Chile: Cuando el regulador pesquero tiene historia

Isadora Reyes Marín, dirección regional Frente Amplio, Valparaíso

Hubo un momento en Chile en que no solo se habló de anular la Ley Longueira. Se legisló sobre aquello. Hubo proyectos, hubo discusión parlamentaria, hubo comisiones y hubo votaciones.

Porque la indignación no era caprichosa: era la reacción mínima frente a una ley que quedó para siempre marcada por la corrupción. No por una sospecha vaga ni por una crítica ideológica, sino por hechos gravísimos que terminaron con condenas por cohecho, fraude al fisco y soborno vinculadas a su tramitación.

El propio mensaje de la nueva Ley de Pesca —la ley que hoy el gobierno de Kast optó por retirar— recordaba esa historia con todas sus letras.

Pero esa nulidad no prosperó. Y ahí quedó claro algo de fondo: la Ley Longueira no se iba a caer sola. Había que reemplazarla. No administrarla mejor, no corregirle los bordes, no intentar domesticar sus efectos más escandalosos. Había que reemplazarla por otra ley, nacida desde otro lugar, con otra legitimidad y bajo otras reglas.

Eso era, precisamente, lo que representaba la nueva Ley de Pesca.

Por eso su retiro no puede leerse como una mera decisión administrativa. Lo que se retira no es solo un proyecto. Lo que se retira es la posibilidad de sustituir integralmente una ley manchada por la corrupción por una ley construida de cara a la ciudadanía. Y esa diferencia importa. Importa mucho. Porque en política no da lo mismo administrar una herencia ilegítima que atreverse a romper con ella.

La nueva ley, además, no nació de una improvisación ni de una cocina entre pocos. Fue un proyecto respaldado por 11 ministerios, construido con cientos de encuentros a lo largo del país, con participación del sector artesanal, la ciencia, las actividades conexas y también la industria.

Luego vino la tramitación legislativa: aprobación unánime de la idea de legislar, sesiones en regiones, cientos de indicaciones parlamentarias y una discusión en comisión que no fue decorativa, sino real. Cerca de 300 artículos quedaron aprobados. Es decir, aquí no hubo un Ejecutivo enviando un texto y un Congreso timbrándolo sin más. Hubo trabajo político, deliberación y apropiación legislativa. El Congreso no fue un buzón.

Y justamente por eso el retiro es tan grave. Porque cuando un proyecto ya ha sido discutido, modificado, tensionado y parcialmente acordado por el Congreso, retirarlo no es solo cerrar una agenda del Ejecutivo. Es desconocer una deliberación institucional ya producida. Es decir que incluso cuando la política democrática avanza, todo puede retroceder si toca intereses demasiado sensibles.

¿Y qué era lo que estaba tocando esta ley? Mucho más que cuotas. Mucho más que guarismos.

La nueva Ley de Pesca empezaba a dibujar otro marco para el sector: la instalación del concepto de transparencia pesquera en todas sus dimensiones, más peso de la ciencia y del enfoque ecosistémico, más herramientas de fiscalización contra la pesca ilegal, una discusión real sobre competencia en la industria —donde las asimetrías también existen—, reconocimiento a pymes y actividades conexas, y un énfasis concreto en seguridad alimentaria a través del fortalecimiento del consumo humano.

Pero además, tocaba algo aún más incómodo: introducía una dimensión social para la pesca artesanal, con instrumentos de apoyo concretos y una lógica distinta a la mera sobrevivencia. No se trataba solo de ordenar el sector. Se trataba de reconocer que ahí también hay derechos.

Ahí estaba el verdadero conflicto.

Porque esa ley no solo corregía aspectos técnicos del sistema; empezaba a discutir el tipo de pacto social, económico y territorial que debía organizar la relación del país con el mar. Empezaba a decir, aunque fuera parcialmente, que no era aceptable seguir teniendo un sistema que produce rentas concentradas para unos y precariedad estructural para otros.

No es casual que esa discusión haya encontrado resistencias tan explícitas durante su tramitación. Hubo sectores que hicieron de su avance un problema, empujando estrategias dilatorias que llevaron la discusión al extremo de revisar artículo por artículo, numeral por numeral.

Y hoy, cuando esa misma ley se retira, las señales que acompañan ese giro —incluyendo la incorporación de equipos vinculados a quienes defendieron activamente el statu quo— no hacen sino reforzar una pregunta que el sector ya se está haciendo.

Por eso no basta con decir que el proyecto tenía problemas. Claro que los tenía. Toda ley de esta envergadura los tiene. Pero para eso existen las indicaciones, incluso sustitutivas; para eso existen las urgencias; para eso existe la conducción política del Ejecutivo. Retirar era la decisión más drástica. Y en este caso, también la más elocuente. Porque retirar no es corregir. Retirar es renunciar a la discusión de fondo.

Y ahí aparece el nuevo subsecretario.

El problema no es que tenga una opinión sobre la pesca. El problema es que, en un sector con la historia que tiene este, quien asume hoy la conducción de Subpesca no llegue despejando dudas, sino ampliándolas.

Porque cuando se retira la única ley que buscaba reemplazar íntegramente el sistema heredado, cuando se clausura una discusión ya abierta en el Congreso y cuando esa decisión queda en manos de una autoridad cuya trayectoria previa dialoga más con la defensa de la estabilidad del sector industrial que con la revisión de fondo del modelo, queda instalada una duda razonable.

Y para el mundo artesanal esa duda no es abstracta: vuelve a instalar la sensación de que su lugar en el sistema sigue siendo secundario. ¿A quién viene a cuidar el nuevo regulador? Esa es la pregunta que queda abierta. No es antojadiza. Es una pregunta legítima. Y también es una pregunta política.

Porque aquí no se estaba discutiendo solo una nueva ley de pesca. Se estaba discutiendo algo más profundo: si Chile iba a seguir sosteniendo el sistema pesquero sobre una ley cuyo origen quedó manchado por la corrupción, o si iba a atreverse, por fin, a reemplazarla por otra construida con participación, deliberación y legitimidad democrática.

Con este retiro, el gobierno ya tomó posición. No eligió empujar una nueva base para el sistema pesquero chileno. Eligió volver a administrar la herencia de la Ley Longueira. Y en un sector con esta historia, administrar esa herencia nunca es neutral.

Isadora Reyes Marín