Desvinculación del docente Cristian Olivares conmueve a la comunidad del ex Pedagógico (UMCE) y genera llamado a su reintegro

La desvinculación del profesor Cristian Olivares Gatica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), ex Pedagógico, ha generado preocupación e incertidumbre en la comunidad universitaria, especialmente entre estudiantes y docentes que se desempeñan bajo la misma modalidad contractual a honorarios, en un contexto de cuestionamientos por las condiciones laborales y la forma en que se adoptó la decisión. En ese marco, el docente ha manifestado su disposición a que la medida sea revisada y a reintegrarse a la universidad.

De acuerdo con los comunicados difundidos, el 5 de diciembre Olivares fue informado de la no renovación de su convenio a honorarios, que mantenía desde 2015, estableciéndose el 12 de diciembre como fecha de término de sus funciones.

Desde 2015, Olivares se desempeñaba como docente a honorarios del Departamento de Educación Básica de la UMCE, impartiendo cursos de formación ciudadana y geografía, además de asignaturas vinculadas a metodologías, planificación y Educación Popular en distintas carreras.

Además, fue gestor y coordinador del Diplomado en Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias, coordinador general del GEPEM y contraparte académica en proyectos de vinculación con organizaciones territoriales, junto con ejercer labores de representación sindical como vocero de docentes a honorarios.

A partir de su trayectoria, la comunidad educativa ha cuestionado la decisión y algunos sectores han planteado que la desvinculación podría responder a un eventual trato discriminatorio por su rol sindical.

Cristian Olivares ejerció como dirigente y vocero de la Organización de Docentes a Honorarios de la UMCE, rol desde el cual representó a trabajadores y trabajadoras en demandas por condiciones laborales y retrasos en el pago de remuneraciones.

Diversas organizaciones académicas y sindicales han señalado que su desvinculación se produce en un contexto de activa organización gremial, lo que ha abierto cuestionamientos sobre un eventual carácter discriminatorio o antisindical de la medida adoptada por la universidad.

Más que un despido: Denuncian desmantelamiento de espacios académicos

El Grupo de Estudios en Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias (GEPEM) señaló, a través de un comunicado, que la decisión de no renovar el contrato para el año 2026 constituiría una vulneración de derechos laborales, al tratarse de un trabajo continuo por más de diez años que no se ajustaría a la naturaleza de un convenio a honorarios, advirtiendo que esta precariedad afecta a otros docentes en universidades públicas.

Asimismo, indicaron que pese a haber explorado alternativas y realizado consultas previas para asegurar su continuidad laboral, la notificación de no renovación se realizó de manera tardía.

En ese contexto, el GEPEM recordó que Olivares cumplió labores de dirigencia sindical, representando a docentes a honorarios frente a diversas vulneraciones laborales, entre ellas atrasos y ausencia de pago de remuneraciones.

El GEPEM señaló que no logra comprender la decisión adoptada por la dirección del Departamento de Educación Básica, destacando las evaluaciones positivas del docente por parte de sus estudiantes, su buena relación con el equipo académico y su continuidad en actividades de investigación, publicaciones e instancias académicas, aun tras su desvinculación.

Además, afirmó que la desvinculación genera una profunda incertidumbre sobre la continuidad de su trabajo académico y denunció una situación de especial gravedad: la desaparición de la oficina donde funcionaba el GEPEM. 

Según el equipo de investigación, el departamento les retiró el espacio físico de trabajo, dejando en  total desconocimiento el paradero de mobiliario, equipos y materiales académicos de alto valor, tales como libros, revistas y registros de investigaciones recolectados durante una década. Esta falta de información sobre el patrimonio del grupo de estudio no solo entorpece la labor intelectual, sino que ha sido calificada como un acto de hostigamiento material que profundiza la precariedad de su salida.

“Por todo lo anterior abogamos por la solidaridad para con nuestro compañero y solicitamos a las autoridades correspondientes que puedan revisar su decisión en tanto afecta fuertemente la construcción de comunidad que históricamente ha caracterizado a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, así como al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile”, finalizó el comunicado. 

Alertas por prácticas discriminatorias y vulneración de fueros laborales

Desde el grupo de difusión de Educación Especial advirtieron que el caso de Olivares no es aislado, sino parte de una serie de despidos bajo argumentos de «confianza». Esta figura habría sido utilizada para desvincular a trabajadoras de áreas como APROTEC, pese a contar con evaluaciones positivas y el respaldo explícito de sus pares.

La comunidad denuncia que estos criterios carecen de fundamentos técnicos y objetivos, funcionando más bien como una herramienta de arbitrariedad administrativa.

Asimismo, se han levantado alertas por posibles prácticas discriminatorias por género y neurodivergencia, afectando a personas dentro del espectro autista. Las organizaciones advierten que estos despidos se ejecutaron justo después de la toma universitaria, lo que refuerza la tesis de represalias políticas y sindicales.

Solidaridad transversal: Organizaciones exigen revertir la desvinculación

Por otro lado, el Grupo de Investigación de Pedagogías Latinoamericanas de la Universidad de Playa Ancha también entregó declaraciones públicas expresando su preocupación por lo que calificó como una desvinculación injustificada, advirtiendo que el caso refleja la precariedad e incertidumbre que enfrentan los académicos a honorarios en las universidades públicas, especialmente cuando se trata de trayectorias laborales prolongadas.

Además, advirtieron sobre un escenario de hostigamiento y persecución sistemática hacia trabajadores que promueven la organización sindical, señalando que las prácticas antisindicales han sido una constante y han permeado al sistema educativo.

“Esperamos que las autoridades de la UMCE puedan revisar con detenimiento esta medida y revertir la decisión”, concluye las declaraciones públicas. 

En esa línea, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FENATED) lamentó la decisión, destacando la necesidad de resguardar el rol sindical del docente y advirtiendo que su desvinculación afecta iniciativas formativas y espacios de reflexión crítica vinculados a la organización de trabajadores de la educación.

Por último, la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin expresó su preocupación por la no continuidad del profesor Olivares, señalando que la decisión resulta difícil de comprender por su impacto en los vínculos formativos con la universidad.

La organización destacó su rol en el Diplomado en Educación Popular y en la formación de estudiantes en práctica, advirtiendo que la medida afecta la proyección de estos procesos educativos.

Finalmente, llamaron a las autoridades de la UMCE a revisar la decisión por su eventual inconsistencia con los principios de la educación pública.

Por último, como forma de organización frente a una desvinculación que consideran injusta, estudiantes de Educación Básica están reuniendo firmas en apoyo al docente a la que se puede acceder haciendo click aquí.  

Trayectoria, publicaciones y docencia: los argumentos del docente

En conversación con El Ciudadano, Cristian Olivares sostuvo que la no renovación de su contrato se justificó en una supuesta evaluación de las “necesidades académicas” del Departamento de Educación Básica. No obstante, afirmó que al pedir explicaciones se le indicó que el motivo era no ser profesor de educación básica, pese a que —según señaló— ese criterio no ha sido históricamente excluyente y tampoco es cumplido por gran parte del cuerpo académico.

Para Olivares, la justificación resulta inconsistente, ya que —según su criterio— cumple diversas necesidades académicas del Departamento de Educación Básica. Además, cuenta con 15 años de trayectoria académica, más de 40 publicaciones y cerca de 60 ponencias en seminarios y congresos; ha participado en proyectos de investigación, extensión académica y múltiples acciones de vinculación con el medio, entre otros antecedentes.

Además, Olivares explicó que durante los últimos cinco años ha sido coordinador del Grupo de Estudios en Educación Popular y Pedagogía Emancipatoria (GEPEM), pese a su condición de honorario. Señaló que este espacio cuenta con validación académica tanto del consejo del departamento como de la facultad, que lo reconocieron por unanimidad como su coordinador general, por lo que se solicitó desde el 2023 que se revisara su situación contractual para poder ejercer el cargo. 

En esa línea, indicó que desde ese espacio, se impulsó el Diplomado en Educación Popular, que se ha convertido en el de mayor convocatoria y uno de los más exitosos de la universidad en las últimas décadas.

“Entre los años 2022 y 2023, la universidad, en su informe de autoevaluación para la acreditación institucional, consignó un total de 146 matrículas en diplomados. De ellas, cien corresponden a nuevas matrículas generadas por nuestros diplomados solo en esos dos años. Actualmente, ya vamos en el cuarto año de funcionamiento y camino al quinto”, señaló el docente. 

Asimismo, indicó que ese diplomado es el único en Chile y uno de los pocos en América Latina que está vinculado a movimientos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores de la educación con la universidad pública.

El docente explicó que el diplomado opera bajo una lógica de gestión colectiva, ya que fue impulsado originalmente por él y coordinado en su primer año, para luego rotar esa función entre distintos docentes. Actualmente, señaló, el programa es gestionado por académicos de otros departamentos, manteniendo el enfoque colaborativo con el que fue concebido.

A su juicio, estos antecedentes evidencian que su trabajo sí contribuye a los procesos institucionales y de acreditación del departamento. Además, indicó que cada vez que estas iniciativas han sido presentadas ante la vicerrectoría académica, la rectoría y otras instancias, han sido altamente valoradas por su proyección académica, formativa, de vinculación con el medio y generación de recursos, situación que —afirmó— no ha sido regularizada debido a su condición contractual.

Por otro lado, Olivares sostuvo que, a su juicio, no se justifica el argumento de que no es profesor de educación básica. Indicó que sí realiza docencia en ese ámbito, especialmente en programas de reinserción escolar, un campo donde —según afirmó— no existe amplia experiencia y que hoy forma parte de las prácticas transversales de la universidad.

Además, agregó que ha impulsado experiencias educativas no formales y populares con reconocimiento nacional y latinoamericano, como la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin que gracias a su gestión, funciona actualmente como centro de práctica del Departamento de Educación Básica para el desarrollo de ese tipo de trabajo.

Olivares añadió que el propio departamento impulsa un postítulo en educación básica, lo que —a su juicio— habría permitido subsanar esa exigencia sin recurrir a desvinculaciones. Además, indicó que, a diferencia de otras situaciones académicas, no se ofrecieron plazos ni apoyos institucionales para regularizar ese requisito.

En esa linea, Olivares sostuvo que el criterio exigido apareció recién a fines del segundo semestre. Señaló que incluso después de su desvinculación se estuvo buscando personal, sin establecer como requisito excluyente ser profesor de educación básica, lo que —a su juicio— refuerza que la medida no se justifica por necesidades académicas.

Educación popular, sindicalización y tensiones con la universidad

Para Olivares la no renovación de su contrato lo interpreta como una respuesta a hechos ocurridos en abril de 2024, cuando tras casi diez años trabajando a honorarios en la UMCE, fue parte de los procesos de organización sindical y de defensa de condiciones laborales previos y posteriores a la pandemia.

Indicó que ese año se agudizaron los problemas de pago a honorarios, afectando directamente su principal fuente de ingresos. En ese contexto, afirmó que fue uno de los impulsores de la reorganización de la agrupación de trabajadoras y trabajadores a honorarios de la universidad, lo que —a su juicio— marcó un punto de inflexión en su relación con la institución.

“Yo fui uno de los voceros de esa organización, y uno de quienes dio mayor discusión tanto en el consejo académico como en el departamento. Eso derivó en una paralización de clases para presionar el pago oportuno, lo que finalmente se concretó antes de fin de mes”, declaró Olivares.

El docente afirmó que hasta antes de ese episodio la relación con la universidad era positiva e incluso indicó que en marzo su trabajo fue ampliamente valorado por autoridades y la vicerrectoría, avanzando incluso en su institucionalización y en la autorización formal para que la oficina que ocupaba pasara a ser la sede del GEPEM.

Tras los hechos de abril, en el segundo semestre se le informó abruptamente que debía desocupar la oficina que utilizaba, pese a un acuerdo previo con rectoría. Señaló que no se le dio espacio para dialogar ni reubicar el trabajo del GEPEM, pese a sus reiteradas solicitudes y a sus años de labor en ese espacio.

A fines de diciembre de 2024, Olivares solicitó una reunión con el director para abordar su situación contractual. Indicó que uno de los primeros puntos fue el compromiso asumido por la dirección, al aprobarse el GEPEM, de explorar un cambio en su modalidad de contrato, tema que —según relató— nunca tuvo respuesta concreta.

Señaló que, pese a estar en proceso de obtener el grado de doctor y cumplir con las condiciones para postular a un concurso, se le informó que no existía posibilidad de abrir plazas. Además, se le habría indicado que eventuales concursos no considerarían su área de especialización y que, en ese escenario, lo mejor sería buscar opciones en otra universidad.

Posteriormente, se enteró de la apertura de un concurso para la mención de Ciencias Sociales que no fue informado en las instancias de coordinación. Las bases del concurso, por decisión del director, exigían el grado de doctor y no permitieron la postulación de ‘candidatos a doctor’, excluyendo así a los docentes a honorarios del departamento.

A su juicio, la medida se vincula directamente con los hechos de abril de 2024 y derivó en su no renovación, pese a su trayectoria como uno de los docentes más antiguos y transversales del área. Añadió que el retiro de la oficina también afectó espacios asociados a la organización gremial.

Además, Olivares sostuvo que, tras la reunión de julio, comenzó a experimentar exclusiones sistemáticas: ausencia de respuestas institucionales, omisiones en difusiones oficiales y trabas en la certificación de ayudantías. A su juicio, estas situaciones configuran un trato indirecto que termina afectando también a estudiantes y a procesos académicos que llevaba años desarrollando.

Por otro lado, Olivares afirmó que, tras una carta enviada por la Escuela Pública Comunitaria solicitando explicaciones, la dirección respondió desconociendo su rol en el Diplomado en Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias. A su juicio, se construyó un relato que omite deliberadamente su condición de impulsor y coordinador histórico del programa, minimizando su vínculo con el diplomado más exitoso de la universidad y con el propio departamento.

Olivares señaló que la dirección también negó su vínculo con la práctica profesional docente, pese a haber participado y recibido evaluaciones positivas. Añadió que se omite su rol en la gestión que permitió que la Escuela Pública Comunitaria se convirtiera en centro de práctica del departamento, un antecedente que —afirmó— hoy se busca desconocer.

Olivares sostuvo que no existe una justificación objetiva para la decisión de no renovarle el contrato, ya que —según afirmó— no hay argumentos académicos, institucionales ni económicos que la respalden. En ese sentido, descartó que la medida esté relacionada con procesos de acreditación o con una eventual falta de recursos.

A su juicio, la no renovación respondería a motivos de otro carácter, posiblemente vinculados a la orientación de su trabajo en educación popular y pedagogía crítica emancipadora, así como a su rol en la defensa de mejores condiciones laborales para las y los trabajadores a honorarios.

Distintas organizaciones, estudiantes y académicos reiteraron el llamado a que la UMCE revise la decisión y permita el reintegro de Cristian Olivares, señalando que su salida no solo afecta su trayectoria laboral, sino también proyectos académicos, espacios de formación y vínculos comunitarios construidos durante años en la universidad pública.