Libelo contra ministros del máximo tribunal fue firmado por 10 parlamentarios

Fracasa la maniobra de la UDI para inhabilitar a Carmen Hertz de acusación constitucional contra jueces de la Suprema

Secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, indicó en un documento que sólo el acusado puede impugnar la acusación por incumplir los requisitos que la Constitución exige. Asimismo, se subraya que la mesa de la Cámara carece de facultades para declarar la nulidad de la acusación deducida contra los tres ministros de la Corte Suprema.

Un informe de la Secretaría de la Cámara de Diputados recomendó a la mesa de la corporación presidida por Maya Fernández que «no se pronuncie» sobre la impugnación de la UDI a la diputada Carmen Hertz (PC) como firmante de la acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema, clausurando de esta forma las intenciones del gremialismo por bajar a la abogada del proceso.

En el documento, firmado por el secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, se indicó que sólo el acusado puede impugnar la acusación por incumplir los requisitos que la Constitución exige. Asimismo, se subraya que la mesa de la Cámara carece de facultades para declarar la nulidad de la acusación deducida contra los tres ministros de la Corte Suprema.

Además, se señaló que un órgano de naturaleza política, como la mesa de la Cámara, no debe contar con atribuciones que eventualmente puedan vulnerar los derechos que la Constitución le confiere a los diputados, añadiendo que en el conocimiento de una eventual infracción a lo dispuesto en el artículo 346 de reglamento -como acusan en la UDI-, eso sería de competencia de la Comisión de Ética.

Finalmente, se ratifica «el convencimiento» de que tal asunto, de ser parte de la denominada como «cuestión previa», o sea, si la defensa de los jueces hacen suyo el argumento de la UDI de que no debería estar la firma de la diputada comunista, ello sí debe ser resuelto por el pleno de la Cámara.

Recordemos que la acusación constitucional, de la cual Hertz es vocera, fue firmada por 10 parlamentarios en contra de tres jueces -Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama- por «notable abandono de deberes» al entregar libertades condicionales a varios condenados por delitos de lesa humanidad.

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