Contraloría deja al descubierto a la Tía Rica: 1.681 personas con antecedentes penales usaron el sistema de empeño sin control ni denuncias

Un informe de la Contraloría General de la República dejó al descubierto serias falencias en la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), la conocida Tía Rica: entre 2023 y 2024, 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por $1.507 millones sin que el servicio realizara denuncias ni entregara antecedentes a las autoridades, en un contexto de operaciones reiteradas por montos millonarios y controles internos calificados como débiles.

Qué encontró Contraloría en la Tía Rica

De acuerdo con el Informe N° 400 de 2025, la Contraloría auditó los créditos con garantía prendaria otorgados a empeñantes por la unidad de crédito Casa Matriz –Sucursal San Pablo– de la DICREP, revisando su administración, custodia, liquidación, renovación y el pago de excedentes por remates de prendas de pólizas vencidas, durante los años 2023 y 2024.

En ese marco, el órgano fiscalizador concluyó que la Tía Rica efectuó un “débil control” sobre sus operaciones, al constatar tanto la existencia de usuarios con transacciones altamente recurrentes como de personas con antecedentes penales que empeñaron bienes y no los recuperaron, sin que se activaran mecanismos de alerta ni de denuncia.

La propia Contraloría deja al descubierto a la Tía Rica al señalar que estas situaciones ocurrieron sin haber procedimientos suficientes para verificar la identidad, los antecedentes ni la procedencia lícita de las especies empeñadas.

Operaciones reiteradas por más de $7.000 millones al año

El informe detalla que en 2023 los sistemas del servicio registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, es decir, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones.

En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron $7.290 millones, y con una frecuencia de hasta 230 empeños por persona en un año.

Pese a estos volúmenes y frecuencias, la auditoría concluyó que la DICREP no cuenta con un sistema de alertas para detectar operaciones reiteradas que pudieran requerir revisión adicional o coordinación con otras instituciones.

1.681 personas con antecedentes penales y cero denuncias

Uno de los puntos más delicados del informe es la situación de las personas con antecedentes penales que utilizaron el servicio. La Contraloría detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas.

A pesar de este dato, el organismo señala que la DICREP no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes, a pesar de que la naturaleza de los bienes —que pueden incluir características como número de serie, modelo y estado— los vuelve potencialmente relevantes para investigaciones policiales o penales.

Así, Contraloría deja al descubierto a la Tía Rica no solo por la debilidad de sus controles internos, sino también por la ausencia de coordinación con el sistema de persecución penal en situaciones que podrían tener aristas delictivas.

Falta de control y coordinación con policías

La auditoría también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para:

• Verificar datos personales de quienes empeñan.
• Comprobar la procedencia lícita de los bienes.
• Corroborar de manera robusta la identidad de las y los usuarios.

Además, se determinó que no existe un sistema de alertas para operaciones reiteradas ni mecanismos de coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas contienen información técnica que puede ser útil en investigaciones, como el número de serie, el modelo y el estado de los bienes.

En síntesis, Contraloría describe un entramado donde se otorgan créditos prendarios y se reciben bienes en garantía sin los filtros mínimos esperables para un servicio público que maneja objetos potencialmente vinculados a hechos delictivos.

Medidas ordenadas por Contraloría

Frente a estos hallazgos, la Contraloría General de la República resolvió:

• Instruir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas al interior de la DICREP.
• Remitir el informe al Ministerio Público, para que evalúe las eventuales implicancias penales de los antecedentes recopilados.
• Ordenar a la Dirección General de Crédito Prendario que fortalezca sus controles, tanto en la verificación de usuarios y bienes como en la generación de alertas y coordinación con otras instituciones.

El organismo también informó que estas medidas serán objeto de un seguimiento posterior, con el fin de verificar que la Tía Rica implemente efectivamente los cambios ordenados.

Con este informe, Contraloría deja al descubierto a la Tía Rica en un punto especialmente sensible: su capacidad —o falta de ella— para garantizar que el sistema de empeños no termine siendo un espacio opaco, sin control suficiente sobre quién empeña, qué empeña y qué ocurre con esos bienes cuando nunca son recuperados.