Crisis en Prodemu: trabajadores denuncian impacto por déficit

Un déficit financiero dentro de la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) – que brinda talleres, apoyo y procesos de formación dirigidos a mujeres—encendió las alarmas en el Ministerio de la Mujer. 

Según información de La Tercera, fuentes cercanas al Ministerio de la Mujer, señalaron que al poco tiempo de asumir Judith Marín como ministra de la cartera, llegó a sus manos un informe de entrega de gestión de la organización. En el documento se especificaba las labores realizadas, las prestaciones brindadas, el número de trabajadores, y también un balance de la situación financiera que encendió las alertas de Marín.

Según el escrito, se identificó una deuda que la fundación arrastra desde 2017, como resultado de sobrecostos y rechazados en rendiciones que alcanzan un total de $477.591.566. Cabe destacar que a esta cifra corresponde sumarle otros elementos. 

Entre las deudas detectadas se encuentra una factura impaga por un servicio de telefonía. Además, se dió cuenta de la tramitación de un crédito de $ 500 millones con el fin de hacer frente a la deuda de arrastre. 

De acuerdo con el documento, también se resolvió la firma de contratos colectivos con los Sindicatos 1 y 2 de Prodemu, ambos fechados el 27 de diciembre de 2024, fuera del marco presupuestario. Estos acuerdos, vinculados a convenios con SernamEG e Indap —organismos del ministerio—, no resultaban rendibles, por lo que se anticipó que ambas instituciones rechazarían su rendición para el período 2025. En una primera estimación, el monto asociado a dicho eventual rechazo alcanzaría los $422.876.068.

En esa línea, el escrito revelado por La Tercera señala: “la deuda de arrastre períodos 2017 al año 2024, y su componente proyectado para el período 2025 a partir del análisis financiero señalado, correspondía a un monto de $1.501.688.660. Lo anterior sitúa a la institución en una situación de inviabilidad financiera y operativa, principalmente, por no contar con ingresos propios permanentes de suficiente magnitud para disponer de liquidez y enfrentar dicho déficit. La estructura de sus ingresos para funcionamiento, operación y ejecución de programas y otros gastos de operación es a través de transferencias corrientes y de capital con rendimientos calzados».

Desde la administración anterior señalaron que el problema fue abordado durante el traspaso de mano, e incluso la exministra Antonia Orellana declaró haber dejado un detalle de las gestiones realizadas. Asimismo, aseguraron que desde 2025 Prodemu enfrenta un complejo escenario de sostenibilidad tanto financiera como operativa, marcada por cambios en los criterios de rendición de recursos públicos. 

Cabe destacar que todo esto se origina tras una nueva interpretación de Contraloría sobre qué gastos de personal pueden financiarse con transferencias, dejando fuera beneficios de convenios colectivos que antes sí se cubrían. A ello se suma el aumento de gastos rechazados, una deuda arrastrada desde 2017 y nuevas obligaciones laborales sin respaldo presupuestario.

Frente a esto, la exministra impulsó acciones como solicitar un pronunciamiento a Contraloría y realizar consultas a Dipres para aclarar la rendición de estos gastos en 2025. Sin embargo, no hubo respuesta durante ese año. Desde la exautoridad sostienen que dicha definición es clave para el futuro de la fundación, advirtiendo además que no es un caso aislado, ya que otras carteras enfrentan problemas similares.

Por su parte, la actual ministra Judith Marín calificó la situación como preocupante, convocó a una reunión urgente de directorio y afirmó que se adoptarán medidas para contener el riesgo financiero, el cual —según indicó— proviene de la administración anterior.

En conversación con El Ciudadano, Fabiola Cayla, presidenta del Sindicato de Prodemu, declaró que la crisis financiera que enfrenta la fundación tiene efectos directos y concretos en los y las trabajadoras. En el ámbito laboral, indicó que genera incertidumbre respecto a la estabilidad del empleo de las más de 460 trabajadoras que componen la planta de Prodemu. Además, agregó que a esta situación se suman retrasos en los pagos y un debilitamiento de las condiciones laborales. 

Respecto al ámbito programático, Cayla señaló: “La situación pone en riesgo la continuidad de talleres, coberturas territoriales y procesos formativos, afectando especialmente a las mujeres más vulnerables del país, que son el público objetivo de la Fundación y que dependen de estos espacios para avanzar en su autonomía económica”. 

La dirigenta explicó que tienen planificado trabajar con 50 mil mujeres en el transcurso del año, a esto se le suma otras 3 mil del programa mujeres rurales, por lo que la crisis genera un gran impacto en las mujeres participantes. Cayla fue enfática en declarar que “no se trata solo de un problema institucional, sino de un impacto social profundo”. 

Respecto a los contratos colectivos, desde el sindicato fueron tajantes al rechazar que la responsabilidad recaiga en las y los trabajadores, mientras las decisiones corresponden a la administración. 

“Los convenios colectivos son el resultado de procesos de negociación legítimos e históricos entre las trabajadoras y la institución. Nuestro contrato colectivo tiene 29 años de historia, por lo tanto, no es un elemento nuevo ni imprevisto dentro de la estructura de funcionamiento de la Fundación”, señaló Cayla.

En esa línea, la dirigenta explicó que se trata de derechos laborales básicos, desarrollados a lo largo del tiempo y oficialmente reconocidos. Para Cayla, si es que existen desajustes presupuestarios, estos deben ser analizados desde la gestión institucional y los mecanismos de financiamiento, no como una crítica al ejercicio del derecho colectivo.

Además, el sindicato indicó que es “importante precisar que los contratos colectivos vigentes de ambos sindicatos, fueron firmados por la administración de turno en antecedentes de que el convenio de ejecución con SernamEG, por primera vez, excluye la posibilidad de rendir estos beneficios dentro del marco presupuestario. Es decir, se adoptó una decisión administrativa con pleno conocimiento de compromisos laborales adquiridos”. 

Al ser consultados sobre si la responsabilidad recae en la administración anterior o es más bien un problema estructural, la organización señaló que existen responsabilidades en ambas dimensiones:

“Puede haber responsabilidades administrativas que deben investigarse, pero también existe un problema estructural: el modelo de financiamiento de fundaciones públicas como PRODEMU es inestable fuera de la estructura que lo sostenía originalmente (Dirección Socio Cultural De La Presidencia), generando escenarios recurrentes de incertidumbre y crisis ya que no se realizó un traspaso apropiado”, indicaron.

En esa línea, Cayla enfatizó en que en el transcurso de la última administración se adoptaron decisiones políticas que tuvieron impacto directo en la situación actual de la fundación: “En particular, el término de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, impulsado bajo el liderazgo de Irina Karamanos,  implicó el traspaso de PRODEMU al Ministerio en un proceso que, desde nuestra perspectiva, no contó con preparación institucional alguna”, señaló.

La dirigente explicó que el traspaso fue realizado sin una planificación efectiva, sin ajustes administrativos previos, sin validación ni aprobación oportuna de los programas, y sin una etapa de transición o “marcha blanca” que permitiera una integración real.

“Como trabajadoras y trabajadores,  vemos con preocupación cómo a su vez el nuevo gobierno pese a la insistencia de nuestra organización sindical, simplemente no ha abierto dialogo para abordar esta situación que venimos alertando desde hace ya bastante tiempo y así hoy por primera vez en 35 años de historia, la primera institución en Chile desde el retorno a la democracia en trabajar con las mujeres, se queda sin sueldo para sus trabajadoras y sin recursos para la ejecución de la oferta programática”, agregó. 

Por último, desde el sindicato, exigen el pago íntegro de las remuneraciones y el respeto a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas vigentes. Además, demandan no interrumpir los programas para mujeres, advirtiendo su impacto en las más vulnerables y en su autonomía.

“Como trabajadoras y trabajadores con más de 35 años de historia en PRODEMU, nos preocupa profundamente no estar llegando hoy con una oferta que sabemos es necesaria para su autonomía y desarrollo”, señaló Cayla al respecto.

Además, desde el sindicato consideran fundamental tener una participación efectiva de las y los trabajadores en todos los procesos de reestructuración de la fundación: “Nadie conoce mejor la operación, el territorio y el impacto de los programas que quienes los ejecutamos día a día”.

Finalmente, el sindicato exigió que el Estado garantice la continuidad del rol público de la fundación, asegurando que la institución siga cumpliendo su función histórica en la promoción de la  autonomía de las mujeres.