A casi 600 días del fallecimiento de Franco Vargas, conscripto de 19 años que murió mientras realizaba su servicio militar en Putre, el Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para 4 de los 5 exfuncionarios del Ejército imputados por apremios ilegítimos en el marco del caso.
La decisión se adoptó tras una audiencia de formalización que se extendió por dos jornadas, en la que intervino el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En la instancia, el Ministerio Público detalló los hechos que derivaron en la muerte del joven y en las lesiones sufridas por otros conscriptos.
El jefe de la Unidad de Protección de Derechos (UPD) del INDH, Sebastián Cabezas, valoró los términos en que el Ministerio Público presentó los cargos: «Desde el primer momento el INDH ha indicado que los jóvenes conscriptos fueron víctimas precisamente por parte de funcionarios públicos que eran responsables de proteger su integridad física y psíquica. Estamos convencidos de que la instrucción en las Fuerzas Armadas debe necesariamente ser respetuosa con los derechos humanos de las personas».
Les daban agua en mal estado
El INDH ha sido parte de este proceso desde un comienzo. La institución fue la que interpuso la primera querella por apremios ilegítimos el 8 de mayo de 2024.
Posteriormente, el 13 de mayo, el INDH presentó la segunda querella, en este caso por la muerte de Franco Vargas y, a continuación, abogó porque el caso fuera investigado en los tribunales civiles, por tratarse de violaciones a los derechos humanos.
«Esta argumentación fue acogida por la Corte Suprema, que el 25 de junio del mismo año instauró un verdadero hito judicial al interpretar de manera restrictiva los casos que pueden ver los tribunales militares», destacaron desde el organismo de DDHH.
De acuerdo con lo señalado en la audiencia por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, los conscriptos debieron enfrentar malos tratos físicos y psicológicos, consumir agua en mal estado, habitar espacios con fecas de roedores y dormir en condiciones de hacinamiento.
Recordemos que, junto con la muerte de Franco Vargas, otros seis jóvenes resultaron con lesiones de gravedad.
Los hechos
De acuerdo a lo planteado en la audiencia, durante la marcha del 27 de abril de 2024, el joven sufrió al menos tres desmayos. La atención que recibió posteriormente fue cuestionada incluso por personal de salud y otros funcionarios del Ejército, antecedentes que se consignaron en la reconstitución de escena presentada ante el tribunal.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sostuvo que los imputados —dados de baja tras el fallecimiento de Vargas— incurrieron en múltiples acciones u omisiones durante una marcha iniciada desde un cuartel ubicado en la zona de Putre, las cuales contribuyeron a los delitos de apremios ilegítimos antes mencionados.
«Así, la jueza Macarena Calas ordenó prisión preventiva para cuatro de los cinco funcionarios: al excomandante C.P.G.P. por apremios ilegítimos con resultado de homicidio y lesiones graves gravísimas; al exteniente B.D.W.A. por apremios ilegítimos; al exteniente B.A.T.J. por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas; y al exenfermero militar M.I.Z.G. por apremios ilegítimos, con resultado de homicidio y lesiones graves gravísimas. En tanto, al excapitán M.J.F.G. se le impuso arresto domiciliario total», informaron desde el INDH.
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