Cierre de Punta Peuco es un hecho: Gobierno confirma traslado de violadores de DDHH

Este domingo, Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, confirmó la modificación del estatus del Penal Punta Peuco anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la pasada Cuenta Pública.

La reforma, que tiene por objetivo terminar con el trato especial a condenados por violaciones a los derechos humanos (DDHH), fue anunciada en el discurso presidencial. En la instancia, el mandatario indicó que se cerrará el penal “tal como se le conoce”, aunque no precisó el calendario para su clausura.

No obstante, desde el Ejecutivo ya se han emitido señales concretas respecto al rumbo que tomará esta decisión.

En entrevista con Estado Nacional, el ministro de Justicia y DDHH declaró que no existe justificación para mantener una cárcel destinada únicamente a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. “Eso no tiene justificación y está al margen de lo que debiéramos hacer en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales”, señaló.

Por otro lado, Gajardo añadió al respecto que no solo hay componentes éticos y simbólicos, sino que además existen razones de carácter práctico. “Un penal exclusivo para este tipo de reos limita la capacidad de Gendarmería para gestionar de forma eficiente el sistema penitenciario”, declaró. 

Respecto al futuro de los reclusos que actualmente están internos en Punta Peuco, el ministro precisó que se llevará a cabo una evaluación caso a caso para definir su traslado a cárceles comunes, agregando que “el objetivo es claro: no más cárceles especiales para violadores de Derechos Humanos”.

Cierre de Punta Peuco y el recuerdo del Penal Cordillera

Por otro lado, Gajardo evocó que los fundamentos planteados actualmente por el Gobierno coinciden con los presentados por el expresidente Sebastián Piñera en 2013, cuando resolvió cerrar el Penal Cordillera.

“Son prácticamente los mismos argumentos. No es una decisión ideológica, es una medida necesaria en términos de justicia y gestión penitenciaria”, señaló. 

Por último, el ministro explicó que la medida se sustenta en tres pilares principales: afecta el principio de igualdad ante la ley, dificulta una gestión eficiente de los centros penitenciarios y constituye un riesgo para la seguridad del sistema carcelario.