«Es de la mayor gravedad»: Siguen cuestionamientos por espionaje y seguimientos a opositores del proyecto Alto Maipo

A finales del año 2021 a través de una publicación del medio Interferencia, se destapó que Aes Andes habría contratado servicios de ciberseguridad y ciberespionaje para monitorear a los opositores al proyecto Alto Maipo.

Tras este reportaje y dada la gravedad revelada, los vecinos Maite Birke, Francisca Fernández, María Jesús Martínez y Anthony Prior interpusieron un recurso de protección que fue admitido y que sigue en curso.

En esta causa por espionaje, la Corte de Apelaciones pidió tanto a Aes Andes como a Alto Maipo que informaran sobre el caso y a partir de la respuesta de la empresa, el 17 de abril, se comprobó que efectivamente la hidroeléctrica ‘contrató servicios de seguimiento de redes y recopilación de información’.

Este trabajo lo realizó la empresa Felipe Jaque Zamora, Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología EIRL y se desarrolló durante 6 meses del 2020,  según indicó la empresa. 

Por su parte en febrero pasado, Aes Andes -que comparte ejecutivos con Alto Maipo- señaló que ‘no ha tenido participación en los hechos que se denuncian’ a pesar que el proyecto, Alto Maipo, entregó a la justicia una serie de correos electrónicos corporativos de Aes dirigidos a Jaque Zamora. 

Al respecto, los recurrentes en el recurso de protección recordaron que «durante 180 días fuimos sometidos a una indagación y recopilación de un sinnúmero de datos personales que van desde direcciones de domicilios, parejas, estudios, redes sociales, entre otras, así como también, de las acciones que hemos ejecutado en contra el proyecto».

«A estos antecedentes se suma la vigilancia a un grupo de trabajadores del propio proyecto. No conformes con investigarnos, en informes nos calificaron de ‘ecoterroristas’ vulnerando nuestros derechos fundamentales como ciudadanos y dirigentes. Alto Maipo y Aes Andes nos criminalizan y estigmatizan en un burdo intento de amedrentarnos e impedir que defendamos nuestros territorios», enfatizaron. 

Un hecho gravísimo

Para las y los defensores ambientales, este ciberespionaje «es de la mayor gravedad porque, por primera vez, se comprueba que los movimientos socioambientales y los ciudadanos con conciencia ambiental son blanco de persecución y espionaje por las empresas extractivistas violando la confianza y el contrato social».

«Por ello», añadieron, «exigimos que el Estado reaccione y adopte medidas para proteger a las y los defensores; algo que no hizo en el caso de Macarena Valdés en el contexto de otro conflicto con una hidroeléctrica».

En este punto, subrayaron que el reconocimiento de Alto Maipo se da en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú y de la realización de la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2) en Argentina.

«Este tratado ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico y obliga al Estado y al gobierno a cumplir su mandato de asegurar la vida de ciudadanos y defensores ambientales», indicaron.

En relación a esto, destacaron que Alberto Brunori, representante de ONU Derechos Humanos en América Central, declaró: ‘Algunas personas afirman que las y los defensores de los derechos ambientales son un obstáculo para el desarrollo. Hasta las y los tildan de ‘terroristas’. Muy por el contrario, juegan un rol vital en la consolidación de la democracia y su labor debe protegerse y respaldarse’. 

«Así mismo debe garantizarse la no impunidad de la empresa», plantearon las y los defensores ambientales. «Aes Andes y Alto Maipo se han caracterizado por incumplir constantemente sus propios compromisos y quebrantar las leyes; y a pesar de eso, no han perdido el apoyo que, de manera transversal, les han entregado los gobiernos».

Sobre el actual gobierno del Presidente Boric, señalaron que «en el pasado cercano sus propios integrantes apoyaron la defensa del Río Maipo y manifestaron públicamente su oposición a la hidroeléctrica de Aes Andes. Incluso Gabriel Boric en campaña presidencial en el territorio se comprometió a estudiar la paralización del proyecto». 

Finalmente, las y los vecinos anunciaron que «el camino de esta denuncia está comenzando, por lo que llamamos a los medios de comunicación, organismos de derechos humanos, organizaciones ambientales, sociales y políticas, a visibilizar y denunciar a Aes Andes y Alto Maipo por el espionaje y seguimiento a dirigentes ambientales, para que esta situación de vulneración no quede en la impunidad».

«Por esta razón y por la suma de ilegalidades históricas que ha cometido, Alto Maipo debe ser clausurado. En tanto que por toda la destrucción que genera su mandante, Aes Andes en distintos territorios, el Estado debe cesar sus negocios con la transnacional», expresaron.

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