Cuando el Estado se vuelve juez y parte, denunciar tiene costo

Por Claudio Reyes Durán

Soy profesor del sistema público y hoy enfrento una situación que revela una contradicción profunda en la Nueva Educación Pública: el mismo Estado que promueve discursos sobre bienestar laboral y convivencia escolar puede transformarse, en la práctica, en un espacio de desprotección para sus propios trabajadores.

He formalizado una denuncia por acoso laboral amparada en la Ley Karin, una normativa que supuestamente busca garantizar entornos laborales seguros. Sin embargo, el recorrido institucional posterior ha demostrado una falla estructural: cuando el conflicto involucra jerarquías internas, la respuesta del sistema tiende a cerrar filas antes que a investigar con transparencia.

Tras solicitar una reunión formal con el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, para exponer los antecedentes y resguardar mi situación laboral, se me informó que la dotación docente ya había sido revisada en conjunto con la dirección del establecimiento y que la decisión se encontraba validada. Aquello ocurrió sin una instancia de análisis independiente, sin revisión de antecedentes administrativos previos y sin que se me otorgara la posibilidad de ejercer mi derecho a ser oído. En la práctica, el organismo llamado a garantizar control y resguardo institucional terminó ratificando una determinación adoptada por la misma estructura involucrada en el conflicto. No se trata de un detalle procedimental: es una señal preocupante de una institucionalidad que debilita el debido proceso y prioriza la autodefensa burocrática por sobre la protección efectiva de sus trabajadores.

No se trata únicamente de un perjuicio personal —que incluye desplazamiento profesional, desgaste emocional y afectación a la trayectoria laboral— sino de un mensaje político hacia el conjunto del profesorado. Cuando denunciar implica aislamiento, descrédito o castigo administrativo, lo que se instala es una pedagogía del miedo. Y una educación pública basada en el miedo contradice cualquier proyecto democrático.

La Ley Karin, junto con el Estatuto Docente y los principios de protección laboral consagrados en la normativa chilena, reconocen el derecho a trabajar en entornos libres de violencia. Pero la existencia de leyes no garantiza su aplicación efectiva. El problema no es la falta de normas, sino la brecha entre el discurso institucional y la práctica administrativa.

Muchos docentes conocen esta realidad: presiones informales para no escalar conflictos, silenciamiento de denuncias, uso discrecional del poder jerárquico y burocracias que priorizan la imagen institucional por sobre la reparación del daño. Estas prácticas no son anomalías aisladas; son síntomas de una cultura organizacional que aún arrastra rasgos autoritarios heredados del pasado.

La Nueva Educación Pública no puede proclamarse transformadora si reproduce hacia sus trabajadores la misma lógica de abuso que dice combatir en las aulas o en las comunidades educativas. No se puede educar en ciudadanía, derechos humanos y convivencia democrática mientras se normaliza la violencia institucional interna.

Visibilizar estos casos no es un acto individualista. Es una defensa colectiva del derecho de los trabajadores de la educación a ejercer su labor sin temor a represalias. La protección laboral no debiera depender del coraje personal de quien denuncia, sino de garantías estructurales que impidan que las instituciones se protejan a sí mismas antes que a las personas.

Por eso este caso no busca instalar una disputa privada, sino abrir una discusión pública: ¿qué mecanismos reales existen para proteger a los y las docentes cuando el empleador es el propio Estado? ¿Quién fiscaliza a las estructuras que administran la educación pública cuando fallan en su deber de resguardo?

La educación pública solo puede fortalecerse si se construye sobre condiciones laborales dignas y transparentes. Defender a quienes enseñan no es un interés corporativo: es una condición mínima para cualquier proyecto educativo que aspire a la justicia social.

Denunciar no debería ser un acto excepcional de valentía. Debería ser una garantía efectiva.

Por Claudio Reyes Durán

Profesor del Sistema Público. Santiago. Región Metropolitana.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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