Control biométrico en colegios y Derechos Humanos

Por Hugo Catalán Flores

La noción de “ventana de Overton” ha sido utilizada extensamente para explicar cómo ciertas políticas públicas, inicialmente vistas como impensables o inaceptables, logran convertirse en opciones legítimas o incluso deseables para la opinión pública.

Este desplazamiento suele producirse por la acción de grupos de interés que, aprovechando contextos históricos específicos -crisis, miedos colectivos, incluso eventos catastróficos-, consiguen configurar los márgenes de lo políticamente posible.

Es más que una evolución espontánea, se trata de un proceso de normalización de discursos que prepara a una comunidad para implementar políticas antes indefendibles. Ejemplo inmediato puede ser la militarización de espacios civiles en nombre de la seguridad.

Entre los antiguos militantes del mundo popular esta noción se le denominaba “mover el cerco”, o de modo algo más sofisticado, “tráfico ideológico”.

Parece sorprendente que en torno a una idea como controles en accesos a establecimientos educacionales se puedan estar considerando diversos mecanismos que van desde pórticos detectores de metales, y en un peldaño más en el horizonte del “estado de control policial”, sistemas biométricos con Inteligencia Artificial.

La sorpresa es que estas medidas se debatan, y a pesar de las advertencias de legalidad que han emitido instituciones como la Subsecretaría de Educación, y la crítica del Colegio de Profesores, se esté señalando que desde enero del 2026 en la comuna de Santiago estarán funcionando en regla. La verdad es que cuando un Estado asume como principal motivación la orientación punitiva para enfrentar fenómenos de desorden social, es factible que mecanismos como los que comentamos estén siendo implementados y que a la vez parece que a muy poca gente le perturbe, incluso se dice que se incentivan de forma creciente.

Y más allá de la crítica teórica respecto de la tendencia de los regímenes neoliberales sobre el control de los cuerpos, la complejidad adicional y concreta es que estas medidas se pretenden implementar sobre niños, niñas y adolescentes, a los que se declaran como un eslabón social que debiera tener un trato especialísimo de políticas públicas, por lo mismo la legislación general de nuestro sistema está nominalmente empapada del “interés superior de NNA” como una perspectiva que debe nutrir el debate y la implementación de normas, pero al parecer el esfuerzo por criminalizar la movilización social es más urgente que otras consideraciones sobre garantías y desarrollo de los sujetos a los que se les pretende controlar.

Esta tendencia punitivista es parte de una, a esta altura, larga estela de medidas que tienen en el horizonte la idea del “control de todas las formas de disidencia”, en una sociedad que es arrinconada entre la evidencia efectiva de fenómenos como la delincuencia, y la construcción de un discurso que señala en esa disidencia un antagonista que debe ser reprimido.

En una perspectiva de Derechos Humanos, la utilización de mecanismos de control como los que se están proponiendo están cuestionados desde distintas organizaciones y desde la opinión de profesionales que trabajan con NNA.

En esta coyuntura, estas son iniciativas emergentes, el caso más notorio fue la instalación, en marzo de 2025, de un pórtico detector de metales en el ingreso al Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón en Temuco. La Subsecretaría de Educación multó a la Corporación Municipal sostenedora por infringir normativa, pero de igual forma está en funciones. Al parecer este es el modelo desde el que se pretende regular este tipo de mecanismos, lo que está proponiendo la administración municipal de Santiago es a esta tecnología incorporar reconocimiento facial.

Los fenómenos de violencia escolar en establecimiento son de larga data. Después de la reapertura sanitaria hubo un incremento en la cantidad y violencia, afectando a comunidades escolares en muchos lugares del país. Pero de momento, los estudios sobre este fenómeno no son concluyentes.

Entre 2022-2023 se dio un alza importante en estos eventos (violencia en agresiones físicas y utilización de armas), para que posteriormente bajara en este primer semestre de 2025 a niveles prepandémicos, al parecer nada aún concluyente pero que señalaría sobre la rapidez de tomar medidas generalizadas y estructurales (el 7 de julio la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa en este sentido).

Lo de la Municipalidad de Santiago definitivamente pasa por otra razón, es lisa y llanamente un esfuerzo político por contener expresiones de movilización social, no se ve otra motivación a la amenaza de que en enero se instalarán pórticos y dispositivos de control biométrico, partiendo por el Instituto Nacional y que este sería el primero de otros en la comuna.

Solo para mencionar aspectos críticos que este tipo de medidas tiene en otras latitudes: Consentimiento informado; proporcionalidad y finalidad; efectos educativos adversos; marco legal. El que se implementen iniciativas como la que señalamos será, sin duda, un nuevo retroceso en garantías y derechos ciudadanos pero, además, es una nueva advertencia de la deriva punitiva a que nos están llevando las élites que mueven cada vez más el cerco. 

Hugo Catalán Flores
Colaborador de CODEPU

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