Derechos Humanos, la eterna deuda

Aunque el Programa de Gobierno de Bachelet se comprometía a avanzar decididamente en el respeto irrestricto de la normativa internacional de Derechos Humanos en la práctica solo fue letra muerta. Chile sigue al debe con los tratados internacionales suscritos sobre la materia.

La persistencia de aprobar el proyecto de ley que establece el denominado control preventivo de identidad, a pesar del rechazo explícito de la UNICEF, el INDH y otras voces autorizadas; la iniciativa legislativa que promueve una verdadera “ley mordaza”, que generó el tajante rechazo del Colegio de Periodistas, y la decisión de impulsar modificaciones a la Ley Antiterrorista que no cumplen con los estándares internacionales de Derechos Humanos, impulsada desde el Ministerio del Interior para enfrentar el “conflicto mapuche”, son señales preocupantes que reflejan un claro retroceso en materia de respeto a los derechos fundamentales en nuestro país.

A lo anterior, se agrega la incomprensible decisión del Gobierno de no enviar un Proyecto de Ley que crea la institución del Defensor del Pueblo, en clara contravención a lo comprometido en su Programa de Gobierno, medida que sumada a la inexplicable demora del nombramiento del titular del cargo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, completan un escenario desfavorable para el necesario respeto de las libertades y derechos fundamentales de los chilenos.

Particular gravedad reviste la demora del nombramiento en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en atención a que por Ley, le corresponderá como principal función impulsar un Plan Nacional de Derechos Humanos que, elaborado en conjunto con la sociedad civil, se haga cargo de las tareas pendientes heredadas del pasado y aborde el desafío de implementar transversalmente políticas públicas desde el Estado, que contribuyan sustancialmente a la creación de una Cultura de los Derechos Humanos, soporte esencial de una Democracia plena y verdadera.

En momentos en que el sistema político y la política sufre un fundado desprestigio, la ciudadanía espera y demanda un cumplimiento de las promesas contenidas en el Programa de Gobierno, como una forma de ir recuperando la confianza y credibilidad perdida.

En los albores de un nuevo 21 de Mayo, la ciudadanía espera que el Gobierno abandone sus políticas contrarias a los derechos humanos y anuncie medidas que reflejen cabalmente una coherencia con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, y que expresen de un modo inequívoco, que se cumplirá su compromiso con el país en cuanto a que “los derechos humanos deben ser la normativa mínima de una sociedad democrática, que permita la convivencia nacional en torno a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia”, como lo señala su Programa de Gobierno,