cuidados provisorios de Emerson, durante cuatro meses, a Vanessa. También decretó mantener al niño en el PEC Recoleta y dejó sin efecto la orden de búsqueda de la Brisexme.
Según el acta, la audiencia completa duró diez minutos. En ese lapso Carola perdió los cuidados legales de su hijo. Todo el proceso se realizó sin su presencia en el tribunal y sin escuchar su versión.
—Ella le mintió a la jueza porque la Navidad el Emerson la pasó conmigo. Al principio no entendía qué había pasado, pero después todos me preguntaban: “¿Por qué la jueza te quitó a tu hijo sin tu autorización?”. Ni siquiera mandó a una asistente social a mi casa para ver el caso.
—¿Por qué cree que la magistrada tomó esa decisión?
—Como el Emerson andaba bien arreglado, con zapatillas Nike, la jueza vio su presencia y listo. Pero no vio lo que ella tenía en su corazón ni sus intenciones.


