La empresa estatal israelí de aguas Mekorot dejó de tener vínculo contractual con la Región del Biobío tras el término del contrato de consultoría hídrica suscrito con la Corporación Regional de Desarrollo del Biobío.
El acuerdo, firmado el 1 de junio de 2023, contemplaba la elaboración de un Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos por USD 329.412 y una vigencia de 12 meses. Cuando fue anunciado, el Gobierno Regional afirmó que permitiría convertir al Biobío en una región pionera en gestión hídrica estratégica. Sin embargo, el informe final nunca se entregó.
El convenio fue suscrito durante la administración del entonces gobernador regional Rodrigo Díaz Worner, quien además presidía la Corporación Regional de Desarrollo del Biobío y actualmente es investigado en el marco del Caso ProCultura, una de las aristas del denominado Caso Convenios que indaga millonarias transferencias de recursos públicos a fundaciones.
Denuncia a Contraloría
En marzo de 2024, Abogados por Palestina presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República cuestionando la contratación.
Entre los argumentos se mencionó la ausencia de licitación pública, cláusulas que limitaban la responsabilidad de la empresa y la aplicación de legislación extranjera.
También se advirtió que el contrato fue suscrito a través de una corporación de derecho privado financiada con recursos públicos.
“Cuando existen dudas sobre su ejecución o sobre las condiciones en que fue adjudicado, lo que está en juego es el uso de fondos que pertenecen a todos los chilenos”, explicó Nelson Hadad Abuhabda, integrante del grupo legal.
La respuesta oficial de la Corporación Regional de Desarrollo del Biobío, entregada por Ley de Trasparencia, señaló que el contrato concluyó por el cumplimiento del plazo pactado y que la Contraloría Regional del Biobío desestimó la denuncia al no advertir ilegalidades en la contratación.
No obstante, el mismo documento indica que durante la ejecución del contrato solo se registró un pago parcial de $28.995.960 en julio de 2023 y que la consultoría no alcanzó la etapa de entrega de productos finales, por lo que la entidad no dispone de un informe final del estudio comprometido.
Aunque la Contraloría Regional no declaró ilegal el contrato, este si quedó dentro de su plan anual de auditoría para que determine cómo se ejecutaron estos recursos públicos
“Lo grave es que el convenio terminó sin que se elaborara una estrategia hídrica para enfrentar la crisis del agua en la región. Aun así, se desembolsaron cerca de $30 millones de recursos públicos sin que existiera una contraprestación efectiva para la ciudadanía”, explicó Hadad.
Rol en Territorios Palestinos Ocupados
La controversia también se relaciona con el rol que Mekorot desempeña en los Territorios Palestinos Ocupados.
Informes de organismos internacionales de derechos humanos acusan a la empresa de participar en un sistema de expropiación que beneficia a asentamientos israelíes ilegales, mientras restringe el acceso de agua a comunidades palestinas.
“Mekorot está incluida en el listado de la ONU de empresas vinculadas a la ocupación ilegal de Palestina. Los Estados deben evitar contratos con compañías involucradas en esas actividades y actuar en coherencia con sus obligaciones internacionales en derechos humanos”, dice Hadad.
A pesar de que la Corporación Regional indicó que la salida de la empresa israelí del Biobío se debió al cumplimiento del plazo pactado, para Abogados por Palestina la no renovación del contrato “no es casual. Responde a la denuncia que presentamos al ente Contralor y a la presión sostenida de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones medioambientales”.
Abogados por Palestina afirmó que continuará monitoreando posibles acuerdos similares en el país y reiteró el llamado a reforzar los estándares de transparencia, probidad administrativa y respeto al derecho internacional en la contratación pública.
El Ciudadano
