El des-interés público: Del contrato social al contrato privado

Por Diego Farfán Valdebenito

En Chile, la corrupción no siempre se esconde. A veces vive en oficinas con vista panorámica, se firma con un lápiz Montblanc y se justifica con tecnicismos legales. No es el delito torpe del desesperado, sino el crimen sofisticado del bien informado. Y en los últimos años, la evidencia se ha vuelto imposible de ignorar. El caso Audios, protagonizado por Luis Hermosilla, es paradigmático, debido a que reveló que el Estado no se captura solo por la fuerza, sino mediante redes informales, transacciones de favores y lealtades. Hermosilla no torció la ley, hizo algo peor. La alquiló.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, lo entendió bien. En el caso «Muñeca Bielorrusa», revirtió un fallo contra el consorcio Belaz Movitec, favoreciendo a la empresa por más de 20 millones de dólares en perjuicio de Codelco. A cambio, al menos 57 millones de pesos, fragmentados, triangulados, convertidos en viajes y gastos personales. En enero de 2026 se decretó su prisión preventiva.

 Y cuando parecía que el interés público no podía ser más desprestigiado, el caso Fundaciones vino a confirmar su captura por redes que operan al margen de la probidad. Este caso destapó más de 53 organizaciones bajo investigación, con traspasos irregulares que superan los 32 mil millones de pesos. Ministerios y gobiernos regionales comprometidos, el mapa de la corrupción ya no cabe en un organigrama. Es una red que se repite en cada rincón del Estado.

Frente a este escenario surge una pregunta fundamental: ¿Qué pasa cuando el interés público deja de ser el principio que estructura el Estado y se vuelve apenas un teatro institucional? La pregunta esconde otra más básica: ¿Qué entendemos por interés público? En Chile, esa ambigüedad ha sido funcional a la corrupción. Cuando no definimos qué defendemos, terminamos defendiendo nada.

Para entender esta confusión, hay que volver a Jean-Jacques Rousseau. En El Contrato Social (1762), el filósofo ginebrino estableció una distinción que hoy hemos olvidado por completo, la diferencia entre «voluntad general» y «voluntad de todos». No son sinónimos. La primera (lo que en la modernidad llamamos interés público) apunta al bien común, la segunda, a la mera suma de intereses particulares. En Chile hemos convertido el interés público en un catálogo de demandas privadas.

La voluntad de todos

La voluntad de todos, según Rousseau, es apenas aritmética política “la suma de preferencias individuales”. Imagina una votación donde cada grupo presiona por lo suyo: «Yo quiero menos impuestos», «Yo quiero más subsidios», «Yo quiero mantener mi privilegio». Se cuentan votos, gana el bando más fuerte, y listo. El proceso puede ser perfectamente legal, incluso democrático en apariencia, pero el resultado es profundamente injusto.

¿Por qué? Porque esta lógica no busca el bien común, transforma al Estado en un campo de batalla donde cada facción (empresarios, gremios, partidos políticos) compite por imponer su agenda particular. El criterio de éxito no es «¿Qué es justo?» sino «¿Quién tiene más poder para ganar?». El resultado no es justicia, es reparto de botín entre los ganadores.

Cuando esta lógica se normaliza (cuando todos aceptan que «así funciona la política»), el Estado deja de ser República y se convierte en mercado. En lo que hemos visto en Chile: “Un espacio donde triunfa quien tiene más dinero, más contactos, más poder para presionar”. Los casos de corrupción que hemos descrito no son fallas del sistema. Son el sistema funcionando.

La voluntad general

La voluntad general rousseauniana es algo radicalmente distinto. Para comprenderla, Rousseau nos propone un ejercicio mental (el mismo que décadas después John Rawls refinará como «velo de ignorancia»): imagina que debes decidir sobre las reglas del sistema de salud, educación o impuestos de tu país, pero no sabes qué lugar ocuparás mañana en esa sociedad. No sabes si serás rico o pobre, sano o enfermo, empleador o empleado, nacido en barrios donde todo está garantizado o en barrios donde nada lo está.

Desde esa posición de absoluta incertidumbre, ¿Qué sistema elegirías? Esa respuesta (despojada de todo cálculo egoísta) es la voluntad general. No es lo que cada persona quiere para sí misma, sino lo que todos deberíamos querer para la comunidad cuando el interés personal se suspende. Es la decisión racional de ciudadanos que piensan como miembros de un cuerpo político común, no como individuos compitiendo por ventajas particulares.

Dicho de otro modo, la “voluntad de todos” pregunta: ¿Qué quiero yo? La “voluntad general” pregunta: ¿Qué deberíamos querer todos si el azar pudiera cambiarnos de lugar mañana?

Rousseau no era ingenuo. Sabía que la voluntad general no emerge espontáneamente. Por naturaleza, los seres humanos priorizan el interés personal sobre el bien colectivo. Por eso, la voluntad general requiere instituciones que estructuren la deliberación orientada al bien común. Instituciones que obliguen a pensar desde el velo de ignorancia, no desde el privilegio adquirido.

En Chile no construimos esas instituciones. Hicimos exactamente lo contrario: construimos instituciones que confunden la voluntad general con la voluntad de todos, que reducen el interés público a la mera suma de intereses particulares. Los casos de Hermosilla, Vivanco y las Fundaciones no son simples violaciones a la ley. Son la prueba de que nuestro sistema opera con la lógica equivocada, esto es: protege la voluntad de todos, no la voluntad general. Esa es la traición.

Hay dos maneras de traicionar este ideal. La primera es violenta y concentradora. Maximilien Robespierre, líder jacobino de la Revolución Francesa, la ejemplifica. Entre 1793 y 1794, durante el llamado “Reino del Terror”, Robespierre invocó a Rousseau para justificar lo contrario de sus ideas: concentró poder absoluto en el Comité de Salud Pública, y declaró “enemigos del pueblo” a quienes disentían (aristócratas, moderados, incluso revolucionarios rivales) y los envió a la guillotina. Más de 16.000 personas ejecutadas en nombre del “bien común” y la “voluntad general”.

Ambas traiciones (la jacobina y la chilena) destruyen las condiciones institucionales para la voluntad general. Robespierre las destruyó concentrando poder absoluto en nombre del pueblo. Chile las destruye fragmentando el Estado y convirtiéndolo en mercado. Los métodos son opuestos, el resultado es el mismo: donde debía estructurarse el interés público, queda solo poder sin límites. Concentrado en unos pocos o repartido entre quienes pueden pagarlo.

“Rousseau advirtió que cuando la voluntad general se confunde con la voluntad de todos, el pacto se rompe. Lo comprobamos. El interés público se convirtió en teatro: un escenario donde se representa una obra en la que nadie cree, pero todos fingen aplaudir.”

Por Diego Farfán Valdebenito

Administrador Público

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