Por Diego Farfán Valdebenito
En las frías noches del verano de 1816, en Villa Diodati junto al lago Lemán, Mary Shelley concibió una de las alegorías más potentes sobre la ambición desmedida. Víctor Frankenstein, obsesionado por conquistar los secretos de la vida, ensambla un ser que escapa rápidamente a su control. La criatura, abandonada y rechazada, se convierte en una fuerza destructiva que termina consumiendo a quien le dio existencia, destruyendo todo lo que ama hasta dejarlo morir en una persecución obsesiva por el Ártico.
Esta metáfora cobra una vigencia inquietante al observar el panorama político chileno. El gobierno de Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo de 2022 con las más altas expectativas de transformación social, ha devenido paradójicamente en el creador involuntario de su némesis: la figura de José Antonio Kast.
El prometeo progresista
Boric llegó al poder capitalizando el estallido social del 18 de octubre de 2019. Su coalición, Apruebo Dignidad, no prometía reformas graduales sino una ruptura radical: ser «la tumba del neoliberalismo» y refundar Chile desde sus cimientos institucionales.
El primer despliegue fue el plan «Chile Apoya», anunciado en abril de 2022, movilizando recursos por US$3.726 millones en 21 medidas post-pandemia. Pero el engranaje comenzó a crujir tempranamente. El 8 de marzo de 2023, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria con apenas 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Este revés no era menor, la reforma buscaba recaudar 3,6% del PIB (aproximadamente US $10.000 millones en cuatro años) para financiar las reformas sociales prometidas, incluyendo la Pensión Garantizada Universal y mejoras sustanciales en salud y educación.
El proyecto contemplaba un impuesto al patrimonio para residentes o domiciliados en Chile cuyos activos superaran los US $4,9 millones, una medida que generó fuerte resistencia no solo en la oposición, sino también en sectores independientes que veían amenazadas la inversión y la clase media. El fracaso de esta «madre de todas las reformas» dejó al gobierno sin músculo financiero para su agenda transformadora.
El doble rechazo
El 4 de septiembre de 2022, el 61,86% de los chilenos rechazó la propuesta constitucional progresista, considerada «demasiado de izquierda». Apenas 15 meses después, el 55,76% rechazó la segunda propuesta conservadora, vista como «demasiado de derecha». Dos procesos constituyentes, dos rechazos masivos, dos extremos ideológicos descartados por una ciudadanía que osciló entre polos opuestos sin encontrar un punto de equilibrio.
El doble rechazo reveló algo más profundo que una disputa ideológica, paradójicamente, al rechazar tanto una Constitución progresista como una conservadora, los chilenos legitimaron de facto la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El oro blanco y el fantasma
Ningún tema expuso mejor las contradicciones entre retórica y acción que la política del litio. Durante la campaña, Boric criticó duramente las licitaciones del gobierno saliente, prometiendo crear una Empresa Nacional del Litio que recuperara el control estatal sobre este recurso estratégico, impidiendo que empresas privadas siguieran enriqueciéndose con el «oro blanco» chileno.
La realidad contó otra historia. En mayo de 2024, el Gobierno firmó un acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060.
Según el Servicio de Impuestos Internos, SQM adeuda al Fisco más de US$745 millones por royalty minero entre 2020 y 2022, argumentando que el litio no es un mineral concesible y por tanto no debe pagar ese impuesto. Mientras Albemarle, la otra gran empresa que explota litio en Chile, sí paga ese tributo, SQM ha desplegado una estrategia de litigio continuo; cada año deposita el monto exigido por el SII, pero inmediatamente lo demanda de vuelta, en una maniobra que le permite evitar el pago de intereses si finalmente pierde el juicio.
Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó en mayo de 2025 que el Estado, al evitar una licitación pública y negociar directamente con SQM, perdía como mínimo US$6.700 millones. El informe recomendó que se exigiera a SQM «desistir de las acciones que actualmente tiene en contra del Fisco» como requisito para participar en el acuerdo con Codelco.
El gobierno progresista, que prometía terminar con los privilegios de la élite económica heredera de la dictadura, terminó consolidando por 35 años más el negocio del exyerno de Pinochet. El diputado Miguel Ángel Calisto fue directo: «Evidentemente algo huele mal. Se trata de un acuerdo que se firma entre gallos y medianoche, sin transparencia».
El subterráneo
El 28 de septiembre de 2024, a las 02:07 horas, Hugo Morales Lobos, gasfitero de 63 años, sufrió un ataque cardíaco mortal mientras reparaba un lavamanos en el subterráneo de La Moneda.
Morales había ingresado a trabajar el día anterior a las 8:17 de la mañana, acumulando 18 horas continuas de labor antes de su deceso. Durante septiembre había acumulado 28 horas extras, pero en meses anteriores había superado las 50 horas extraordinarias. Había algo de disonancia. ¿Cómo un gobierno que estaba trabajando, negociando e impulsado la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales (bandera de su programa) permitía que sus propios funcionarios trabajaran en condiciones extenuantes?
La Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia denunció que «Don Hugo Morales, al igual que muchos otros funcionarios, desempeñaba su labor en jornadas laborales excesivas, sin el descanso adecuado, y sin la debida coordinación ni el personal suficiente». Las investigaciones posteriores revelaron un patrón sistemático de sobrecarga laboral y denuncias de maltrato que habían quedado archivadas sin resolución.
El escándalo Monsalve
Si la muerte de Hugo Morales reveló las contradicciones laborales, el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve expuso las fallas institucionales. El 22 de septiembre de 2024, una funcionaria denunció haber perdido la conciencia tras cenar con Monsalve, despertando en la habitación del hotel de él sin recordar cómo había llegado.
Lo más grave fueron las revelaciones sobre el uso del aparato estatal. Monsalve había convocado el 10 de octubre a la jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, a La Moneda, manifestándole que se sentía amenazado y solicitando diligencias que la fiscalía luego calificó como posible obstrucción a la investigación.
La casa de Allende
Quizá ningún episodio condensó mejor las contradicciones que el caso de la senadora Isabel Allende Bussi. A fines de 2024, el Gobierno anunció la compra por cerca de un millón de dólares de la casa familiar de Salvador Allende para convertirla en museo. La operación implicaba contratos con la senadora y su sobrina Maya Fernández, entonces ministra de Defensa, ambas constitucionalmente impedidas de celebrar contratos con el Estado.
El 3 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional acordó por amplia mayoría destituir a la senadora Allende, poniendo fin a una carrera parlamentaria de 30 años. Las renuncias cayeron en cascada, las ministras Marcela Sandoval y Maya Fernández dejaron sus cargos. El mismo presidente Boric fue formalizado como imputado por presunto fraude al Fisco.
El senador Fidel Espinoza fue lapidario: «En su idea de convertirse en el segundo Salvador Allende, ha cometido puros errores garrafales que han terminado mancillando el legado de Salvador Allende».
Para un gobierno que se proclamaba heredero del allendismo, ver destituida a la hija del expresidente por un negocio que buscaba honrar su memoria constituía una ironía devastadora. La buena intención había mutado en un escándalo que manchaba precisamente aquello que pretendía celebrar.
La parábola completa
Al igual que Víctor Frankenstein creó inadvertidamente un ser que se volvería contra él, el gobierno de Boric, a través de sus errores y contradicciones, ha fortalecido aquello que más teme…. una derecha encarnada por José Antonio Kast.
Cada tropiezo alimenta la narrativa de Kast sobre la incompetencia del Gobierno, al cual acusa constantemente. Cada promesa incumplida nutre el descontento que el Partido Republicano canaliza con eficacia electoral.
La tragedia reside en que este «monstruo» no surgió de la nada. Es, en gran medida, producto de las expectativas no cumplidas, de la brecha entre retórica y acción, de la incapacidad del progresismo chileno para gestionar el poder con la misma convicción con que lo conquistó.
De manera similar al relato de Mary Shelley, el ascenso de la ultraderecha en Chile es también —y quizá principalmente- una respuesta a los fracasos del gobierno en el poder. Cuando las expectativas de transformación se encuentran con la inmadurez política y las contradicciones estructurales, se abre un vacío que las fuerzas conservadoras llenan.
Como en la novela gótica, el creador y su criatura terminan unidos en una danza mortal, persiguiéndose mutuamente hacia un destino compartido. Y en ese abrazo final sobre el hielo ártico de la política chilena, ambos podrían perecer juntos.
Por Diego Farfán Valdebenito
Administrador público.
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