El costo de las decisiones en política económica de la clase gobernante

Por Diego Farfán Valdebenito

En la penumbra de un salón londinense de Inglaterra, entre las nubes de humo de cigarrillos Craven «A» y Woodbine que impregnaban el ambiente y el eco de un mundo que se desmoronaba tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la recesión económica posterior (la crisis de 1929), John Maynard Keynes, sujeto a su pluma estilográfica, había comenzado a escribir para la posteridad. En sus escritos no buscaba una abstracción académica, sino desarmar, en su propio terreno (la economía), el relato tecnocrático que, aún hoy, se refugia en la frialdad de las planillas, especulaciones y cálculos e ignora el presente con cierta obstinación. Él sentenció que carece de sentido toda teoría económica que ignora a quienes viven en el presente.

Con esa urgencia de actuar en el ahora, Keynes lanzó su advertencia más contundente en su Tratado sobre la Reforma Monetaria (1923):

«Este asunto del largo plazo es una guía engañosa para los actuales problemas. A largo plazo, todos estamos muertos. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil e inútil si, en épocas de tempestad, solo pueden decirnos que, cuando la tormenta haya pasado, el océano volverá a estar en calma» (Keynes, 1923)

Aquellas palabras dejaron de ser una provocación intelectual para transformarse en un manual de respuesta frente a la crisis económica de Estados Unidos conocida como el Jueves Negro de 1929. Cuando el sistema económico se desplomó, los mismos economistas que antes predicaban la paciencia y aseguraban que el libre mercado solucionaría todo por sí solo, tuvieron que aferrarse, como náufragos, a los postulados de Keynes: primero a sus ideas de 1923 sobre la reforma monetaria y, luego, a su obra maestra La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936). Solo así pudieron rescatar a Estados Unidos de la Gran Depresión.

Esa advertencia no era un desprecio por el largo plazo, sino una constatación ineludible de la realidad: las decisiones de política económica se toman (y se pagan) en el corto plazo. Es ahí donde la gente posterga la consulta médica, cancela las actividades extracurriculares, negocia el arriendo, echa mano a los ahorros y llega al viernes sin saber si alcanzará el dinero para los días siguientes. Por eso, cuando llegó la Gran Depresión, el Estado no podía sentarse a contemplar el horizonte esperando que el océano recuperara su calma por arte de magia: la intervención era la única vía para salvar a quienes vivían el presente.

Decirle hoy a un trabajador en Rancagua, Talca o Temuco que, en un par de inviernos, el Estado exhibirá sus cuentas ordenadas, es una respuesta que no llena el estanque con combustible este jueves. Esa promesa técnica no logra frenar el alza que tendrá el precio del pan u otros bienes, empujada por el encarecimiento del diésel que utilizan los camiones para distribuirlos a kioscos, almacenes y supermercados. Tampoco alivia el peso del crédito hipotecario, que se vuelve una carga asfixiante cuando el Banco Central de Chile reacciona ante la inflación con las herramientas rígidas de la política monetaria.

En el gobierno actual persiste una fe casi religiosa: la creencia de que tomar medidas impopulares es, por sí mismo, una medalla de seriedad técnica. Eso los lleva a actuar como si el dolor que infligen fuera la prueba irrefutable de que el camino es el correcto. Es el mismo error que Keynes denunció en 1923 y que la historia económica ha castigado repetidamente: demostrar que la técnica sin humanidad no es rigor, sino ceguera.

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) fue concebido para actuar como amortiguador ante shocks externos: guerras, crisis internacionales y alzas abruptas del petróleo. Su diseño es claro: el Estado subsidia el alza del precio del petróleo ¿Cómo? El MEPCO limita las subidas y bajadas de la bencina a $29 por litro cada 21 días. Cuando el petróleo sube más, el Estado paga la diferencia; cuando baja, el Estado recupera esa plata. Es decir, absorbe el golpe para que no lo paguen las personas en caso de alza.

Y el desenlace llegó el lunes por la noche: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en horario prime con la solemnidad gélida de quien dicta un diagnóstico. Bajo los focos, anunció un alza de $370 por litro para la bencina de 93 octanos y de $580 para el diésel. Fue el propio ministro quien acuñó la expresión “alza histórica en el precio del combustible”. La justificó señalando que respondía a un déficit fiscal igualmente histórico.

Y como todo buen relato político, contiene verdades a medias…

Los datos desmienten la narrativa de «catástrofe fiscal heredada». Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Chile ha registrado déficits fiscales de 1,5% del PIB (1990); 1,5% (2000); 1,6% (2014); 2,8% (2017) y hasta 7,4% (2020); este último producto del gasto extraordinario de la pandemia. Los superávits reales fueron 5,2% (2008) y 4,4% (2006), impulsados por el auge del cobre. Un déficit proyectado de 2,8% del PIB para 2025 es normal en perspectiva histórica, no “histórico”.

El déficit que recibió este gobierno no fue un evento sísmico en perspectiva histórica, ni puede etiquetarse como “histórico” sin faltar a la verdad técnica. Al compararla con los verdaderos momentos críticos del pasado reciente, la cifra se situaba en niveles significativamente más manejables. Por lo tanto, la narrativa de la “quiebra” no parece ser un diagnóstico económico honesto, sino un escudo político diseñado para justificar la inacción y el repliegue del Estado frente a la urgencia ciudadana. Es decir, centrar el debate en la búsqueda de responsables (gobierno anterior), en vez de asumir el problema, es también una forma de irresponsabilidad.

Por lo tanto, el argumento de “no subsidiar el precio del combustible mediante el MEPCO por el déficit fiscal” es, en esencia, una decisión política. Es decidir quién paga la crisis. Y esa decisión, en este caso, tiene nombres y apellidos: la pagan quienes conducen a sus trabajos, quienes toman la micro en regiones y quienes dependen de una cadena logística que utiliza combustible en cada uno de sus eslabones, desde el campo hasta la góndola del supermercado.

Ante el aumento del precio del petróleo, el gobierno anunció siete medidas para aliviar el impacto: (1) un bono de $100 mil mensuales para taxistas; (2) el congelamiento de la tarifa del Transantiago (RM); (3) subsidios temporales al diésel para transporte de carga; (4) congelamiento de aranceles en servicios básicos; (5) un programa de créditos blandos para pymes, (6) bonos de emergencia para familias vulnerables; y (7) una comisión de seguimiento para revisar precios de combustibles.

Sin embargo, un bono de $100 mil mensuales para taxistas no compensa el efecto inflacionario de una cadena logística encarecida en todos sus niveles. El congelamiento del Transantiago no resuelve el problema de las regiones, donde el transporte público es deficitario, informal o directamente inexistente para una parte significativa de la población. Los subsidios al diésel para carga terminan absorbiéndose en los costos operativos sin bajas de precios visibles (la empresa usa ese dinero para pagar sus gastos que ya subieron: arreglo de camiones, sueldos, seguros y peajes). Los congelamientos de aranceles son temporales y no frenan la presión inflacionaria de fondo. Los créditos blandos para pymes llegan tarde y no evitan que los precios suban. Los bonos de emergencia son parches que no detienen la propagación del alza ¿Y la comisión de seguimiento? Solo estudia, recomienda y mientras analiza, los precios suben.

En definitiva, ninguna de estas medidas detiene el efecto dominó que elevará los precios de la canasta básica. El alza llegará en las próximas semanas con la puntualidad implacable de una ecuación contable.

Y el corto plazo importa. Mucho más de lo que este gobierno parece dispuesto a reconocer.

El alza de combustibles no es un hecho aislado: desencadena efectos de primer y segundo orden. En los de primer orden: las familias destinan más dinero al transporte, dejando menos para alimentación, salud, educación o ahorro. Lo que los economistas llaman costo de oportunidad se transforma en sacrificios tangibles.

En los de segundo orden los efectos son más profundos y tardíos: la inflación sube, el Banco Central eleva la tasa de interés y el crédito se encarece. Préstamos hipotecarios más altos, acceso al crédito cerrado para las pymes, caída del consumo de bienes durables. Menos inversión reduce el empleo, y menos empleo contrae la demanda: un círculo vicioso que empieza en la bencinera y termina en despidos que nadie vinculará públicamente con el ministro de Hacienda, Quiroz.

¡Pero sabe qué más! ¡Sincerémonos!

Cada vez que un problema económico aumenta el costo de la vida, la reacción ciudadana es unánime: tocar la puerta del Estado. Ese mismo Estado que, hasta hace poco, era caricaturizado como un ente graso, ineficiente o directamente prescindible por quienes hoy ostentan el poder como por la ciudadanía misma.

Ahí emerge la paradoja: el Estado al que hoy la ciudadanía exige que actúe como escudo frente a esta crisis simplemente no puede actuar como tal, porque está en manos de una clase gobernante que, en lo más profundo de su dogma, jamás ha creído en él. Lo administran por encargo, sí, pero creer en el Estado es un asunto de otra naturaleza para ellos. Por ende, el cinismo es evidente: los mismos ciudadanos que hoy exigen, fueron los que ayer aplaudieron recortar el Estado y votaron por quien prometía minimizarlo. Y hoy, cuando algunos bienes y servicios suben de precio, esperan que ese mismo Estado funcione.

Desde este “Jueves Negro de la economía chilena”, comienza un debate que no cesará: la administración gobierna con admirable consecuencia doctrinaria, para el largo plazo. Pero mañana, la gran mayoría habitará el frío de las cinco de la mañana de ese mismo jueves: ese instante exacto en que el sueldo se convierte en una maniobra constante, una cuenta que cede para que otra no caiga, un gasto que se sacrifica para que otro respire, hasta que las manos ya no alcanzan a sostener todo lo que el mes exige.

¿Seremos capaces de entender que el largo plazo es una promesa para quienes siguen vivos, no una certeza para quienes mueren mientras esperan?

Porque el Jueves Negro no perdonó a nadie en 1929. Y no perdonará a nadie hoy.

Por Diego Farfán Valdebenito

Administrador Público

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