ECMPO Wadalafken: Representantes lafkenche advierten falencias técnicas y jurídicas en resolución de la CRUBC Los Ríos

En pasado 31 de julio se realizó la primera presentación de las comunidades al Comité Técnico de la CRUBC Los Ríos en modalidad virtual, donde se indicó sobre la utilización de normas que han sido derogadas y la creación de un conflicto con la pesca artesanal.

Al respecto, los y las representantes lafkenche alertan que está en peligro la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de acuerdos.

La sesión técnica se realizó en el marco del proceso de evaluación de la reclamación interpuesta el 15 de julio por las comunidades de la Asociación Wadalafken, que busca dejar sin efecto parte de la Resolución Exenta 238 del 26 de mayo de 2025 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) Los Ríos, que redujo a un 3% el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) solicitado. La jornada estuvo marcada por el silencio institucional de los servicios técnicos.

El abogado, Felipe Guerra, explicó que «la resolución se basa en informes de organismos como Sernapesca y Subpesca que citan normas derogadas -el artículo 9 de la Ley General de Pesca- o normas inexistentes, lo que evidencia una fundamentación técnica y jurídica completamente deficiente para justificar la exclusión del 97% del territorio solicitado».

Otro de los argumentos expuestos fue el sostenimiento de la incompatibilidad entre la pesca artesanal y los espacios costeros, pero la misma CRUBC Los Ríos en su resolución exenta 1608 del 16 de noviembre de 2023, indica en el caso del ECMPO Misisipi que, no existe tal conflicto. Lo anterior, fue ratificado por el Ministerio del Interior a través del oficio Nº 31.364.

Por otro lado, se invocó el acuerdo firmado el pasado 20 de mayo entre Luis Cuvertino, gobernador regional y representes lafkenche, que establece 6 compromisos para asegurar la igualdad de condiciones, la transparencia y el acceso a la información en el proceso.

En ese sentido, manifestaron la falta de diálogo efectivo y la imposición de la modalidad virtual que son parte de prácticas de racismo institucional.

«No se están dando las condiciones de diálogo, no se están cumpliendo los compromisos, no se están generando las instancias reales, se están generando trabas hacia las comunidades. Hemos pedido por todas las instancias para poder llegar a un buen acuerdo. Esperamos que se abran las instancias y las autoridades realmente cumplan sus compromisos», expresó la guillatufe, Daniela Ñanco.

En tanto, Evelyn Gallardo, abogada del Gobierno Regional, argumentó en la jornada del 31 de julio que la decisión se funda en la falta de condiciones por incidentes posteriores a la sesión del 20 de mayo, que generó denuncias y solicitudes de servicios públicos que participan de la Comisión.

El coordinador de la Asociación de Comunidades Wadalafken, Sergio Quinan, se refirió a las condiciones actuales y el avance de los plazos que establece el reglamento de la CRUBC para resolver la reclamación.

«Hay que asumir responsabilidades, nosotros asumimos la nuestra, pero también lo deben hacer los servicios públicos. Cuando no hay un trabajo transparente que se apegue a principios básicos de respeto, ya que se vulneraron los derechos de las comunidades, nos recuerda a situaciones históricas. El Estado no debe hacerse la víctima en este proceso», añadió Quinan.

En otra posición, Guerra, expresó: «Resulta preocupante que la abogada del Gobierno Regional haya invocado argumentos como supuestas ‘amenazas’ para justificar la virtualidad, sin aportar antecedentes concretos y sin abrir espacios de diálogo con las comunidades. Esa postura, lejos de proteger el procedimiento, profundiza el clima de desconfianza y vulnera la promesa de un proceso transparente y respetuoso».

Asegurar la participación y los derechos indígenas

En el acuerdo del 20 de mayo se estableció el compromiso de implementar un calendario del proceso en la primera reunión del Comité Técnico que trataría la reclamación.

Se comprometieron al menos dos reuniones en los territorios de Corral y La Unión para facilitar la asistencia de los representantes lafkenche. A la fecha ninguno de los acuerdos se ha concretado y se contradice con la participación efectiva de las comunidades.

En las condiciones actuales, Sergio Quinan, explicó que «lo único que podría cambiar esta situación, así como va es que se acceda a una ampliación de plazo, porque dado el tiempo que queda veo imposible llegar a conversar y resolver los puntos que hay que aclarar. Dentro de los errores que vimos en el proceso anterior fue la falta de conocimiento y poco manejo sobre lo qué es un ECMPO de parte de los servicios técnicos. Es una falta de conocimiento grave».

El 31 de julio las comunidades solicitaron una ampliación de los plazos para la evaluación de la reclamación que, originalmente constaba de 30 días, invocando la Ley Lafkenche 19.800 y la Ley Base sobre Procedimientos Administrativos.

La finalidad es contar con tiempos adecuados para sostener reuniones y sesiones de trabajo con diferentes actores en el marco de un diálogo previo, libre e informado como establece el Convenio de 169 de la OIT.

Al respecto, el gobernador informó que «se encuentra en análisis la solicitud presentada por las comunidades para ampliar el plazo legal de un mes que contempla la Ley Lafkenche para resolver el recurso. Esta solicitud será evaluada y resuelta en la sesión del próximo 7 de agosto, conforme a las atribuciones de la CRUBC».

Por otro lado, consultado sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas afirmó que mantiene su compromiso y argumentó: «Es importante manifestar que el reglamento interno de la CRUBC contempla la realización de sesiones en modalidad virtual, modalidad que ya ha sido utilizada en otros procedimientos similares, como el recurso de reposición interpuesto anteriormente por Celulosa Arauco y Constitución S.A.».

Sin embargo, las comunidades lafkenche consideran que el proceso que llevan adelante se enmarca en otra dimensión de derecho y de propuesta de protección del maritorio, diferente a las que realizan empresas y actores sectoriales.

Seguiremos informando.

El Ciudadano