El Melón: La batalla de 230 familias contra el «patrón de fundo» de Anglo American

En el Ex Asentamiento El Melón, la paz del campo ha sido reemplazada por un campo de batalla judicial, donde las y los vecinos enfrentan a la gigante Anglo American Sur por el control de la tierra y los Bienes Comunes Especiales que heredaron de la Reforma Agraria.

En El Melón, la Reforma Agraria no ha terminado

En el Ex Asentamiento El Melón, más de 200 familias luchan por subdividir sus tierras comunes, al mismo tiempo que Anglo American —que ya dispone del 23% de los derechos — intenta controlar el territorio mediante una polémica figura legal: un Administrador Pro Indiviso.

El administrador pro indiviso es una persona(s) designada por los copropietarios con el fin de gestionar un bien indivisible, que actúa como mandatario de todos, organizando su uso, gastos y rendición de cuentas. 

Las y los vecinos de El Melón han sido claros: no es una negativa a la administración, es una defensa de la autonomía. Los habitantes del ex asentamiento denuncian una ‘captura’ del control territorial, ya que el tribunal permitió que Anglo American financie con $4 millones mensuales al administrador. La pregunta cae por su propio peso: ¿Qué tan imparcial puede ser un árbitro cuyo sueldo depende directamente de uno de los jugadores en conflicto?

“Lo que pasa es simple: no estamos en contra de la administración, estamos en contra de que se imponga una administración financiada por la minera. Nosotros somos los dueños de los derechos y tenemos una herramienta legal válida para resolver este problema. Las comunidades no pueden quedar eternamente en el aire, multiplicándose sin control, porque al final se pierden”, señaló uno de los vecinos afectados, quien solicitó resguardar su identidad ante el temor a posibles represalias por parte de la minera, debido al historial de querellas que ha enfrentado la dirigencia.

De la Reforma Agraria al Control Minero

La disputa por las tierras en El Melón (comuna de Nogales) no es un evento reciente, sino el resultado de décadas de tensiones entre la identidad campesina y la expansión de la gran minería. 

El origen se remonta a la Reforma Agraria, a fines de los 60 y principios de los 70, cuando el Estado entregó parcelas y derechos sobre los llamados Bienes Comunes Especiales a 230 campesinos que antes trabajaban como inquilinos. Tras el golpe de Estado de 1973, aunque muchas tierras fueron devueltas a antiguos dueños, en El Melón persistieron dos grandes áreas colectivas que suman cerca de 12 mil hectáreas.

El quiebre comenzó en 1985, cuando la Minera Disputada de Las Condes (hoy Anglo American Sur) instaló el tranque de relaves El Torito. Parte de la comunidad denunció que esto se logró mediante acuerdos irregulares con personas que no eran comuneros, a cambio de regalías personales para dirigentes de la época.

Desde que Anglo American asumió el control del yacimiento El Soldado en 2002, la relación se ha deteriorado. Pese a fallos judiciales que obligan a la minera a pagar servidumbres por las expansiones del tranque, la empresa ha apelado sistemáticamente para no liquidar dichas deudas hasta la fecha.

Posteriormente, entre 2008 y 2012, ante la negativa de la comunidad de ceder el acceso al cerro Caquicito, la multinacional cambió de táctica: comenzó a comprar derechos individuales de tierras a los asignatarios originales.

Vecinos de El Melón denunciaron que Anglo American, aprovechando la vulnerabilidad de personas de la tercera edad y con bajo nivel educativo, adquirió derechos a precios inferiores al avalúo fiscal (cerca de $350.000 por hectárea). Hoy, Anglo American posee más del 23% de los derechos en los Bienes Comunes 1 y 2, lo que le permite intervenir directamente en las decisiones de la asamblea.

En 2016, los parceleros fundaron la Asociación Gremial de Agricultores y Ganaderos para proteger el giro agrícola y frenar la influencia minera. Su objetivo principal ha sido regularizar y subdividir apenas el 14% de la superficie total para que los herederos de la Reforma Agraria —que hoy superan las 700 personas— puedan tener sus escrituras propias.

Sin embargo, declararon que Anglo American ha desplegado una feroz resistencia legal mediante 3 estrategias diferentes: En primer lugar, el bloqueo de leyes, es decir, oposiciones constantes a la aplicación de la Ley 19.386 (enajenación de bienes comunes) llevando el caso incluso al Tribunal Constitucional, instancia en la que la minera perdió.

En segundo lugar encontramos la llamada ‘ofensiva legal’, que consiste en el patrocinio de demandas contra la directiva de la asociación por supuesta “administración desleal” y “estafa”, acciones que los vecinos han interpretado como un intento de criminalizar a la dirigencia.

Por último, encontramos al ya nombrado ‘Administrador Pro Indiviso’, que es la promoción de un administrador externo financiado por ellos mismos para mantener el control sobre el territorio. 

Para las y los vecinos, el objetivo de fondo de Anglo American es asegurar la continuidad de su operación. El tranque El Torito tiene permiso de funcionamiento solo hasta el 31 de enero de 2027. Para expandirlo, la minera necesita evitar que la comunidad subdivida la tierra y consolide su propiedad agrícola. Lo que está en juego en El Melón es, finalmente, si el territorio seguirá siendo un espacio de vida campesina o se convertirá definitivamente en la zona de sacrificio de una multinacional.

La «Estrategia del Bloqueo»

El intento de la comunidad de El Melón por regularizar sus tierras ha sido una carrera de obstáculos legales. 

Entre febrero y abril de 2024 se inició el proceso de regularización, luego de que los comuneros solicitaran formalmente la enajenación —esto es, la subdivisión— de los Bienes Comunes 1 y 2 ante el Juzgado de La Calera. El trámite se desarrolló cumpliendo íntegramente los requisitos legales, incluyendo la publicación de avisos en diarios y la instalación de carteles oficiales para citar a los copropietarios a votación.

En mayo del mismo año, Anglo American entró en la escena. Al hacerse parte del proceso, la minera desplegó una serie de incidentes y recursos procesales con el objetivo de impedir que se realicen los comparendos donde los comuneros deben votar. 

Posteriormente, en junio de 2024, Anglo American solicitó suspender los comparendos tanto en el Juzgado de La Calera como en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En ambas instancias, los jueces le negaron la razón.

En la misma fecha la minera intentó detener el proceso a través de las Órdenes de No Innovar (ONI), un recurso de emergencia que se solicitan a las cortes con el fin de “congelar” un proceso inmediato. Sin embargo, el tribunal rechazó las peticiones en dos ocasiones (el 19 y 25 de junio), lo que permitió que la comunidad ejerciera su derecho a decidir sobre sus tierras a pesar de la presión minera.

El 24 de ese mismo mes y a pesar del asedio legal, se logró realizar el segundo comparendo con un éxito rotundo: asistió y votó casi el 90% de las y los copropietarios. Sin embargo, en julio y tras fracasar en los tribunales ordinarios, Anglo American presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC, que ordenó suspender el procedimiento en La Calera mientras revisa el caso, logrando —por ahora— paralizar la entrega de tierras a las familias.

Para vecinos del sector, esta secuencia revela que no se trata de una disputa legal común, sino de una estrategia de agotamiento. Cada vez que la comunidad logra un avance administrativo, la minera responde con un nuevo recurso en una instancia superior para dilatar el resultado final.

La sentencia del 8 de Enero

Tras no lograrse un acuerdo unánime entre los cientos de comuneros, el Juzgado de Letras de La Calera dictó sentencia para fijar cómo se administrarán las 12 mil hectáreas en disputa.

En la instancia, el juez rechazó la petición de los parceleros de que la Asociación Gremial administrara sus propias tierras. En su lugar, nombró a un tercero ajeno a la comunidad. El argumento judicial fue que un externo garantiza «evitar injerencias» de los grupos en conflicto.

Sin embargo, aquí se concentra el punto más polémico del caso: el tribunal aceptó la propuesta de la minera y fijó en 4 millones de pesos brutos mensuales los honorarios del administrador, que serían pagados íntegramente por Anglo American Sur S.A.

Asimismo, y en un intento de salvar la apariencia de imparcialidad,  la minera no pagará directamente al administrador, sino que depositará el dinero en la cuenta del tribunal. Además, el juez prohibió expresamente cualquier «entendimiento directo» entre el administrador y la minera fuera del ámbito legal.

En cuanto a las facultades y limitaciones, el administrador debe mantener el carácter agrícola y rural de las tierras; sólo tiene facultades de administración ordinaria, es decir, no puede vender ni disponer de los inmuebles; está habilitado para gestionar los dineros de las indemnizaciones por la ampliación del Túnel El Melón y; tiene autorización de un gasto máximo de 2 millones mensuales. 

Por otro lado, Anglo American y un grupo de comuneros propusieron crear una «comisión» para coordinar con el administrador, propuesta que fue rechazada por el juez al no estar contemplada en la ley y porque «no contaba con la confianza de la totalidad de los comuneros».

Comuneros de El Melón advirtieron que el tribunal validó el modelo donde la minera tiene el poder financiero sobre la administración del territorio. Aunque el juez intentó poner barreras, la comunidad dejó constancia de su sospecha: un giro minero es «totalmente contrapuesto» al giro agrícola de las tierras que se pretenden administrar.

«La justicia me causa sospechas. El juez copió y pegó [la propuesta de la minera]. Teníamos una jueza impecable, que les puso límites… y la cambiaron. No sé por qué la sacaron. Sospechoso. Muy sospechoso. Hay poderes que están sobre nosotros», denunció uno de los comuneros afectados. 

«No queremos que quien paga, mande»

Ante los hechos, el equipo legal de la comunidad solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que invalide la sentencia del 8 de enero por considerar que el proceso fue «viciado» y que la decisión de fondo es una «aberración» jurídica.

El argumento central de la Casación es que el juez se saltó pasos obligatorios: no llamó a las partes para intentar un acuerdo y tampoco abrió un periodo de prueba. Esto impidió que los parceleros demostraran que ya tenían una administración funcionando y que Anglo American tiene intereses contrapuestos. Al final, se acusó una decisión ‘a ciegas’, basada exclusivamente en la propuesta de la minera.

En la Apelación, el abogado explicó que la demanda de Anglo American es innecesaria y contradictoria ya que desde el año 2014 existe la Asociación Gremial de Agricultores y Ganaderos, que representa al 90% de los derechos (220 de 230 asignatarios originales); por lo que los estatutos de esta Asociación ya le dan el poder al Directorio para administrar los Bienes Comunes 1 y 2. 

Además, el abogado denunció que dos de los demandantes (Hugo González y Mario Tapia) son socios de la Asociación. Por lo tanto, no pueden pedir un administrador externo cuando ellos mismos ya habían pactado voluntariamente que la Asociación administrara las tierras.

Por otro lado, el escrito es durísimo respecto al financiamiento del administrador y calificó como una “aberración” el hecho de que el sueldo de 4 millones de pesos sea pagado por la minera, señaló que aunque el dinero pase por la cuenta del tribunal, es imposible que un administrador sea imparcial si su cheque depende de una de las partes en conflicto.

En esa línea, subrayó que Anglo American tiene un giro minero, mientras que las tierras son agrícolas, por lo que la minera no tiene un interés real en proteger la agricultura, sino en manejar el territorio para sus propios fines industriales.

Recursos escuálidos vs. Sueldo minero

Para las y los vecinos de El Melón, la disputa visibiliza la desproporción entre lo genera la comunidad y lo que la minera pretende pagarle al administrador, ya que los ingresos que tiene la comunidad no alcanzan los 4 millones de pesos propuestas por la minera. 

“Los ingresos nuestros aquí son escuálidos… Tenemos dos contratos de antena que son un millón trescientos cuarenta mil pesos… Con eso pagamos a dos porteros, una oficina, una secretaria. No hay más plata”, indicó uno de los comuneros. 

Por otro lado, los vecinos han denunciado que la minera replica estructuras coloniales de poder con el objetivo de dividir a los vecinos y comprar voluntades. Señalaron que hay personas que, según su punto de vista, ven a Anglo American como “un patrón de fundo” en donde creen que deben consultarle cualquier decisión ante un terreno que les pertenece.

La crisis sanitaria en Los Caleos: El «cáncer como un resfriado»

Por otro lado, el impacto sanitario en el sector de Los Caleos es la cara más amarga del conflicto. «El relave es una bomba; el cáncer ahí es como el resfriado, la gente muere o padece cáncer de estómago y útero. Es una zona de sacrificio, pero calladita», relató con crudeza uno de los vecinos de la zona.

Los comuneros denuncian que, tras lluvias intensas, la minera abrió sus compuertas liberando un lodo grisáceo. Sin embargo, la minera a través de un comunicado señaló que habían realizado vertidos de «aguas claras».

«Nosotros teníamos imágenes… el agua no era clara. El agua era espuma ploma, como mezcla de cemento. Eso son puros metales, un barro que viene con agua… El agua sale con espuma color cemento; son puros metales que se meten en las napas y los viejos terminan tomando agua con puro cáncer», sentenciaron sobre la contaminación de la zona. 

En una investigación sobre las zonas de sacrificio en Chile del diario británico «The Guardian«, vecinos del sector denunciaron que el agua de los ríos y de los pozos está contaminada y no sirve ni para consumo ni para higiene, ya que incluso cambia de color.

Además, en la investigación, un vecino del sector relató que cada año mueren algunas de sus vacas y cabras tras beber agua de los arroyos, y que también ha hallado peces, conejos, patos y diversas aves muertos.

Asimismo, los vecinos advirtieron que el polvo proveniente de faenas mineras cubre cultivos y viviendas, lo que ha generado problemas de salud y ha sido motivo de demandas de investigación a las autoridades.

A pesar de que en reiteradas ocasiones Anglo American ha declarado que controla la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas y ha negado poner en riesgo la vida de las personas y animales. En 2020, la autoridad ambiental concluyó que las descargas provenientes del tranque El Torito deterioraron las condiciones del agua del río El Cobre.

Posteriormente, a fines de 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló tres acusaciones en contra de la minera por faltas a la normativa en la mina El Soldado, vinculadas con fallas en sistemas de drenaje y control de filtraciones.

Finalmente, tras gestiones parlamentarias, la Superintendencia de Medio Ambiente aplicó una histórica multa a El Soldado por 12.000 millones de pesos. Sin embargo, para los vecinos es insuficiente: «Esa plata es para el Estado, pero no repara el daño ambiental ni la salud de nuestra gente»..

El Caso en la Corte de Valparaíso

Hoy, la causa ha dejado los pasillos del tribunal de La Calera para ser resuelta en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo que los ministros deben decidir no es solo el nombre de un administrador, sino quién tendrá la llave de un territorio de 12 mil hectáreas.

Para los parceleros de El Melón, esta es la última frontera. Saben que si el fallo se mantiene, la minera no solo habrá ganado un juicio, sino el control indirecto de las tierras que sus familias recibieron tras la Reforma Agraria, sellando el destino de una comunidad que se niega a ser una zona de sacrificio en silencio.