Amnistía Internacional: Altos mandos de Carabineros estuvieron al tanto sobre violaciones de DD.HH. durante el estallido

En su informe final sobre la situación de protestas en Chile, Amnistía Internacional concluyó que los altos mandos de Carabineros deberían ser investigados por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social.

En el documento “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, la organización presenta un completo análisis de la la actuación de los oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019.

En dicho informe, Amnistía Internacional considera que la violación del derecho a la integridad personal de las personas que manifestaron durante el estallido social no podría haber tenido el carácter de generalizada» si los jefes y los superiores, sean estos pertenecientes a Carabineros o a otras áreas del gobierno, hubieran ejercido un correcto control sobre sus subordinados«.

En su análisis , la ONG llegó a la conclusión de que hubo un patrón reiterado de actuación indebida donde se celebraron manifestaciones y  que «los mandos habrían omitido deliberada (o al menos culposamente) su responsabilidad de evitar que se produjeran daños a la integridad física de las personas».

“Es decir, si no ordenaron su comisión, como mínimo, se habría tolerado o se habrían dado órdenes que tácitamente permitieron la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional como la tortura”, plantea el informe.

Asimismo, establece que toda muerte arbitraria o daño a la integridad personal debe ser debidamente investigada por las autoridades civiles, y se debe además explorar, entre otras cosas, la posible responsabilidad penal individual, disciplinaria y administrativa de los jefes y otros superiores con respecto a dichas violaciones, cuando fueron cometidas por
sus subordinados.

Conocimiento de las violaciones de DD.HH.

En su análisis, la ONG pudo constatar que los oficiales superiores de Carabineros, «tenían o debían tener conocimiento de las violaciones que estaban ocurriendo día tras día«, ya que pudieron recibir información por diversas fuentes.

Una de las fuentes externas son  las redes sociales y medios de comunicación, que  estuvieron plagados de información sobre posibles violaciones de derechos humanos a manos de personal de Carabineros.

“La Unidad de Derechos Humanos de Carabineros confirmó, en una reunión con Amnistía Internacional, que una parte (muy reducida) de los sumarios se abrieron de oficio tras identificarlos en fuentes abiertas”, indicó el informe.

 Además del acceso a este tipo de información masiva, aunque no verificada, Carabineros tuvo acceso a datos de dos organismos cuya información era clave y fiable: el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Fiscalía Nacional.

“Carabineros y el INDH mantuvieron cierta colaboración durante la crisis, en la que el INDH envió las denuncias judiciales que estaba presentando contra funcionarios de la institución, con base en las cuales Carabineros habría abierto investigaciones administrativas posteriores”, recordó la ONG.

Asimismo, planteó que la Fiscalía Nacional fue otra fuente externa a través de la cual Carabineros pudo obtener conocimiento sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos que se estaban realizando contra miembros de la institución.

“El 14 de noviembre, la Fiscalía Nacional solicitaba formalmente información al general director de Carabineros con el fin de optimizar la función de persecución penal. En concreto pedía la descripción específica de las municiones utilizadas, la normativa aplicable respecto a la identificación de los agentes, detalles sobre las unidades operando en el territorio y tipo de armamento, así como normativa sobre uso de cámaras go-pro y uso de la fuerza”, recordó el  citado informe.

También se hace mención a las estadísticas de la Fiscalía que revelan que para el 30 de noviembre de 2019, había 5.558 investigaciones en curso sobre posibles violaciones de las fuerzas de seguridad en el contexto de la crisis, incluyendo 4.170 investigaciones sobre posibles violaciones cometidas por Carabineros.

“Estas cifras, que en muchos casos habrían sido comunicadas a Carabineros directamente por los oficiales del Ministerio Público o la PDI, dejan en claro que los oficiales superiores de Carabineros sabían o deberían haber sabido que las fuerzas bajo su control estaban cometiendo posibles violaciones de los derechos humanos que acumulaban como posibles delitos a nivel penal”, subrayó Amnistía Internacional.  

Fuentes internas

Además de las fuentes externas, la información sobre posibles violaciones de derechos humanos también habría estado a disposición de los oficiales superiores de Carabineros a través de múltiples canales internos, como es el caso la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, que tiene a su  cargo la dirección, control y coordinación de los servicios policiales del país a través de la asesoría de varios departamentos como el Departamento de Operaciones Policiales (O.S.1)

Según el documento electrónico 103879764 emitido por el director de orden y seguridad (DIOSCAR), el 20 de octubre de 2019, las unidades territoriales tenían la obligación de proporcionar a O.S.1 la siguiente información cada vez que ocurran incidentes: información sobre “detenidos”, “civiles lesionados”, “carabineros lesionados”, “daños particulares”, “daños a la locomoción colectiva”, “daños a los vehículos fiscales”, “armas incautadas“ y el consumo de “disuasivos” tales como “escopeta antidisturbios, carabina lanza gases, granadas CS, etc, adicional a información general sobre el incidente en particular.

«Es decir que DIOSCAR tenía acceso a una plétora de información de los incidentes que estaban teniendo lugar a nivel operativo, incluyendo información sobre los heridos, el uso de escopetas y por lo tanto potenciales violaciones de derechos humanos», destacó el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”,

Amnistía Internacional también tuvo acceso a copias de los informes diarios facilitados por el Departamento de Análisis Criminal a los oficiales superiores de Carabineros con la información recopilada por O.S.1, donde se ofrecen datos precisos sobre las lesiones contra civiles y las posibles violaciones de los derechos humanos que se producían en todo el país.

Al respecto, la ONG citó el informe 288 sobre “Eventos de alteración al orden público”, el cual señala que para el 19 de noviembre el número total acumulado de personas civiles lesionadas en todo el país, según sus propios registros, era de 1.011, de las cuales al menos 208 se clasificaron como gravísimas, graves o menos graves.

Sin embargo, la cifa de Carabineros era muy inferior a la cifra de heridos totales  (11.054 )que había contabilizado el Ministerio de Salud para el mismo período.

Esta diferencia responde a que su sistema de registro se habría basado principalmente en los heridos por observación y los reportes de los oficiales operativos en las zonas territoriales

 No obstante, Amistía Internacional  dejó claro que “ si bien las cifras eran muy inferiores a las reales, eran suficientes para asumir que la situación era crítica”.

La organización también señaló que el Departamento de Reclamos y Sugerencias de Carabineros es otro de los órganos internos por el cual los particulares pueden denunciar la mala conducta de los funcionarios de Carabineros e indicó que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, esta instancia recibió 351 denuncias sobre la conducta de la policía en el contexto de la crisis.

“Entre ellas figuraban quejas relacionadas con el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de Carabineros, específicamente en relación con el uso de escopetas y gases lacrimógenos contra la población”, subrayó.

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