Por Natalia Reyes Inostroza
Durante los próximos cuatro años, Chile definirá si la igualdad de género será un compromiso efectivo del Estado o continuará siendo un adorno retórico de la agenda política. Las mujeres llegan a este nuevo ciclo en una paradoja evidente: existen más normas, programas y promesas, pero la vida cotidiana sigue marcada por precariedad laboral, sobrecarga de cuidados y violencia, que afectan con mayor fuerza a las más pobres, migrantes y otros grupos históricamente excluidos.
El primer desafío es garantizar la autonomía económica. Las brechas salariales y la segregación ocupacional permanecen, y el empleo informal se concentra en hogares donde las mujeres asumen la mayor parte del cuidado de niños, personas mayores y dependientes. Sin ingresos propios y con trayectorias laborales interrumpidas, cualquier promesa de igualdad se vuelve frágil. El próximo gobierno deberá reconocer que reducir brechas, fortalecer la fiscalización y considerar el impacto de los cuidados en la seguridad social es condición básica para que las mujeres puedan ejercer plenamente su ciudadanía.
Los cuidados dejaron de ser un asunto estrictamente privado. Chile envejece, las familias cambian y las redes informales se debilitan, mientras la organización institucional sigue descansando, en la práctica, en la disponibilidad gratuita del tiempo de las mujeres. Avanzar hacia un sistema de cuidados requiere infraestructura, corresponsabilidad efectiva y marcos laborales que no penalicen la parentalidad, entendiendo el cuidado como inversión social y no solo como gasto.
Avanzar hacia un sistema de cuidados requiere infraestructura, corresponsabilidad efectiva y marcos laborales que no penalicen la parentalidad, entendiendo el cuidado como inversión social y no solo como gasto.
La violencia de género permanece como un problema persistente que no se resuelve únicamente con normas penales. Se necesita articular prevención, educación, acceso a justicia y reparación, con presencia territorial suficiente y especial atención a niñas, adolescentes y mujeres mayores. Ninguna mujer debería enfrentar la disyuntiva entre su estabilidad económica y su seguridad personal.
También sigue pendiente consolidar los derechos sexuales y reproductivos en la práctica cotidiana. Persisten brechas en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en información oportuna y en condiciones que permitan decisiones libres e informadas sobre el propio cuerpo, especialmente en contextos de pobreza o ruralidad. En un país con desigualdades territoriales profundas, hablar de derechos sin asegurar acceso efectivo equivale a aceptar ciudadanas con márgenes de decisión desiguales.
Por último, será crucial avanzar hacia una participación equilibrada de mujeres en los espacios de decisión, tanto públicos como privados. A pesar de los avances, la presencia femenina en altos cargos políticos, empresariales y gremiales sigue siendo menor, y los techos de cristal persisten. Fortalecer la paridad y abrir espacios de liderazgo en áreas estratégicas (como transición ecológica, tecnología o economía del cuidado) es indispensable para que las políticas incorporen de manera estable la experiencia y las prioridades de las mujeres.
Más allá de nombres propios, el debate central es si Chile está dispuesto a reorganizar su economía, sus instituciones y su vida social para que las mujeres no sigan sosteniendo el país con trabajo poco visible y costos personales desproporcionados. Ese es el desafío que el próximo período de gobierno tendrá que enfrentar con datos, realismo y voluntad de largo plazo.
Por Natalia Reyes Inostroza
Abogada
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
