Alarma y dolor empañan el «mes del orgullo» por aumento de crímenes contra comunidad LGBTIQ+

Por Camila Silva Cortés

Este sábado 21 de junio se realizó la Marcha del orgullo, marcada por una mezcla de celebración, memoria y denuncia. La manifestación se desarrolló bajo un contexto de alerta y preocupación para la comunidad: a inicios de este mes se visibilizó el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, realizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que reveló cifras alarmantes sobre la violencia y discriminación que sigue enfrentando la comunidad LGBTIQ+ en Chile.

El informe reúne las denuncias y casos de LGBTIQfobia ocurridos durante el año 2024. El documento califica ese periodo como el “año de los retrocesos” en materia de derechos para las personas de la diversidad sexual y de género. Además, advierte sobre un alarmante aumento en los crímenes contra personas trans durante ese mismo año.

Violencia y discriminación en aumento: casi un 80% más de denuncias que en 2023

Según el informe, en total se registraron 2.847 casos de abuso, lo que representa un incremento del 78,7% en comparación con el año anterior. De este modo, el 2024 concentró el 23,5% de todas las vulneraciones a los derechos humanos de personas LGBTIQ+ documentadas en las últimas dos décadas.

Además, el aumento de los discursos de odio fue especialmente drástico, pasando de 933 en 2023 a 2.024 en 2024. Sin embargo, incluso al excluir este tipo de manifestaciones del total de casos de discriminación, la tendencia sigue siendo alarmante: las vulneraciones de derechos en otros ámbitos también crecieron significativamente, con un alza del 23,9%, al pasar de 664 atropellos en 2023 a 823 en 2024.

En 2024, ocho de las once categorías de discriminación presentaron un aumento en las denuncias. Las agresiones en espacios policiales mostraron el mayor salto, con un 200% más de casos, seguidas por los discursos de odio, que crecieron un 116,9%, y las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, con un alza superior al 80%.

También se registraron incrementos en la discriminación institucional (63,9%), en los medios de comunicación (50%) y en el sistema educacional (4,8%). Las agresiones perpetradas por familiares o vecinos aumentaron un 3,9%, y las cometidas por desconocidos, un 2,3%.

En 2024 se registraron 118 abusos contra lesbianas, la misma cifra que el año anterior, representando el 4,14% del total. En tanto, los ataques dirigidos a hombres gays bajaron un 41%, con 195 casos, lo que equivale al 6,85% del total nacional.

Por otro lado, las agresiones contra personas LGBTIQ+ en su conjunto sumaron 1.403 casos, lo que representa el 49,28% del total y un aumento del 35,82% respecto al año anterior.

Dentro del preocupante panorama general, las únicas cifras a la baja se registraron en los asesinatos por odio, que disminuyeron en un 33%, las marginaciones en espacios públicos y privados, con una baja del 32,2%, y la discriminación laboral, que cayó un 6,3%.

Según advierte el informe, esta realidad refleja una preocupante intensificación de las acciones de quienes se oponen a la igualdad, movilizándose como nunca antes para ejercer agresiones físicas y verbales, dificultar el acceso equitativo a derechos como Salud, Educación y Trabajo, restringir la libertad de expresión, revertir avances previamente logrados y, en los casos más extremos, llegar incluso al asesinato.

Discriminación estructural: un desafío dentro y fuera del Estado

El informe destaca que, si bien en 2024 se detectaron 2.847 casos de discriminación, la cantidad de instituciones responsables disminuyó en un 36% respecto al año anterior. En contraste, el número de personas agresoras aumentó levemente, con un 3,9% más.

Esto indica que el alza en los casos no se debe necesariamente a un mayor número de victimarios, sino a que quienes discriminan lo hacen de forma reiterada. Ejemplos de ello se observan en redes sociales, donde una misma cuenta puede emitir múltiples ataques, o en el Congreso, donde ciertos parlamentarios insisten en votar o promover indicaciones contrarias a los derechos de la población LGBTIQ+.

Según detalla el informe, resulta especialmente grave que entre los responsables de los abusos figuren diversas entidades públicas, como el Congreso Nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas, Gendarmería, la Dirección Regional del Trabajo del Maule, el Ministerio de Salud, la Defensoría Penal Pública, el Ejército y la Fach. Esta situación evidencia un retroceso en el respeto a las leyes y políticas públicas que resguardan los derechos de las personas por su orientación sexual o identidad de género dentro del propio Estado.

En el ámbito político, el informe identifica como actores particularmente responsables al Partido Republicano y al Partido Social Cristiano, así como a ONG vinculadas a estas colectividades o a sectores ultra-religiosos. También se señala a centros de salud y establecimientos educacionales. Las personas involucradas en actos de discriminación provienen tanto de esas instituciones como del entorno cercano de las víctimas, incluyendo familiares y vecinos.

En 32 casos, los victimarios no fueron identificados debido a que eran desconocidos para las víctimas o huyeron tras cometer el ataque. Asimismo, gran parte de quienes emitieron discursos de odio o amenazas de muerte en redes sociales no pudieron ser individualizados, ya que actuaron bajo cuentas falsas o desde el anonimato.

La violencia simbólica: un daño profundo y silencioso para la comunidad

En conversación con El Ciudadano, Rodrigo Figueroa (www.psafirmativo.cl), psicólogo con enfoque en sexualidad, géneros y salud mental, quien a través de su cuenta de Instagram (@ps.afirmativo) comparte herramientas, información y reflexiones sobre estos temas. Nos advierte que estos retrocesos no han ocurrido solo en Chile, sino que a nivel mundial.

“Desde hace varios años, hemos sido testigos de que en países como Estados Unidos (donde recientemente se ha planteado dejar de financiar el proyecto 988 Suicide & Crisis Lifeline, una línea telefónica que ofrece apoyo las 24 horas del día, los siete días de la semana, a jóvenes del colectivo LGBT+), países de Europa y Latinoamérica, se han impulsado con mayor fuerza agendas en contra de la diversidad sexual, promovidas por movimientos políticos ultraconservadores que buscan silenciar a las disidencias sexogenéricas, retrocediendo en materia de derechos fundamentales”, señaló.

Respecto a la violencia simbólica señalada en el informe, Rodrigo indicó que esta puede generar sentimientos de vulnerabilidad e incertidumbre. “¿Y cómo no iba a ser así? Si un Estado no nos protege ni reconoce, nos vuelve a colocar en el lado de lo indeseado y patológico, aquello con lo que se debe ‘exterminar’”, declaró. 

Un ejemplo de violencia simbólica son los discursos de odio, donde personas de la comunidad están expuestas a constantes mensajes negativos y discriminatorios que, “ pueden generar un estado de alerta permanente, hacernos sentir invalidadas, no reconocidas o patologizadas”, indicó Figueroa. 

El informe reveló que muchas instituciones públicas están detrás de actos de discriminación. Respecto a esto, el psicólogo expresó que: “La violencia simbólica puede ser especialmente dañina cuando proviene de figuras de autoridad, medios de comunicación o instituciones, ya que puede perpetuar la idea de que la discriminación y el odio son aceptables. En este sentido, es fundamental promover la inclusión, la empatía y el respeto hacia la diversidad sexual y de género, así como brindar apoyo y recursos a las personas afectadas”. 

Desafíos y avances en la atención psicológica para personas LGBTIQ+

Por otro lado, Rodrigo Figueroa, advirtió que el sistema público de salud aún enfrenta avances y desafíos en cuanto a la atención psicológica para personas LGBTIQ+, “aunque existen esfuerzos por mejorar la atención, aún hay brechas en la formación de profesionales de la salud y en la implementación de políticas públicas efectivas. Por ejemplo, se observa una falta de formación específica en la atención de personas LGBTIQ+ y políticas públicas que a menudo resultan insuficientes”, expresó.

Asimismo, Figueroa manifestó que existen importantes deficiencias en la formación de profesionales de la salud mental en lo que respecta a la atención con enfoque de género y diversidad sexual. 

Para el psicólogo, algunas de las principales problemáticas son la falta de formación y los vacíos en la educación de pregrado en salud mental, ya que no siempre se incluyen contenidos específicos sobre atención con enfoque de género y diversidad sexual.

A esto se suman las limitaciones en la atención afirmativa. Brindar un acompañamiento respetuoso de la identidad de género y orientación sexual requiere herramientas que muchos profesionales aún no poseen, lo que afecta la calidad del cuidado hacia personas LGBTIQ+.

Además, el psicólogo señaló la importancia de la capacitación continua para que los profesionales de salud mental se mantengan actualizados en las mejores prácticas y protocolos con enfoque de género y diversidad sexual. Sin embargo, esta formación suele depender principalmente de la iniciativa individual, ya que las instituciones no siempre ofrecen el apoyo necesario ni fomentan espacios de aprendizaje dentro del ámbito laboral.

En cuanto a la reparación o acompañamiento de personas víctimas de crímenes de odio o discriminación, Rodrigo destacó el rol clave que desempeña el sistema de salud mental: “Es fundamental que se brinde atención psicológica y psiquiátrica especializada que aborde las secuelas emocionales y psicológicas de las personas afectadas. Esto implica terapias que reconozcan y validen la identidad y experiencias de las víctimas, desde un enfoque afirmativo que respete la singularidad de cada persona”.

Además, para Figueroa es primordial ofrecer apoyo emocional y acompañamiento tanto a víctimas como a familiares, para que puedan procesar sus experiencias y emociones. También, “el sistema de salud mental también debe facilitar el acceso a recursos y servicios como apoyo legal, social y otros que sean necesarios. Esto requiere coordinación con otros actores relevantes, como trabajadores sociales, abogados y organizaciones comunitarias”, agregó. 

Para que el sistema de salud pueda ofrecer una atención eficaz, es esencial que los profesionales reciban formación en diversidad, inclusión y en el apoyo a personas víctimas de crímenes de odio o discriminación. “Esto incluye formación en terapias afirmativas, sensibilidad cultural y comprensión de las dinámicas de poder y opresión que subyacen a estos crímenes”, recalcó Figueroa. 

A su vez, “el sistema de salud mental debe impulsar programas de prevención y promoción que eduquen sobre la importancia de la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Al trabajar juntos, podemos crear un entorno más seguro y acogedor para todas las personas, independientemente de su identidad o características”, señaló. 

Rodrigo señaló que, en la práctica, la atención y el acompañamiento a la comunidad LGBTIQ+ en Chile son desiguales y están condicionados en gran parte por la voluntad política de las autoridades locales y gobernantes actuales.

“Algunos municipios cuentan con equipos de diversidad que trabajan para promover la inclusión y el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+, pero su existencia y financiamiento son precarios y pueden variar según la administración municipal”, comentó al respecto.

El psicólogo, indicó que “es urgente que se garantice la institucionalidad y la estabilidad de estos equipos, de modo que puedan trabajar de manera sostenida y efectiva en la promoción de la inclusión y el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Rodrigo también destacó que lo ideal sería que cada comuna disponga de un equipo de diversidad que colabore estrechamente con la comunidad LGBTIQ+ y otras organizaciones relevantes, asegurando así que los programas y servicios estén alineados con las necesidades y prioridades de la comunidad.

“En última instancia, la atención y acompañamiento a la comunidad LGBTIQ+ en Chile requiere un compromiso político y social sostenido, que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género u otros”, concluyó.

2024, el “año de la transfobia”: alarmante aumento de discriminación y violencia

El informe califica 2024 como el “año de la transfobia”, debido a la constante vulneración de los derechos humanos de las personas trans. En diversos ámbitos sociales y estatales se desconoció su derecho a la identidad de género, poniendo en riesgo avances previos que habían contribuido a reducir la desigualdad, especialmente en el acceso a la salud.

Esta ofensiva afectó de manera particular a niños, niñas y adolescentes, quienes fueron denigrados y afectados en su dignidad, con una violación de su interés superior y autonomía progresiva. Todo esto ocurrió en el contexto de una amplia campaña de desinformación, a la que tanto el Ejecutivo como el Legislativo prestaron atención.

Además, uno de los crímenes de odio registrados en el año terminó con la vida de una mujer trans. En total, el 39,73% de los casos de discriminación en 2024 afectaron a la población trans, con un alarmante aumento del 462,69% respecto al año anterior.

Al respecto, Lorenza Quezada, vocera de Salud Trans para Chile, señaló a El Ciudadano que “las cifras del Informe Movilh 2024 son profundamente alarmantes y reflejan un retroceso significativo en los derechos de las personas trans en Chile… Un contexto preocupante y que esperamos que las autoridades tengan presente a la hora de legislar y en especial a quienes hoy son candidatos/as a un futuro gobierno y parlamento”.

Respecto a la afirmación del informe que califica al 2024 como el “año de la transfobia”, Lorenza señaló que es una afirmación alarmante que refleja el incremento de la violencia y discriminación hacia las personas trans en distintos ámbitos sociales, como la salud, la educación y el empleo, afectando gravemente su dignidad.

“Sin embargo, este escenario, lejos de amedrentarnos, reafirma nuestro compromiso con alcanzar derechos para la comunidad trans y vuelve aún más valioso nuestro propósito, que es convocar, colaborar y por sobre todo articularnos en contra del avance global de movimientos anti-derechos”, declaró.

Lorenza explicó que, por estos motivos y varios factores adicionales, sus alianzas incluyen a todos los actores involucrados en el ámbito de la salud: colegios gremiales, estudiantes, académicos, profesionales y trabajadores de la salud, oficinas y departamentos de género, municipalidades, federaciones, así como usuarios y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, la vocera de Salud Trans para Chile, advirtió que la violencia hacia las personas trans no se limita a agresiones físicas, verbales o en redes sociales, sino que también se expresa en actos cotidianos como la negación de atención médica, la discriminación en el trabajo y en la educación, la invisibilización de su identidad en distintos espacios sociales e incluso dentro del propio hogar. Todo esto configura un entorno constante de exclusión y hostilidad para la población trans.

“Éstas condiciones de discriminación estructural son todavía más graves cuando las experimentan jóvenes en etapa formativa, ¿se imaginan este contexto siendo una infancia trans? ¿Un adolescente en un establecimiento educacional? Para evitar esas situaciones es que existen programas de acompañamiento como el PAIG, que aparece en este informe”, agregó. 

Lorenza explicó que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) es una iniciativa psicosocial que busca proteger a niños, niñas y adolescentes trans, junto a sus familias, frente a la violencia y la discriminación. Su propósito es brindar contención y acompañamiento, beneficiando actualmente a más de 2.500 familias en todo el país.

Sin embargo, advirtió que el programa ha sido duramente criticado por sectores conservadores de ultraderecha, lo que considera preocupante. “Que existan parlamentarios dispuestos a perseguir un programa garantizado por ley nos parece preocupante para el país completo y sobre todo para las nuevas generaciones”, agregó. 

Respecto al trabajo del Ministerio de Salud, la vocera señaló que, “ha mostrado un compromiso limitado con las necesidades específicas de la población trans. Aunque existen normativas que prohíben las terapias de conversión y establecen la no discriminación en la atención sanitaria, la implementación efectiva de estas políticas ha sido insuficiente, y persisten barreras en el acceso a servicios de salud adecuados para las personas trans”.

Desde Salud Trans para Chile señalaron que aún está pendiente el avance en la protección de niños, niñas y adolescentes trans, particularmente con la derogación de la circular 07 y la actualización de las directrices técnicas para la hormonoterapia en adolescentes. Destacaron que este proceso debe considerar la participación de organizaciones con experiencia en el tema, con conocimiento sólido de la evidencia científica y, sobre todo, con respaldo de la propia comunidad trans.

“Del mismo modo, esperamos con urgencia el avance en la delicada situación de nuestras adulteces mayores con respecto a los rellenos sintéticos, situación alarmante donde cada día se nos agota el tiempo de reacción oportuna, que claramente significa un problema de salud pública que requiere ser atendida por el Estado”, expresaron. 

Lorenza recalcó la urgencia de contar con políticas públicas efectivas y centradas en las necesidades de las personas usuarias. Para ello, destacó la importancia de trabajar con la sociedad civil, garantizando el respeto a la identidad de género, el acceso a la salud sin discriminación y la protección frente a la violencia y el odio.

“Es fundamental que el Estado asuma un rol activo en la promoción y protección de los derechos de las personas trans, derribando las barreras que impiden una participación plena en la sociedad. Urge la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, que reúna todas las estadísticas y la evidencia científica necesaria para avanzar en equidad”, señaló. 

Lorenza también subrayó la necesidad de garantizar la continuidad en el tiempo de los programas, políticas, normativas y leyes que protegen la vida de las personas LGBTIQ+. Insistió en la importancia de consolidar una institucionalidad que asegure el derecho a vivir en plenitud, en igualdad de condiciones que cualquier otro habitante del país.

Respecto al gobierno de Gabriel Boric, la vocera manifestó su preocupación por la falta de pronunciamiento ante la violencia transfóbica ocurrida durante el año 2024.

“A pesar de su compromiso con los derechos humanos, en la praxis se ha señalado una falta de medidas efectivas y posicionamiento concreto para hacer frente a esta problemática y proteger a la comunidad trans. El gobierno ha tenido una oportunidad única de reparar la relación del Estado chileno con las disidencias sexo-génericas y sin embargo, a pocos meses de acabar el gobierno, no hay señales concretas de avances institucionales en materia de derechos para la comunidad LGBTIAQNB+”, indicó. 

Lorenza expresó que, como articulación, esperan que antes de que finalice el actual gobierno se concrete algún gesto que garantice avances en salud trans, con el objetivo de poner fin a la vulneración de derechos de personas trans y no binarias a lo largo de todo su ciclo de vida.

Lorenza señaló que, entre las promesas de campaña incumplidas, está la implementación de políticas públicas enfocadas en la salud trans. A pesar del trabajo realizado por el MINSAL y las mesas de trabajo, aún se espera la publicación de la política nacional de salud trans. Además, desde la mesa gubernamental LGBTIQ+ se ha exigido la creación de una institucionalidad que aborde integralmente todas sus demandas.

“A pesar de haber voluntad de parte del gobierno y la bancada oficialista, este esfuerzo se vio truncado debido a la mayoría parlamentaria de sectores conservadores, que desde una óptica egoísta y basada en una ideología que niega nuestras existencias, se eligió ir en contra de nuestros derechos, votando en contra de la reforma de la ley antidiscriminación, conocida como ley Zamudio.  En esos casos no solo se le dio la espalda a todo el país, sino que a los votantes y población LGBTIAQNB+ en los distritos de aquellos parlamentarios”, agregó. 

Derechos LGBTIQ+ en Chile: promesas, avances y desafíos del gobierno

Entre las principales promesas del gobierno de Boric, según su programa y declaraciones públicas, está la reforma a la Ley Zamudio para fortalecer la institucionalidad antidiscriminatoria. También se comprometió a crear una institución permanente que garantice la no discriminación.

En el ámbito educativo, se propuso implementar la Ley de Convivencia Escolar junto con una educación sexual integral en las escuelas. Además, se anunció la creación de albergues para personas LGBTIQ+ expulsadas de sus hogares.

En materia legislativa, el gobierno planteó avanzar en una ley de identidad de género que incluya un cupo laboral trans y permita modificaciones legales en el Registro Civil. Por último, se comprometió a garantizar una salud trans inclusiva, facilitando el acceso a la hormonización para menores mediante el PAIG.

Pese a los compromisos asumidos por el gobierno de Gabriel Boric, la mayoría de sus promesas en materia de derechos LGBTIQ+ siguen sin concretarse o han avanzado solo parcialmente. 

En conjunto, estos incumplimientos reflejan una brecha importante entre el discurso y la práctica del gobierno. A pesar de la voluntad declarada, las resistencias parlamentarias y la falta de decisiones políticas firmes han impedido avances significativos en los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Avances 

Por otro lado, en cuanto a los avances, durante el gobierno de Gabriel Boric, se han impulsado diversas medidas para fortalecer los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Un paso importante fue la aprobación de la reforma integral al sistema de adopción, que elimina la discriminación por orientación sexual e identidad de género, asegurando que todas las familias, sin importar su composición, puedan adoptar y priorizando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En materia de salud, se lanzó en 2022 el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, llamado «Crece con Orgullo«, que busca apoyar a niños, niñas y adolescentes trans. A pesar de contar con una inversión en salud trans, su alcance ha sido limitado, pero representa un avance en el reconocimiento y atención de las necesidades específicas de esta comunidad.

A nivel regional y municipal, se han creado oficinas de diversidad y desarrollado programas para visibilizar y proteger a la comunidad LGBTIQ+. Estas instancias promueven la inclusión y generan espacios de apoyo en distintas localidades, acercando los derechos y servicios a nivel territorial.

Además, la Ley de Identidad de Género de 2018 continúa vigente y se han dado pasos para reconocer formalmente a las personas no binarias en documentos oficiales, como cédulas y pasaportes, desde 2022 y 2023. Este reconocimiento oficial es clave para la visibilización y el respeto a las identidades diversas.

Por último, en el ámbito laboral, la Dirección Nacional del Servicio Civil incluyó la categoría “no binario” en sus formularios para postulaciones a empleos públicos, facilitando la inclusión laboral de personas con identidades de género diversas. También el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) publicó directrices específicas para proteger los derechos de adultos mayores LGBTIQ+, atendiendo sus necesidades particulares.

Retrocesos

En paralelo, el informe da cuenta de un estancamiento legislativo en varias promesas del gobierno: no hubo avances en la reforma a la Ley Zamudio, la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, la Ley de Convivencia Escolar ni en la implementación de una educación sexual integral.

Tampoco se concretaron políticas como el cupo laboral trans ni reformas al sistema legal que regula el reconocimiento de identidad de género. A esto se suma un retroceso en salud trans: en 2024, el MINSAL emitió una circular que suspendió las terapias hormonales para menores de edad, medida impulsada por presiones transfóbicas.

En paralelo, la Corte Constitucional suspendió parcialmente el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y condicionó su presupuesto. Otra promesa incumplida es la creación de albergues para personas LGBTIQ+ que han sido expulsadas de sus hogares.

Según el informe del Movilh, 2024 fue el año con más retrocesos en derechos LGBTIQ+ desde el retorno a la democracia, con un incremento del 78 % en las denuncias de discriminación. Se contabilizaron 2.847 casos, entre ellos crímenes de odio, actos transfóbicos y restricciones de derechos.

Finalmente, el Censo 2024 eliminó las preguntas relativas a infancias trans, contradiciendo compromisos previos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y profundizando la exclusión.

Frente a este escenario, activistas y expertos insisten en la urgencia de políticas públicas efectivas que protejan y garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Como señala el psicólogo Rodrigo Figueroa, solo mediante la inclusión, la empatía y un compromiso institucional real se podrá revertir la violencia simbólica y física que golpea a miles de personas, y construir una sociedad que celebre la diversidad en plenitud.

Por Camila Silva Cortés