El pasado martes se desarrolló una nueva jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, instancia en la que los querellantes expusieron antecedentes que apuntan, según la Fiscalía, a presuntas influencias indebidas y actuaciones incompatibles con el cargo, incluso eventualmente después de su salida del máximo tribunal.
La noche anterior, Vivanco permaneció detenida en el recinto penitenciario de San Joaquín, en el sector conocido como “Capitán Yáber femenino”, y durante la mañana fue trasladada a tribunales para enfrentar una audiencia marcada por la reiteración de las conductas imputadas por el Ministerio Público.
¿Cómo comenzó todo?
Cabe recordar que la denominada “trama bielorrusa” surgió como una arista del denominado “Caso Audio”, investigación que destapó redes de influencias y eventuales prácticas irregulares al interior del Poder Judicial, especialmente vinculadas al entorno del abogado Luis Hermosilla.
En 2024 se revelaron chats que dieron cuenta de la estrecha relación entre Hermosilla y Ángela Vivanco, quien ya en 2018 le habría solicitado apoyo para llegar a la Corte Suprema. Según los antecedentes conocidos, el intercambio de información reservada derivó en la apertura de un proceso de remoción y en cuestionamientos por eventuales irregularidades en causas ligadas al consorcio chileno-bielorruso.
El 10 de octubre de 2024, en un hecho inédito, el Pleno de la Corte Suprema decidió por unanimidad remover a Vivanco de su cargo. El tribunal fundamentó su salida en un “comportamiento que no fue el adecuado”, citando interferencias en nombramientos, entrega de información en causas judiciales y su intervención en el fallo del consorcio Belaz Movitec (CBM) contra Codelco.
Paralelamente a su expulsión del Poder Judicial, el Ministerio Público inició una investigación de carácter penal. Actualmente, la Fiscalía Regional de Los Lagos lidera el proceso, en el que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, configurando una de las crisis institucionales más profundas que ha enfrentado la justicia chilena en las últimas décadas, según distintos análisis.
Origen del caso: De los chats de Hermosilla a la remoción
Esta trama se reveló públicamente en 2024, cuando salieron a la luz chats entre la exministra de la Corte Suprema y el abogado Luis Hermosilla. Las conversaciones evidenciarían, de acuerdo con la investigación, el intercambio de información reservada sobre diversas causas de interés para el jurista.
Posteriormente, Vivanco fue objeto de un proceso de remoción y, tras la revisión de diversos antecedentes, fue cuestionada por eventuales irregularidades en la gestión y revisión de causas vinculadas al consorcio chileno-bielorruso, lo que culminó con su destitución en octubre de 2024.
No obstante, el caso fue más allá de unos chats con Hermosilla. La Fiscalía inició además una investigación en contra de Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, por la presunta recepción de pagos del consorcio Belaz-Movitec (CBM) a cambio de fallos judiciales favorables en su disputa con Codelco.
Para sustentar esta tesis, el Ministerio Público recopiló peritajes bancarios, georreferenciación de teléfonos, análisis de tráfico de llamadas y seguimientos policiales, antecedentes que permitieron reconstruir, según la Fiscalía, el movimiento de al menos 57 millones de pesos.
Para comprender el origen del conflicto, la investigación retrocede a 2023, cuando CBM demandó a Codelco tras el término anticipado de un contrato de movimiento de tierras, decisión adoptada luego de un accidente laboral ocurrido en 2022 en el proyecto Rajo Inca, donde falleció un trabajador vinculado al consorcio.
En ese contexto, Vivanco —cuando aún integraba y subrogaba la presidencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema— suscribió resoluciones que habrían revertido el curso del litigio y favorecido a CBM, lo que derivó, según la acusación, en pagos que superaron los 17 mil millones de pesos desde Codelco al consorcio.
La investigación subrayó que, antes de la intervención de la Tercera Sala, Codelco había obtenido resultados favorables en todas las instancias previas. Además, uno de los fallos se tramitó en plazos inusualmente breves, lo que encendió alertas internas. De acuerdo con la Fiscalía, estas decisiones habrían estado motivadas por sobornos provenientes del consorcio, vínculos que Vivanco no habría declarado.
En paralelo, el Ministerio Público sostiene que el primer pago habría sido de 14 mil dólares, recibido a fines de 2023 y destinado a gastos de viajes. Un segundo desembolso, por 45 millones de pesos, se habría concretado en 2024 mediante una red de cheques, una casa de cambios y la intermediación de terceros, con el objetivo de ocultar el origen del dinero. Estos antecedentes quedaron consignados en una orden de detención de 148 páginas, que dio paso a allanamientos, incautaciones y formalizaciones por cohecho y lavado de activos.
En la acusación constitucional revisada por la Corte Suprema, se puso especial énfasis en las intervenciones indebidas en nombramientos de jueces y ministros. El segundo capítulo, centrado en estas injerencias, fue respaldado con una amplia mayoría, lo que reforzó la sanción final.
El lobby para la llegada a la Suprema
Según los antecedentes expuestos en la investigación, Vivanco habría contactado a Hermosilla en 2018 con el fin de solicitar apoyo para su llegada a la Corte Suprema, gestión que el abogado impulsó ante autoridades y parlamentarios. Tras su nombramiento, la relación habría derivado en un intercambio de favores.
Las conversaciones incautadas darían cuenta de que la exministra compartió con Hermosilla información vinculada a causas sensibles y coordinó intervenciones en nombramientos judiciales, lo que habría afectado la independencia judicial y la reserva de información del máximo tribunal.
La interna de la Tercera Sala: Presiones y roces con relatores
Por otro lado, el exministro, Sergio Muñoz declaró ante el fiscal Andreas Kusch el día 7 de enero, en el contexto de la denominada trama bielorrusa, que tiene como principal acusada a su excolega, la jurista Ángela Vivanco.
En el testimonio de 10 páginas revelado por La Tercera, Muñoz declaró con detalles cómo funcionaba la Corte Suprema, con énfasis en la Tercera Sala, el órgano que encabezó y que, por varios años, contó con la exministra Vivanco como segunda en antigüedad.
“El trabajo también es controlado por el presidente y por cada ministro redactor. En esta materia el relator señor Mella me puso en conocimiento que había tenido un fuerte intercambio de palabras con la ministra señora Vivanco en una oportunidad, dado que ella le preguntaba por un acuerdo específico y le solicitaba que le sacara el fallo a la brevedad, indicándome que había tenido algunos conceptos descomedidos en la respuesta que le había entregado a la señora ministra a lo cual ella se habría enojado. A lo anterior le expuse que no perseverara en esa conducta”, señaló Muñoz.
Muñoz explicó que, sin hacer referencia directa al episodio, solicitó a la sala establecer lineamientos sobre las atribuciones de cada ministro respecto de los acuerdos, precisando que la cuenta y la incorporación de causas a tabla eran responsabilidades exclusivas de la secretaría y de la presidencia del tribunal, y no de la sala, lo que derivó en la emisión del primer instructivo sobre esta materia.
Pero ese no fue el único acontecimiento narrado por Muñoz, ya que también agregó que:
“Posteriormente a mediados de febrero de 2024, pasé a saludar a la sala, pues había tenido un problema de salud y no me encontraba en funciones. En dicha ocasión la ministra Ravanales y el ministro Carroza me señalaron que habían existido diferentes inconvenientes en algunos procedimientos por lo cual me requerían para tomar algunas determinaciones, ya que se afectaba el trabajo de los relatores. Los relatores en esta oportunidad no hablaron directamente conmigo, sin perjuicio de lo anterior llevé el asunto al conocimiento de la sala, y se extremaron las instrucciones elaborándose un nuevo reglamento en relación con las materias que he aludido”.
Asimismo, en su declaración, Muñoz reveló un fuerte cruce con el ministro Jean Pierre Matus, episodio que expone el clima interno en el pleno de la Corte Suprema y la existencia de advertencias implícitas entre sus miembros. Señaló que el incidente quedó registrado en audios del tribunal pleno y ocurrió cuando planteó la apertura de un expediente por los mensajes del abogado Luis Hermosilla, en los que ya se aludía públicamente a Matus, provocando una reacción directa del ministro.
“Ten cuidado, porque al próximo que se le abrirá expediente en la Comisión de Ética serás tú, porque los abogados de Fundamenta hace rato que te andan buscando”., fueron las declaraciones de Matus según Muñoz.
El exministro también declaró sobre otros episodios que revelaban los conflictos que generaba Vivanco en el máximo tribunal:
“Como advertencia de alguna irregularidad sí debo señalar que manifestaron su preocupación general en alguna oportunidad en relación a la señora Vivanco, por su exceso de protagonismo, las ministras señora Chevesich y Andrea Muñoz, pero fue de forma genérica. Más concretamente fue el comentario de la ministra señora Ravanales y el señor Carroza quienes me dijeron que el ministro Señor Matus había dicho que se iba de la sala porque Ángela iba a terminar metiéndonos en un problema”.
Finalmente, Muñoz declaró ante la Fiscalía que, durante el tiempo en que integró la Corte Suprema, nunca tuvo conocimiento directo de maniobras ilícitas ni de la entrega de servicios o beneficios económicos a ministros del tribunal. No obstante, aclaró que sus dichos corresponden únicamente a apreciaciones personales, sin antecedentes concretos, y que no buscan constituir imputaciones contra personas específicas.
Ofensiva de la Fiscalía: Petición de prisión preventiva y medidas cautelares
La Fiscalía Regional de Los Lagos, ha sido tajante: solicitó la Prisión Preventiva para Ángela Vivanco, bajo el argumento de que su libertad es un “peligro para la seguridad de la sociedad” y para el éxito de la investigación.
La fiscalía enfatizó que Vivanco es la “protagonista” de una red de corrupción judicial y que los delitos son gravísimos al haber sido cometidos por una ministra de la Corte Suprema.
En caso de decretarse la prisión preventiva, Ángela Vivanco cumpliría la medida en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín. De hecho, la imputada ya ha pasado las últimas noches en dicho recinto penitenciario, en calidad de “tránsito”, mientras se desarrolla la audiencia de formalización y discusión de cautelares.
Paralelamente, los querellantes en la causa —entre ellos Codelco— solicitaron que se aplique la Ley de Delitos Económicos, lo que podría endurecer significativamente las eventuales sanciones en caso de una condena, considerando el carácter estructural y la magnitud de los
Plazos proyectados: Hacia una investigación de largo aliento
Dado que la audiencia de formalización aún se encuentra en desarrollo, el plazo exacto de investigación será determinado una vez finalizada la sesión. Hasta ahora el Ministerio Público no ha dado a conocer el tiempo que solicitará para la indagatoria.
La extensión de la audiencia se explica, en parte, por la solicitud de la defensa de Ángela Vivanco, que pidió más tiempo para revisar la carpeta investigativa, la que calificó como voluminosa y de alta complejidad.
Este jueves 29 de enero se retomara la audiencia, instancia en la que la defensa presentará sus réplicas con el objetivo de evitar que se decrete la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
