La justicia volvió a ponerle nombre y responsabilidad a un crimen cometido al interior del propio Ejército en los meses posteriores al golpe. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó —con declaración— la sentencia que condenó a ocho exconscriptos por el delito consumado de homicidio calificado de José Gastón Buchhorsts Fernández, también conscripto del Regimiento Cazadores de Valdivia, ilícito perpetrado entre septiembre y noviembre de 1973 en la comuna de Villarrica.
El fallo, dictado en primera instancia por el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, quedó firme en lo esencial: hubo una orden de mando y un pelotón de conscriptos que disparó. La Primera Sala del tribunal de alzada mantuvo las condenas y fijó penas efectivas de 7 años de presidio para cuatro de los condenados, además de inhabilitaciones perpetuas para cargos públicos y derechos políticos. Otros cuatro recibieron 5 años de reclusión, sustituidos por libertad vigilada intensiva por igual periodo, también con accesorias legales.
Fusilamiento ordenado por el Ejército: de “desertor” a detenido
Según los hechos asentados en la sentencia, Buchhorsts tenía 18 años, se desempeñaba como botero en Villarrica, y cumplía el Servicio Militar. Tras el 11 de septiembre de 1973, no se presentó oportunamente a su unidad. Fue considerado “desertor” y se organizó una patrulla que salió a buscarlo, lo detuvo en Villarrica y lo trasladó al regimiento. Compañeros lo vieron “en calidad de detenido”, custodiado por otros soldados, con las manos atadas y tirado en el piso de un vehículo militar.
El fallo también establece que en la unidad operaba una patrulla de confianza al mando del teniente Luis Rodríguez Rigo-Richi (hoy fallecido), dedicada a cumplir órdenes de patrullaje, detención y allanamientos “ordenadas por el comandante del regimiento”, entonces Santiago Sinclair Oyaneder.
Fusilamiento ordenado por el Ejército: “hacer su propia tumba”
En días posteriores, la patrulla trasladó a Buchhorsts a sectores cercanos a Villarrica bajo el pretexto de buscar armamento. No hallaron nada. Entonces, según la sentencia, el teniente ordenó que el joven excavara y lo hizo entrar repetidamente a la zanja: era “hacer su propia tumba”. Luego vino la instrucción final: ordenó a los conscriptos disparar. “Efectuándolo todos los soldados presentes”, lo ejecutaron y lo enterraron en el mismo lugar.
En el ámbito civil, la Corte confirmó que el Fisco debe pagar $100.000.000 por daño moral al hermano de la víctima.
La sentencia también consigna un patrón de ocultamiento: a la familia se le entregaron respuestas evasivas y, tiempo después, un fiscal militar habló de una supuesta “Ley de Fuga” sin informar ubicación ni permitir búsqueda. Hasta hoy, se afirma, no se han entregado antecedentes oficiales sobre el paradero del cuerpo.
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