Defender la universidad estatal en tiempos de radicalización

Por Andrea Mahn y Fernando Ortiz

Chile ha vivido una elección presidencial histórica. El 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast, fue elegido presidente de la República con más del 58 % de los votos, marcando un giro decisivo hacia la derecha en el país después de tres décadas de democracia chilena post-dictadura. Su triunfo frente a Jeannette Jara —candidata de la alianza progresista Unidad por Chile— ha sido interpretado como la victoria más contundente de un candidato de derecha en más de 30 años, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la seguridad, la migración y la economía.

Este desenlace no es un problema menor para las universidades estatales. Representa un desafío profundo para nuestras comunidades académicas, para la defensa de los derechos sociales y para reafirmar el rol de la educación pública como bien común, justo y democratizador.

La victoria de Kast simboliza un punto de inflexión. Tras una primera vuelta fragmentada con ocho candidaturas, el crecimiento de fuerzas políticas conservadoras y su capacidad de articular votos en la segunda vuelta reflejan que Chile, más que nunca, experimenta tensiones sociales intensas. La agenda política se ha desplazado, según mediciones oficiales y análisis independientes, desde derechos sociales y reformas estructurales hacia prioridades ciudadanas como seguridad, migración y orden público. 

Este paisaje se traduce en un nuevo ciclo político que exigirá de la academia no solo análisis riguroso, sino participación crítica en el debate nacional para defender principios democráticos y el acceso igualitario al conocimiento.

Las universidades públicas no son “actores neutrales” en la historia política de Chile. Son espacios de producción de conocimiento que pertenecen al país, no a intereses de mercado. Históricamente han sido semilleros de pensamiento crítico, espacios de memoria histórica y actores clave en la ampliación de derechos sociales.

En un contexto donde el discurso de mano dura puede tender a priorizar seguridad por sobre garantías sociales, la academia estatal debe reiterar que la seguridad y la justicia social no son antagónicas sino complementarias. Debemos insistir en que la solución de problemas estructurales, como inequidad educativa, brechas territoriales y exclusión social, se construye desde el conocimiento colectivo y no desde la exclusión.

La democratización del conocimiento, es decir, hacer accesible y relevante la ciencia, la investigación y la educación pública para todos los sectores del país, debe ser una bandera innegociable de nuestras universidades estatales frente a cualquier agenda política que pretenda restringir capacidades y derechos de nuestros estudiantes y comunidades.

Las universidades estatales enfrentan desafíos presupuestarios que no pueden verse como tecnicismos administrativos. Son decisiones políticas sobre qué y para quién se produce conocimiento, y sobre qué se invierte en formación profesional, investigación y compromiso social.

En este nuevo contexto gubernamental, donde el énfasis puede desplazarse hacia recortes de gasto público para “ordenar las cuentas fiscales”, defender el presupuesto de la educación estatal es defender el futuro del país. No se trata de defender recursos aislados, sino de garantizar estabilidad para planes de estudio, investigación científica, vinculación comunitaria y formación de capacidades para las nuevas generaciones.

Después de años de reformas estatutarias que fortalecieron la participación de estudiantes, académicos y funcionarias/os en la toma de decisiones, las universidades públicas han avanzado hacia formas de gobernanza más democráticas. Este avance no debe retroceder.

En tiempos donde las tensiones políticas externas pueden presionar a nuestras instituciones para que se replieguen o se politicen, es vital mantener modelos internos de participación, deliberación plural y diálogo respetuoso. Una universidad democrática es un oasis de diversidad y pensamiento crítico en medio de discursos que polarizan.

Las universidades estatales tienen un mandato público que trasciende sus campus. Nuestro compromiso con escuelas, municipios, organizaciones sociales y comunidades rurales y urbanas constituye un puente entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la ciudadanía.

Hoy más que nunca debemos reforzar nuestra vinculación con los territorios, porque es ahí donde se construye la confianza social y donde la educación pública puede demostrar su impacto en la vida de las personas. Una universidad que no dialoga con su entorno pierde sentido de propósito.

La lógica de mercado y la reducción de lo público no pueden imponerse como única visión de política educativa o social. La defensa de la educación pública implica:

• Reafirmar que la educación no es un bien de consumo sino un derecho social fundamental.
• Exigir presupuestos suficientes y estables para sostener educación, investigación y extensión de calidad.
• Consolidar políticas internas que promuevan la participación, la diversidad y la inclusión.
• Fortalecer la producción de conocimiento crítico sobre temas clave como desigualdad, democracia, medio ambiente y ciudadanía.

Chile entra en un nuevo capítulo de su historia política con un presidente electo elegido por una mayoría social que prioriza orden y seguridad. Para las universidades estatales y públicas como la Universidad de Santiago de Chile, este escenario no puede ser motivo de resignación. Debe ser una invitación a profundizar nuestra misión de servicio público, a defender los derechos sociales, a democratizar el conocimiento a través de la inclusión y la participación, y a reafirmar que la educación estatal es pilar de la democracia y del desarrollo sustentable de nuestro país.

Por Andrea Mahn, Vicedecana de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ingeniería, Usach y Fernando Ortiz, investigador Usach.

Diciembre 2025

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

Universidades públicas mandan en la ciencia colombiana: ranking confirma su ventaja sobre las privadas