Blindar derechos frente a quienes quieren retroceder

Por Daniella Cicardini Milla y Carolina Tello Rojas, diputadas de la República

La discusión sobre los derechos reproductivos en Chile dejó hace mucho de ser un debate técnico. Hoy es un debate político en el sentido más profundo: define qué modelo de sociedad defendemos y si estamos dispuestos a tolerar que la vida y la dignidad de mujeres y niñas se conviertan nuevamente en terreno de disputas ideológicas.

Cuando se aprobó la Ley 21.030 el 2017, consagrando el aborto en tres causales, Chile dio un paso civilizatorio, aunque dolorosamente tardío.

Fue una lucha larga, enfrentada a prejuicios, desinformación y campañas desde sectores políticos que hablan de “defender la vida”, mientras buscaban perpetuar un país donde una mujer podía morir por falta de atención o donde una niña violada debía asumir una maternidad impuesta. Eso no es defensa de la vida, es crueldad. Y ese avance en un derecho tan fundamental no fue un regalo, fue una conquista social y política.

Hoy, esa conquista está amenazada. Lo vimos en la reciente discusión presupuestaria, donde una indicación aprobada en el Senado puso en riesgo la privacidad de las mujeres que acceden a las tres causales. Lo vemos en discursos de sectores de extrema derecha que han declarado su intención explícita de retroceder en derechos ya establecidos por ley. Y lo vemos en la instalación de agendas que, bajo distintos pretextos, buscan restringir libertades y reinstalar controles sobre nuestros cuerpos.

Ante ese escenario, presentar una reforma constitucional no es solo un acto legislativo. Es un acto de defensa democrática. Buscamos que la Constitución establezca el derecho a la salud sexual y reproductiva y garantice las tres causales como una protección mínima e inalterable, más allá del gobierno de turno. Que ninguna administración pueda vulnerar estos derechos mediante glosas, reglamentos o presiones institucionales.

No estamos ampliando causales ni abriendo debates que hoy no existen. Estamos evitando que sectores minoritarios, pero ruidosos, intenten imponer retrocesos que afectan a la mayoría social. Porque cuando hablamos de tres causales, hablamos de situaciones extremas: riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violación. Son circunstancias donde ninguna mujer pidió estar y donde el Estado, por humanidad, tiene el deber de acompañar, no de castigar. Negarse a garantizar estas prestaciones no es una postura moral, es una forma de violencia institucional.

La autonomía reproductiva no es un privilegio, es una condición básica para la igualdad. Así lo han señalado la OMS, CEDAW y el Comité DESC. Blindar estos derechos en la Constitución es un paso necesario para asegurar que no dependan de coyunturas políticas ni del vaivén electoral.

Chile necesita estabilidad en sus derechos fundamentales. Necesita un Estado que respete la libertad de conciencia y que permita decidir sin imposiciones morales ajenas. Necesita, finalmente, que quienes nunca vivirán estas situaciones no pretendan legislar sobre el dolor de otros.

Hoy defendemos algo simple y profundamente político, y es que en Chile ninguna mujer ni niña vuelva a estar a merced del fanatismo, la indiferencia o la ideología. Esta reforma constitucional es un compromiso claro. No retrocederemos un solo paso en los derechos que tantas luchas nos costaron. Porque la dignidad de las mujeres no está en disputa.

Daniella Cicardini Milla y Carolina Tello Rojas, diputadas de la República.-

El Ciudadano / Foto Portada: @namaspau (Revista Cavila)