Consuelo Contreras sobre los $160 millones para defender a Carabineros en tribunales: “Es injusto que la plata de todos los chilenos se utilice para este tipo de cosas”

Preocupación e indignación ha producido la reciente salida a la luz del aumento de los presupuestos de los últimos seis años dirigidos a la protección judicial de Carabineros, debido a que la institución concentra el 93% de las 2.520 querellas presentadas por el INDH por violaciones a los derechos humanos posterior a la revuelta.

De este porcentaje, 1730 querellas son por apremios ilegítimos, 460 por torturas, 101 por violencia innecesaria, 35 por homicidio frustrado, 5 por homicidio y una por violencia innecesaria con resultado de muerte.

De acuerdo con información obtenida vía Transparencia por BioBioChile., en la actualidad, la Dirección de Justicia de los uniformados, representan a 895 funcionarios en ejercicio y solo a uno en retiro de la institución. Sin embargo, la cifra de procesados históricamente es mucho más alta, y esta ha ido en ascenso desde 2015, y con ello, el presupuesto fiscal invertido en la institución.

Esta dirección cuenta con 3 oficinas encargadas de llevar los distintos casos: J1,J2 y J3.

El departamento J1, liderado actualmente por el general Jaime Elgueta,quien fue ascendido tras la salida de Mario Rozas y, paralelamente, se convirtió en ministro de la Corte Marcial, con lo que recibe una asignación de poco más de 2 millones de pesos mensuales, que se suman a su remuneración de más de $4 millones ($4.676.089).

Por su parte, J2 es la oficina compuesta por los abogados defensores de los funcionarios acusados, mientras que la oficina J3 trata los casos de investigación administrativa, donde también les otorgan abogados especiales a los procesados.

160 millones de pesos en la defensa de carabineros

Desde la Dirección de justicia, se expuso a través de transparencia que en 2020 el presupuesto destinado para defender a funcionarios ante la justicia se alzó a los $29,2 millones de pesos, con casi 900 funcionarios representados por la institución, entre los que se encuentra el exgeneral director Mario Rozas es representado por el Departamento J2.

Según se desprende de los datos recabados, en 2015 el presupuesto fue de 30 millones; en 2016, los números subieron a $43 millones para defender a los responsables del desfalco de Carabineros, más conocido como Pacogate, En 2017 se desembolsaron $28,7 millones; $16,2 millones en 2018; y $13,4 millones en 2019.

Estos montos dan un total de $160 millones de pesos empleados en la defensa a funcionarios que cometieron crímenes de desfalco, narcotráfico, apremio ilegítimo y violaciones de derechos humanos, entre otros.

De hecho entre 2019 y 2020, justo después del estallido, se registró un aumento del 117,5% en el presupuesto destinado a la Dirección de Justicia.

Convenio con la Defensoría Penal Pública

Otra institución que ha estado protegiendo a funcionarios procesados, pero de rangos más bajos, es la Defensoría Penal Pública, con la que Carabineros habría mantenido una relación informal durante años.

Esta relación se formalizó hace una semana atrás, cuando la Defensoría Penal Pública y Carabineros firmaron un convenio para “fortalecer” la defensa de los funcionarios ante y “afianzar el trabajo coordinado entre ambas instituciones y fortalecer el derecho a la defensa de los Carabineros. Ante la exposición y riesgo que representa la labor propia de ellos”, según lo expuesto en la página oficial de la institución.

La institución ha defendido a cientos de funcionarios en distintas zonas del país, pero uno de los casos más emblemáticos es la defensa del excarabinero Carlos Alarcón, el asesino del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Ley de Reajuste al Sector Público

Sumado a lo anterior, otro respaldo legal que se otorgó a la institución a finales de 2020 se encuentra en la modificación a la Ley Nº 18.713 de Reajuste al sector público, aprobada en el Congreso, la cual en el Artículo 79 agrega nuevas especificaciones a la Dirección de Bienestar de Carabineros, la que entrega polizas para asegurar la defensa de los funcionarios procesados:

“La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones del personal con cargo al patrimonio señalado en el artículo 2 de esta ley. Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”, establece.

“Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”, agrega.

Este nuevo seguro legal para los funcionarios les da la libertad de conseguir representantes legales costeados por el fisco. Esta modificación pese a los cuestionamientos de parlamentarios de oposición fue aprobada casi en unanimidad.

Defensa de quienes han cometido delitos contra civiles

La Consejera y ex directora del INDH, Consuelo Contreras Largo, fue categórica y crítica respecto al uso de los recursos fiscales para defender judicialmente a Carabineros.

“Me parece muy injusto que se destinen recursos a defender a personas que han cometido delitos en contra de civiles (…) me parece injusto que la plata de todos los chilenos se utilice para este tipo de cosas. Creo que los funcionarios públicos debiesen pensar más de dos veces antes de actuar y violar derechos consagrados para la ciudadanía», indicó en declaraciones a El Ciudadano.

A juicio de Contreras, esos recursos pueden ser destinados a necesidades más importantes que la defensa de estos funcionarios, “son recursos que se podrían usar en materia de niñez, en adultos mayores, en campañas contra la violencia de la mujer, hay muchos aspectos en donde gastar esos recursos que beneficien realmente a la ciudadanía”.

La trabajadora social con vasta experiencia en derechos humanos condenó la decisión del oficialismo y el Congreso de aprobar la modificación de ley que da mayores recursos y tiempo en defensa a Carabineros, e instó a los parlamentario a a legislar en pro de la defensa de los derechos de la ciudadanía-